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Discapacidad: críticas al nuevo proyecto de ley
Galarraga planteó que el sistema actual “no está acorde a la demanda” y que existe una necesidad creciente de respuestas para las personas con discapacidad y sus familias. Sin embargo, aseguró que las decisiones recientes van en sentido contrario: “Desde que arrancó esta gestión, la política hacia el sector ha sido de un retroceso tras otro”.
En ese marco, afirmó que el nuevo proyecto de ley “busca no cumplir con la Ley de Emergencia Nacional del sector”, sancionada en 2025, y advirtió que habilitaría herramientas que calificó como “destructivas”, entre ellas la posibilidad de dar de baja pensiones, transferir responsabilidades a las provincias sin financiamiento y eliminar el nomenclador nacional de prestaciones.
El impacto en las pensiones y el sistema de prestaciones
Uno de los puntos más cuestionados por el exfuncionario es la modificación del sistema de pensiones no contributivas. Según explicó, el proyecto mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima— pero elimina la compatibilidad con ingresos laborales formales.
“Si una persona consigue trabajo, pierde la pensión. Así de concreto”, resumió Galarraga, quien consideró que esta medida desincentiva la inclusión laboral y desconoce que el costo de vida de una persona con discapacidad suele ser más alto.
También cuestionó la eliminación del nomenclador nacional, herramienta que fija valores unificados para las prestaciones. A su entender, suprimirlo generará “una enorme distorsión” en el sistema, con diferencias en la calidad y cantidad de servicios según la capacidad de negociación de cada prestador y la región del país.
“Se instala un discurso estigmatizante”
Durante la entrevista, Galarraga también criticó el enfoque del proyecto, al que vinculó con una narrativa oficial que pone en duda a los beneficiarios. “Se vuelve a instalar la idea del fraude en las pensiones, lo que genera que las personas con discapacidad sean vistas como sospechosas”, señaló.
fernando galarraga andis
Fernando Galarraga fue director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En ese sentido, recordó que durante su gestión se detectaron irregularidades puntuales que fueron denunciadas ante la Justicia, pero negó que exista un fraude generalizado como el que plantea el Gobierno.
Menos incentivos para la inclusión laboral
Otro de los aspectos señalados es la falta de políticas para promover el empleo en el sector privado. Si bien el cupo laboral en el Estado continúa vigente, Galarraga indicó que el nuevo proyecto elimina incentivos para que las empresas contraten personas con discapacidad.
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“Se desalienta tanto la búsqueda laboral como la contratación. No hay estímulos y, además, si una persona consigue empleo formal, pierde la pensión”, explicó.
Un llamado a frenar la iniciativa
Por último, el exfuncionario expresó su preocupación por el rumbo de la política pública en discapacidad y planteó la necesidad de una respuesta colectiva: “Ojalá se pueda organizar una resistencia social y construir consensos políticos para frenar este nuevo embate”.
La discusión por la nueva ley se da en un contexto de tensiones dentro del sector, que viene advirtiendo sobre recortes, demoras en prestaciones y falta de financiamiento.
