La génesis del conflicto: una acordada de la Corte Suprema de Justicia
El 24 de febrero de 2026, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, y los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weder, firmaron una “acordada” en la que respondieron a consultas del MPA y el MPD sobre el uso de espacios del nuevo edificio.
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En el documento, el Tribunal Superior aclaró que en la nueva sede, sita entre calles General López, 3 de Febrero y 9 de Julio de la Ciudad de Santa Fe, se concentrarían “la totalidad de la jurisdicción del Poder Judicial de la sede -hoy desperdigada en diferentes puntos geográficos del ejido urbano-”.
“El Anexo de este Palacio brindará respuestas concretas para el Poder Judicial como ser la optimización en el uso de los recursos con que cuenta este Tribunal, al punto que se verá liberado de efectuar importantes erogaciones para el arrendamiento de bienes inmuebles como ocurre en la actualidad”, agregaron en relación al alquiler de inmuebles que costea actualmente el Poder Judicial en la capital provincial.
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Apertura año judicial Santa Fe 2026 Corte Suprema (9)
Los integrantes de la Corte Suprema junto al gobernador, Maximiliano Pullaro, en ocasión del discurso de Rafael Gutiérrez como presidente del superior tribunal, en el marco de la Apertura del Año Judicial 2026.
Sin embargo, en los últimos párrafos apareció la definición que desató el conflicto: “esta Corte considera oportuno efectuar las re-adecuaciones edilicias de este Poder (...); para luego, y una vez materializados los mismos, evaluar la posibilidad de poder poner a disposición del Ministerio Público los espacios que existieran, y en tanto no sean necesarios en el futuro para este poder del Estado”. En síntesis, los integrantes de la Corte Suprema informaron que el Ministerio Público sólo podría ocupar espacios en el nuevo edificio si, después de la readecuación edilicia, sobraban lugares.
El incesante reclamo del Ministerio Público: "Ese edificio tiene una parte que nos pertenece"
Apenas una semana después de esa resolución, tanto Vranicich como Moreno Robinson presentaron un "recurso de revocatoria" contra la determinación que había tomado la propia Corte. El reclamo de ambas funcionarias se argumentó bajo la Disposición Transitoria 16 de la reformada Constitución Provincial, que regula la asignación de inmuebles ya previstos para el Ministerio Público. Ese apartado dice, además, que no puede haber cambios en ese sentido sin conformidad del MPA y el MPD.
Ese último punto fue otro de los ejes del malestar en el seno de los organismos extrapoder. “La Corte no nos consultó en ningún momento antes de tomar esta decisión”, aseguraron las autoridades de ambas instituciones santafesinas. Y agregaron en unísono: “Ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa desde la génesis”.
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Luego de varios días de acusaciones cruzadas, intervino de lleno en la disputa el Poder Legislativo. Sobre finales de marzo, el Senado aprobó un proyecto de comunicación que insta a la Corte Suprema de Justicia, al MPA y al MPD a encauzar el conflicto mediante mecanismos de "coordinación institucional".
En tanto, la Cámara de Diputadas y Diputadas tiene en agenda un proyecto de similares características, que lleva la firma de legisladores socialistas y radicales. “Este proyecto procura expresar desde esta Cámara la conveniencia de que las decisiones de organización se adopten atendiendo al sentido original de la obra”, reza la iniciativa.
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Embed - Continúa la pelea entre la Corte Suprema y el Ministerio Público por el nuevo edificio de Tribunales
En ese marco, durante el último mes el Ministerio Público envió dos misivas dirigidas a la Corte Suprema. La primera fue una nota en la que instan a los integrantes del máximo tribunal a reunirse en una mesa de diálogo, remitida el 3 de abril.
Asimismo, ante lo que entienden como “falta de respuesta de la Corte”, la semana pasada tanto el MPA como el MPD expidieron una acción administrativa para que las máximas autoridades del Poder Judicial resuelvan el “recurso de revocatoria” presentado a principios de marzo.
Férrea postura del Poder Judicial: “Si hay lugar, compartimos”
Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no se movió un ápice de aquella decisión tomada el 24 de febrero. “El edificio es del Poder Judicial”, afirmó al respecto el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, cuándo abrió el Año Judicial 2026. Allí argumentó que, tras la reforma constitucional, el Ministerio Público no integra ese poder del Estado.
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Semanas después, en ocasión de las XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes, el titular del máximo tribunal insistió en que “la Corte Suprema ya se expidió sobre eso y dijo que sobre ese espacio tiene prioridad el Poder Judicial”.
Además, planteó que ya existe una planificación institucional definida: “Nosotros dijimos que vamos a dar prioridad al Poder Judicial para centralizar todas las dependencias en el nuevo edificio y en el edificio de Tucumán y Urquiza”.
Un conflicto abierto con proyección nacional
A dos meses de aquella resolución, el conflicto permanece abierto y sin señales concretas de resolución en el ámbito local. Mientras la Corte Suprema de Justicia sostiene su postura y los Ministerios Públicos mantienen sus reclamos, la disputa continúa sumando capítulos institucionales.
En ese contexto, las titulares del MPA y el MPD, no descartan avanzar con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que no se alcance una solución en la órbita provincial.
