Santa Fe adhirió a la ley antimafias: qué cambia y cómo impacta en la lucha contra el crimen organizado
La normativa a la que adhirió Santa Fe establece un conjunto de herramientas orientadas a mejorar la capacidad de investigación y sanción del Estado.
La adhesión, consignaron además, se plantea resguardando las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación.
La provincia de Santa Fe dio un paso institucional relevante en materia de seguridad: el Senado sancionó de manera definitiva la adhesión a la Ley Nacional 27.786, conocida como “ley antimafias”, una normativa que busca dotar al Estado de herramientas más amplias para investigar y sancionar organizaciones criminales.
El proyecto, impulsado por la diputada Ximena Sola, había obtenido media sanción el 31 de julio de 2025 y finalmente fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. Con este aval, Santa Fe se incorpora formalmente a un esquema legal que apunta a reforzar la respuesta frente a delitos complejos, particularmente aquellos vinculados a estructuras organizadas.
Qué cambia con la adhesión
La ley nacional define a las organizaciones criminales como grupos de tres o más personas que actúan de manera coordinada durante un tiempo determinado para cometer delitos graves. En ese marco, establece un conjunto de herramientas específicas orientadas a mejorar la capacidad de investigación y sanción del Estado.
La adhesión de Santa Fe implica, en términos concretos, que la provincia podrá adoptar ese marco normativo y su consecuente aplicación en el territorio, integrándose a un sistema que combina la actuación de la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.
La Ley "Antimafias" se aprobó durante la gestión de la actual senadora Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad Nacional.
Uno de los ejes centrales es la posibilidad de declarar “zonas sujetas a investigación especial ”. En esos casos, a partir de la intervención judicial, se habilitan mecanismos excepcionales para abordar fenómenos delictivos reiterados o vinculados a organizaciones, con investigaciones coordinadas entre distintos niveles del Estado y bajo control judicial. En determinadas situaciones, además, estas causas pueden pasar a la órbita de la Justicia federal.
Además, la ley incorpora herramientas como:
Detenciones por averiguación con plazos extendidos en casos excepcionales, con intervención del Ministerio Público Fiscal y control judicial;
Interceptación de comunicaciones, siempre con orden judicial y mecanismos de control;
allanamientos en áreas determinadas o vinculadas a la investigación, con autorización judicial previa o validación posterior en casos de urgencia;
inmovilización de activos de personas o empresas sospechadas de vínculos con organizaciones criminales, mediante orden judicial;
decomiso anticipado de bienes, incluso sin condena firme, cuando exista sospecha fundada de origen ilícito.
Estas medidas buscan intervenir no solo sobre los autores directos de los delitos, sino también sobre las estructuras que los sostienen, en especial en lo que refiere al financiamiento.
Un cambio de enfoque en la persecución penal
Otro aspecto clave de la normativa es la incorporación de nuevas figuras al Código Penal que sancionan la participación en organizaciones criminales. La ley tipifica conductas vinculadas a la integración, cooperación o sostenimiento de estas estructuras, con penas que pueden ir de ocho a veinte años de prisión.
Además, establece que, en determinados casos, los miembros de una organización pueden ser castigados con la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo, lo que implica un endurecimiento del régimen penal.
Uno de los ejes centrales es la posibilidad de declarar “zonas sujetas a investigación especial”.
A esto se suma una modificación relevante en el proceso judicial: para los delitos comprendidos en esta ley no se permite la aplicación del juicio abreviado, lo que impacta directamente en la forma en que avanzan las causas.
La lógica que introduce la normativa es desplazar el foco desde el delito individual hacia la estructura criminal en su conjunto, contemplando roles como financistas, organizadores o facilitadores.
Coordinación entre jurisdicciones
La adhesión también refuerza la articulación entre distintos niveles del sistema judicial y de seguridad. La normativa prevé la conformación de comisiones investigadoras conjuntas, integradas por fiscalías federales y provinciales, así como la colaboración entre ministerios de seguridad.
Este esquema apunta a superar limitaciones operativas cuando los delitos exceden una jurisdicción o requieren abordajes simultáneos en distintos territorios.
Asimismo, la ley establece que, una vez declarada una investigación especial, las actuaciones pueden pasar a la Justicia federal, lo que redefine la competencia en determinados casos.
Qué dice el Gobierno de Santa Fe
Previo a la aprobación definitiva en el Senado, el Gobierno de Santa Fe expresó su acompañamiento al proyecto de adhesión , "que permitirá endurecer la pelea contra el crimen organizado".
El Ejecutivo recordó que al momento del debate de la norma a nivel nacional, el gobernador pidió “no tener miedo en llevar a cabo reformas importantes en materia criminal”.
El Gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich y el Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
En aquel momento, Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañaron el tratamiento de la ley en el Congreso, participando de los debates y exponiendo ante legisladores nacionales la experiencia santafesina en la lucha contra el crimen organizado.
Al respecto, Cococcioni destacó que “esta iniciativa representa una señal clara: la adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas ”.
Para el ministro de Justicia y Seguridad, la normativa marca un cambio de mirada: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, remarcó.
Un cambio de enfoque
Según el Gobierno, la adhesión a esta ley permitirá incorporar mecanismos más robustos para investigar estructuras criminales complejas, con mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.
En este sentido, desde el Ejecutivo plantearon que se trata de un cambio de paradigma: "pasar de un sistema que muchas veces resultó insuficiente para frenar el avance del delito, a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz".
"De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento", dijeron.
La adhesión, consignaron además, se plantea resguardando las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación en su territorio, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de articulación con organismos nacionales.
