Microtráfico en Santa Fe: la disputa entre fiscales y jueces reabre el debate sobre la desfederalización
El conflicto se originó tras una resolución un camarista penal, en la que se cuestiona la intervención de la justicia santafesina en causas sobre microtráfico.
La norma comenzó a aplicarse a fines de 2023, tras la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de que la justicia provincial investigue el narcomenudeo.
La política criminal contra el narcomenudeo en Santa Fe abrió un nuevo frente de tensión institucional. Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario quedaron enfrentados tras una serie de resoluciones judiciales que cuestionan la competencia de la Justicia provincial para investigar causas de microtráfico.
El eje del conflicto entre los fiscales y jueces de Santa Fe
El conflicto se desató a partir de una decisión del camarista Javier Beltramone, quien firmó una resolución en la que cuestiona la intervención de la justicia santafesina en expedientes vinculados con el microtráfico. El pronunciamiento fue posteriormente rechazado por el juez federal de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, que devolvió la causa al fuero provincial.
La discusión se inscribe en la implementación de la ley provincial 14.239, que avanzó en la desfederalización del microtráfico en Santa Fe.
La resolución de Beltramone no fue la única. Otros camaristas también firmaron fallos similares. Entre otros, aparecen Guillermo Llaudet Maza, Viviana Alonso y Tomás Orso.
El trasfondo: la desfederalización del narcomenudeo
La discusión se inscribe en la implementación de la Ley Provincial 14.239, que avanzó en la desfederalización del microtráfico en Santa Fe. La norma comenzó a aplicarse a fines de 2023, tras la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de que la justicia provincial investigue el narcomenudeo.
Desde entonces, el MPA creó equipos especializados para abordar ese fenómeno en barrios y ciudades de la provincia. Sin embargo, la discusión sobre la competencia judicial volvió a instalarse a partir de las resoluciones de la Cámara de Apelaciones rosarina.
La advertencia del MPA y la respuesta de los camaristas
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, cuestionó esas decisiones judiciales y advirtió que restringir la intervención del MPA en el microtráfico puede tener impacto en la seguridad pública.
Según planteó, si se le quita a la fiscalía la posibilidad de investigar el narcomenudeo se pierde una herramienta clave para reducir hechos de violencia como homicidios, balaceras o ataques con armas de fuego.
El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich y otros funcionarios del MPA.
Las declaraciones generaron una reacción institucional de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. En un comunicado firmado por sus integrantes, los magistrados manifestaron su “más enérgico rechazo” a los dichos del fiscal regional.
Los jueces sostuvieron que las afirmaciones de Merlo resultan agraviantes y que constituyen un intento de trasladar al ámbito jurisdiccional responsabilidades que corresponden al órgano acusador. También señalaron que es "incorrecto y temerario" vincular resoluciones sobre competencia judicial con la eventual ocurrencia de hechos violentos.
En el documento, los camaristas afirmaron que entre 2024 y lo que va de 2026 la Cámara recibió 358 recursos relacionados con el fenómeno del microtráfico y que solo siete de esos expedientes fueron remitidos a la justicia federal por cuestiones de competencia.
Según explicaron, esas decisiones no implican "concesiones a la impunidad, sino la aplicación del principio de legalidad y de la garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional".
Posicionamiento del Presidente de la Corte Suprema
El conflicto también llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el marco de la Apertura del Año Judicial 2026. Consultado sobre la polémica, su presidente, Rafael Gutiérrez, rechazó los planteos del fiscal regional.
Durante una conferencia de prensa, Gutiérrez negó que las resoluciones judiciales cuestionadas pongan en riesgo la seguridad pública y calificó como “mentira” esa interpretación.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
El respaldo del Gobierno provincial
En medio de la controversia, el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo este viernes una reunión de trabajo con la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, para analizar las políticas implementadas contra la violencia y el narcotráfico, en lo que se interpreta como una señal de respaldo del mandatario al organismo extrapoder y, en particular, al trabajo que desarrolla el área especializada en microtráfico.
Tras el encuentro, el titular de la Casa Gris remarcó que desde el inicio de su gestión el Gobierno provincial decidió enfrentar "el narcotráfico en todas sus dimensiones". En ese sentido, señaló que al 13 de marzo de 2023 la provincia registraba 112 homicidios, mientras que tres años después la cifra se redujo a 22.
Pullaro atribuyó esa baja a las acciones conjuntas del gobierno y de los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico, y advirtió que la lucha contra las organizaciones criminales requiere sostener las medidas adoptadas.
Del encuentro participaron también el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el fiscal regional Matías Merlo; el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica, Carla Cerliani.
