De juzgar "malas madres" a ignorar la violencia laboral: las claves detrás de la posible destitución del juez de Santa Fe Fabio Della Siega
La instancia de enjuiciamiento a la que es sometido el juez de Familia de la 5ta Nominación de la ciudad de Santa Fe, Fabio Della Siega, está llegando a su fin. Esta semana se realizó la audiencia de vista de causa en la que la parte acusadora y la defensa expusieron sus argumentos.
La audiencia se realizó en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El proceso de enjuiciamiento contra el juez de Familia de la ciudad deSanta Fe, Fabio Della Siega, entró en su etapa final. Esta semana, en la Corte Suprema de Justicia, se realizó la audiencia de vista de causa de dicho proceso ante el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por ministros de la Corte Suprema provincial, representantes del Poder Legislativo y de los Colegios de Abogados.
La acusación estuvo a cargo del Procurador General, Dr. Jorge Barraguirre, quien pidió que el magistrado fuera destituido, por "gravísimos errores" e "ignorancia manifiesta del derecho".
La defensa en tanto fue ejercida por los abogados Marcelo Parachú Marcó, Esteban Romero y Nahuel Cassini, quienes argumentaron que las fallas señaladas se deben a un contexto estructural de crisis en el fuero de familia.
Della Siega fue suspendido de sus funciones en forma provisoria y hasta tanto dure el proceso. En los próximos días se conocerá la decisión del Triubunal.
Por qué se pidió la destitución del juez de familia de Santa Fe
Barraguirre expuso "inaceptables violaciones de derechos fundamentales" y aclaró que "no se oponen reparos a si el juez tenía que otorgar o modificar un régimen de cuidado personal o un régimen de alimentos", sino que aclaró que "el problema es cómo lo hizo y a través de qué seguridades o bajo qué ley o lenguaje empleado".
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Uno de los cargos más graves que fue expuesto en la audiencia fue la insensibilidad hacia el derecho de género. Según se indicó "se detectó el uso de estereotipos en las sentencias, donde el juez realizaba juicios de valor sobre la conducta de las madres (calificándolas de "buenas" o "malas") en lugar de aplicar las consecuencias procesales correspondientes".
Además, se le reprochó haber fijado audiencias conciliatorias en expedientes donde existían denuncias previas y reiteradas de violencia de género, exponiendo a las víctimas a sus agresores en contra de los estándares internacionales de protección.
Entre los casos citados, se encuentran:
Revinculación familiar: Pedidos de contacto de madres con sus hijos que permanecieron sin resolver durante más de tres años.
Alimentos: Demoras irrazonables de hasta 15 meses en procesos de cuota alimentaria y libramiento de pagos, afectando derechos patrimoniales básicos.
Cuidado personal: Decisiones de cambio de custodia de menores tomadas sin audiencia previa, sin oír a los adolescentes involucrados y sin realizar indagaciones fácticas suficientes o registros adecuados.
En otro orden, Barraguirre acusó a Della Siega de la "delegación indebida de funciones". Según se expuso ante el Tribunal, el juez delegaba de forma sistemática la elaboración de sentencias —incluso las más complejas y controversiales— a secretarios y empleados.
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De acuerdo a testimonios de agentes judiciales, el magistrado solía utilizar frases irónicas como "estudiá el tema y hacelo vos, que seguro te sale más lindo" para evitar redactar sus propios fallos. Se estima que, en un período de siete años, un solo secretario habría elaborado aproximadamente 310 resoluciones de fondo por indicación del magistrado.
Otro de los puntos expuestos fue la violencia laboral e indiferencia ante el maltrato. Barraguirre sostuvo que el juez hizo un "abandono de la conducción del órgano" al desentenderse del clima de violencia interna en su juzgado.
Múltiples testimonios relataron situaciones de maltrato verbal y psicológico que el magistrado ignoró, las que fueron constatadas por la Corte y a partir de las cuales fue suspendido un secretario del Tribunal ante esta evidencia de haber generado un clima hostil en el lugar de trabajo.
El hecho más simbólico citado por la Procuración ocurrió cuando una empleada le comunicó, entre lágrimas, que sufría violencia verbal por parte de sus superiores; la respuesta del Dr. Della Siega fue: "No veo ninguna piña ni ningún moretón, así que acá no pasó nada", tras lo cual se retiró del lugar.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa del magistrado argumentó que las fallas señaladas se deben a un contexto estructural de crisis en el fuero de familia, marcado por la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos humanos y la carencia de equipos interdisciplinarios.
Sostuvieron que el juez intervino activamente en los conflictos y que las demoras son propias de las dificultades del sistema judicial, por lo que solicitaron su absolución y reintegro al cargo.
Para la Procuración, sin embargo, estas falencias estructurales no justifican los "gravísimos errores" ni la "ignorancia manifiesta del derecho" demostrada, concluyendo que la conducta del juez ha deteriorado la confianza pública en el Poder Judicial.
El papel de una ONG de Santa Fe
En marzo de 2023, integrantes de la Asociación Red Viva Litoral denunciaron a los jueces de familia Liliana Michelassi y Fabio Della Siega, de la ciudad de Santa Fe, por “violación de derechos de mujeres, niños y niñas”.
Oportunamente, fueron escuchadas por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputadas y Diputados y luego por el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre. De esa fecha a esta parte, la jueza Michelassi se acogió a la jubilación, ya que estaba en edad para hacerlo, y la causa de Della Siega siguió su curso.
Desde la ONG denunciaron que durante distintos procesos judiciales a cargo de Michelassi y Della Siega, “el comportamiento y la vida privada de las madres pasaron a ser un tema de especial atención, provocando la construcción de una imagen de "mala madre" generadora o merecedora del arrancamiento de su hijo, desviando el foco de las demandas e investigaciones de origen penal".
Estas denuncias fueron canalizadas por la Procuración General y, en los próximos días, el Tribunal de Enjuiciamiento dará a conocer su decisión.
