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La maniobra suele comenzar en aplicaciones de citas, donde perfiles falsos establecen contacto y generan confianza. Luego aparece una acusación grave —como el supuesto intercambio de imágenes con un menor— y finalmente el llamado del “policía” que ofrece una salida: pagar dinero para frenar una causa inexistente.
“Si cortás, vamos a tu casa”, se escucha en el audio. La presión incluye amenazas sobre exponer la situación ante familiares y la promesa de “ayudar” a resolver el problema sin intervención judicial. Todo forma parte de un guion previamente ensayado.
Especialistas en ciberdelito y fuentes judiciales advierten desde hace tiempo que estas organizaciones funcionan como verdaderos centros de operaciones dentro de penales bonaerenses, utilizando teléfonos celulares para cometer delitos a distancia. Cada integrante cumple un rol específico: quien capta a la víctima, quien formula la acusación y quien coordina el cobro.
El caso recuerda investigaciones anteriores que revelaron estructuras similares operando desde cárceles y extorsionando a personas en todo el país. Entre los antecedentes más conmocionantes se encuentra el del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien atravesó una secuencia de amenazas bajo esta modalidad antes de quitarse la vida mientras prestaba servicio en la Quinta de Olivos.
Los investigadores insisten en una advertencia clave: ninguna comisaría exige dinero para frenar una causa ni resuelve delitos por teléfono. Tampoco se ordenan detenciones sin intervención judicial formal.
El problema, subrayan, es que el engaño no busca convencer desde la lógica, sino paralizar a la víctima a través del miedo.
