El Senado dio media sanción a la nueva ley orgánica de municipios y el proyecto pasó a Diputados
El Senado de Santa Fe dio media sanción a la nueva ley orgánica de municipios y el proyecto pasó a Diputados.
En la sesión de este jueves, el Senado de Santa Fe dio media sanción a la nueva ley orgánica de municipios, cuyos principales cambios institucionales están vinculados a la reforma constitucional.
En la sesión de este jueves, el Senado de Santa Fe dio media sanción a la nueva ley orgánica de municipios, cuyos principales cambios institucionales están vinculados a la reforma constitucional sancionada en 2025. Tras la sanción en la Cámara Alta, el proyecto pasó a Diputados donde se aprobó el tratamiento con preferencia para el 9 de abril.
El proyecto – Mensaje enviado por el Ejecutivo en diciembre pasado- contó con los votos tanto del oficialismo como de la oposición y tuvo diversas instancias de debate debido a la complejidad de las modificaciones impulsadas como la autonomía municipal, los recursos, las cartas orgánicas de los municipios y la conformación de los Concejos.
El Senado dio media sanción a la nueva ley orgánica de municipios y el proyecto pasó a Diputados
concejo de santa fe
El proyecto – Mensaje enviado por el Ejecutivo en diciembre pasado- tuvo diversas instancias de debate debido a la complejidad de las modificaciones impulsadas como la autonomía municipal, los recursos, las cartas orgánicas de los municipios y la conformación de los Concejos.
El tratamiento del Mensaje se vio demorado, principalmente, por dos cuestiones: diferencias dentro de Unidos respecto al cargo de vice intendente; y el tema económico, ante la incertidumbre sobre el rumbo económico a nivel nacional.
Autonomía municipal como eje central
Uno de los pilares del proyecto es el reconocimiento expreso del municipio como una entidad política autónoma, con autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. En ese marco, se redefine el concepto de municipio como todo núcleo de población con vida propia que se gobierna bajo un sistema democrático, representativo y republicano.
Los municipios que superen los 10.000 habitantes quedan habilitados a convocar a una Convención Municipal para sancionar su Carta Orgánica, lo que les permitirá definir su estructura de gobierno, sus órganos de control y sus mecanismos de participación ciudadana. Aquellos que no lo hagan continuarán rigiéndose por la nueva ley.
Clasificación por cantidad de habitantes
El proyecto introduce una clasificación de los municipios según su población, lo que impacta directamente en su organización institucional. Esta segmentación determina el número de concejales, los topes salariales de las autoridades, los requisitos para activar mecanismos de democracia directa y los límites al endeudamiento.
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El tratamiento del Mensaje se vio demorado, principalmente, por dos cuestiones: diferencias dentro de Unidos respecto al cargo de vice intendente; y el tema económico, ante la incertidumbre sobre el rumbo económico a nivel nacional.
Desde el Ejecutivo se argumenta que esta diferenciación busca evitar esquemas uniformes que no contemplan las profundas desigualdades territoriales, demográficas y económicas existentes entre las distintas localidades de la provincia.
Régimen político e institucional
La iniciativa establece que intendentes y concejales tendrán mandatos de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. Además, dispone que las elecciones municipales se realicen en forma conjunta con las provinciales.
En cuanto al funcionamiento institucional, se fortalecen las atribuciones de los Concejos Municipales, que amplían su rol de control sobre el Departamento Ejecutivo. Entre otras facultades, se les asigna la aprobación del presupuesto y de la cuenta de inversión, la autorización de endeudamiento, el control de concesiones y contratos, y la convocatoria a audiencias públicas.
Administración pública y transparencia
El proyecto incorpora principios de gestión moderna en la administración municipal. Establece el ingreso por concurso a la planta permanente, la estabilidad sujeta a evaluaciones de desempeño, la capacitación continua y un régimen claro de incompatibilidades.
También se fijan obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y publicidad de los actos de gobierno, junto con la creación de sistemas de control interno y normas de ética pública.
Régimen económico y financiero
Otro de los capítulos centrales del proyecto es el régimen económico y financiero municipal. Allí se define la composición del tesoro municipal, integrado por recursos propios, coparticipación, transferencias, créditos y otros ingresos.
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El proyecto introduce una clasificación de los municipios según su población, lo que impacta directamente en su organización institucional. Esta segmentación determina el número de concejales, los topes salariales de las autoridades, los requisitos para activar mecanismos de democracia directa y los límites al endeudamiento.
En materia de endeudamiento, se fija un límite máximo: los servicios de la deuda no podrán comprometer más del 25% de los recursos anuales del municipio. Además, se establecen distintos niveles de autorización según el monto y el tipo de crédito, reforzando los mecanismos de control legislativo.
El texto también consagra principios tributarios como la legalidad, la equidad y la capacidad contributiva, y prohíbe expresamente la creación de tributos confiscatorios.
Ordenamiento territorial y ambiente
En línea con la reforma constitucional, la iniciativa incorpora un capítulo específico sobre ordenamiento territorial y ambiente. Establece la obligación de planificar el desarrollo urbano, regular el uso del suelo, incorporar la perspectiva climática y gestionar los riesgos ambientales.
El Ejecutivo subraya que este enfoque busca articular crecimiento urbano, sostenibilidad ambiental y calidad de vida, atendiendo tanto a áreas urbanas como rurales y metropolitanas.
Participación ciudadana y democracia directa
El proyecto reglamenta los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución provincial, como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato.
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El proyecto reglamenta los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución provincial, como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato.
Los requisitos para su activación varían según la población del municipio, con el objetivo de garantizar su aplicabilidad real y evitar que se conviertan en herramientas de difícil acceso para la ciudadanía.
Asociaciones y regionalización
Finalmente, la propuesta habilita de manera expresa la asociación intermunicipal, la conformación de regiones y áreas metropolitanas, y la celebración de convenios con la Provincia, la Nación y otras jurisdicciones para la prestación de servicios, la ejecución de obras y la planificación de políticas públicas.
