Lo ocurrido el 27 de noviembre por la madrugada, cuando la expareja de la joven asesinada irrumpió en la casa, la secuestró y la golpeó, fue muy grave, pero no hubo una evaluación de riesgo que lo mensurara.
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Lo que debió existir entre la violencia inicial de la víctima, el 28 de noviembre, y el desenlace fatal, fueron políticas públicas como las que fueron desmanteladas por el gobierno nacional.
Prevenir los femicidios, una deuda pendiente
En la provincia de Santa Fe, el 7 de enero pasado, se anunció la incorporación de tobilleras electrónicas para monitorear el cumplimiento de las prohibiciones de acercamiento, con un lote inicial de entre 200 y 300 dispositivos.
Sin embargo, nadie había dispuesto que Jonathan O. debía tener una tobillera electrónica.
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Femicidios como el de Ailén Oggero no logran evitarse sólo con una prohibición de acercamiento.
El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, aseguró que el dispositivo avisaría automáticamente a las autoridades si un agresor viola el radio de restricción, que debería ser de “no menos de 700 u 800 metros”.
Para eso, también debe existir una coordinación aceitada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial para trabajar las denuncias por violencia machista.
La prohibición de acercamiento es una medida cautelar que dicta el juez de Familia (antes Tribunales Colegiados, hoy juzgados unipersonales) ante una denuncia de violencia machista. El denunciado es notificado por una orden policial de que no puede acercarse a la víctima.
Los límites de la Justicia
“El Poder Judicial trabaja en la situación de emergencia. Es decir, te prohíbo acercarte, te excluyo del hogar, te aplico un cese de hostigamiento para que no sigas jodiendo con el tema de las redes sociales”, explica el camarista de Rosario, Marcelo Molina, sobre las distintas medidas que se aplican: exclusión de hogar cuando se trata de convivientes, cese de hostigamiento, cuando hay comunicaciones indeseadas, generalmente por redes sociales, prohibición de acercamiento cuando la expareja pone en riesgo la integridad de la denunciante.
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“El tratamiento de la situación de violencia de género o de situación de violencia familiar ya no lo hace el Poder Judicial. Y es ahí donde quizás haya un déficit en eso, porque en algunos casos se ven reiteraciones de la situación de violencia. Ese tratamiento nosotros no lo hacemos, lo tiene que hacer o el Poder Ejecutivo, o una organización no gubernamental”, sigue el magistrado.
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El año pasado registraron 283 femicidios, 8 trans-travesticidios y 3 lesbicidios. En 45 casos había una denuncia previa de las víctimas y en 13 se habían dictado medidas cautelares.
Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro lleva una estadística nacional desde 2008. El año pasado registraron 283 femicidios, 8 trans-travesticidios y 3 lesbicidios. En 45 casos había una denuncia previa de las víctimas y en 13 se habían dictado medidas cautelares.
En la provincia de Santa Fe, la jurisdicción judicial está dividida por regiones. En los Tribunales de Rosario, la justicia de Familia dictó 7.363 medidas cautelares en todo 2024, con un promedio de 669 mensuales. En diciembre fueron 748.
“No veo un aumento de estas medidas, aunque sí se produjo con el paso de los años, porque la mitad del trabajo que hace un juzgado de familia es por violencia familiar, cuando hace 30 años, era el 30%”, dice Molina.
“No cuento con un estudio sociológico para decir si existe mayor violencia, pero la realidad también pasa porque ha habido un trabajo de empoderamiento de la mujer, especialmente de concientización de quienes están cercanos a la persona violentada. Esa situación ya no se tolera, se denuncia”, considera.
Cuando se trata de violencia de género, la justicia de familia primero dicta la cautelar y luego, si existe denuncia penal (por ejemplo, por amenaza o por lesiones), el Ministerio Público de la Acusación debe imputar al agresor.
Las políticas públicas que faltan
Las últimas estadísticas publicadas datan de 2022. Ese año hubo 8.410 legajos por violencia familiar-doméstica (así están catalogados) en la Fiscalía Regional 1 (que pertenece a Santa Fe), de los cuales 410 responden a “incumplimientos de mandatos legales”, como las prohibiciones de acercamiento.
En la Fiscalía Regional 2, en el mismo período, se da una particularidad: hubo 14.330 legajos iniciados, aunque el número que proviene de los incumplimientos fue inusualmente bajo, 77.
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El foco está puesto en las políticas públicas: la justicia dicta la medida pero no tiene el poder de policía para hacer que se cumpla. Una medición de riesgo implica, por ejemplo, que se defina la colocación de la tobillera electrónica.
El 27 de diciembre del año pasado, el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira dictó una cautelar, a pedido de organizaciones de la sociedad civil como Ni Una Menos y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
El magistrado ordenó frenar el vaciamiento de los programas, sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas y no despedir personal, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Otro juez, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria para desestimar esa medida, tras una respuesta del Poder Ejecutivo que negaba el evidente desmantelamiento de los programas, entre los que se encuentra el teléfono 144.
Entre tanto, hay vidas concretas en riesgo, como la de Ailén, que era extraccionista de sangre en el hospital Centenario y había denunciado, había confiado en el sistema judicial. Su agresor fue imputado dos días después del femicidio.
