La Cámara de Diputados de Santa Fe entra en la etapa de definiciones respecto al proyecto de Ley Orgánica de Municipios. Tras un intenso debate en comisiones, el oficialismo y la oposición han consensuado un cronograma que culminará el próximo 8 de abril con la emisión del dictamen, apenas 24 horas antes de que el texto llegue al recinto para su votación.
Dado que el cuerpo legislativo analiza introducir una serie de modificaciones de fondo a la media sanción proveniente del Senado, el proyecto no quedaría convertido en ley de inmediato, sino que debería regresar a la Cámara Alta para su revisión y sanción definitiva.
Ley de Municipios en Santa Fe: Diputados dictaminará el 8 de abril y se analizan modificaciones
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Tras un intenso debate en comisiones, el oficialismo y la oposición han consensuado un cronograma que culminará el próximo 8 de abril con la emisión del dictamen, apenas 24 horas antes de que el texto llegue al recinto para su votación.
El tratamiento en las comisiones de la Cámara Baja ha servido para robustecer el texto original con diez modificaciones centrales –impulsadas por el PJ- que buscan blindar la autonomía de los gobiernos locales y modernizar su gestión administrativa.
Recursos y Coparticipación
Uno de los cambios más significativos es el establecimiento de un régimen transitorio de coparticipación federal. Se propone que, del total recibido por la Provincia, el 20% se destine directamente a las municipalidades. Esta masa de recursos se distribuirá mediante un esquema mixto: 40% por población, 30% por recursos propios y 30% en partes iguales. Además, se prevé un 3% adicional para las ciudades con más de 100.000 habitantes.
Desde la oposición señalaron a AIRE que “se traspasan competencias y responsabilidades sin los recursos necesarios” y advirtieron que en ese punto una de las principales falencias de la iniciativa es la cuestión de la transferencia de recursos.
Competencias y el principio de "No hay traspaso sin fondos"
El nuevo texto incorpora una cláusula presupuestaria estricta: no habrá transferencia de competencias o servicios a los municipios sin la correspondiente transferencia de recursos por parte de la Provincia. Para garantizar esto, los traspasos deberán realizarse de forma progresiva y bajo convenios-acuerdo aprobados por las dos terceras partes de la Legislatura provincial y los Concejos municipales.
Control y Transparencia
Para las localidades de menos de 50.000 habitantes que no cuenten con estructuras propias, se crean Delegaciones Regionales del Tribunal de Cuentas.
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En línea con la reforma constitucional, la iniciativa incorpora un capítulo específico sobre ordenamiento territorial y ambiente. Establece la obligación de planificar el desarrollo urbano, regular el uso del suelo, incorporar la perspectiva climática y gestionar los riesgos ambientales.
Esto permite delegar el control externo sin vulnerar la autonomía municipal, garantizando auditorías bajo criterios objetivos y transparentes.
Modernización e Inteligencia Artificial
En un salto hacia la vanguardia administrativa, el proyecto regula el uso de sistemas automatizados e IA en la gestión municipal. Se exige que su implementación respete la trazabilidad de las decisiones y garantice un "control humano significativo", asegurando que la tecnología sea una herramienta de eficiencia y no de opacidad.
Autonomía política y social
El dictamen del 8 de abril también ratificará la facultad de los Concejos Municipales para determinar sus propias dietas bajo criterios de austeridad, y la capacidad de ejercer funciones de juicio político contra intendentes y funcionarios por mal desempeño o delitos.
Asimismo, se establece que la legislación provincial de empleo público funcionará como un "piso mínimo e indisponible" de derechos, protegiendo a los trabajadores municipales contra cualquier intento de reducción de beneficios en el ámbito local.
Con este paquete de modificaciones, Diputados busca dotar a los municipios de Santa Fe de herramientas reales para afrontar los desafíos del siglo XXI, devolviendo la discusión al Senado para el cierre del proceso legislativo.
Autonomía municipal como eje central
Uno de los pilares del proyecto es el reconocimiento expreso del municipio como una entidad política autónoma, con autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. En ese marco, se redefine el concepto de municipio como todo núcleo de población con vida propia que se gobierna bajo un sistema democrático, representativo y republicano. Los municipios que superen los 10.000 habitantes quedan habilitados a convocar a una Convención Municipal para sancionar su Carta Orgánica, lo que les permitirá definir su estructura de gobierno, sus órganos de control y sus mecanismos de participación ciudadana. Aquellos que no lo hagan continuarán rigiéndose por la nueva ley.
Clasificación por cantidad de habitantes
El proyecto introduce una clasificación de los municipios según su población, lo que impacta directamente en su organización institucional. Esta segmentación determina el número de concejales, los topes salariales de las autoridades, los requisitos para activar mecanismos de democracia directa y los límites al endeudamiento.
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El dictamen del 8 de abril también ratificará la facultad de los Concejos Municipales para determinar sus propias dietas bajo criterios de austeridad, y la capacidad de ejercer funciones de juicio político contra intendentes y funcionarios por mal desempeño o delitos.
Desde el Ejecutivo se argumenta que esta diferenciación busca evitar esquemas uniformes que no contemplan las profundas desigualdades territoriales, demográficas y económicas existentes entre las distintas localidades de la provincia.
Régimen político e institucional
La iniciativa establece que intendentes y concejales tendrán mandatos de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. Además, dispone que las elecciones municipales se realicen en forma conjunta con las provinciales. En cuanto al funcionamiento institucional, se fortalecen las atribuciones de los Concejos Municipales, que amplían su rol de control sobre el Departamento Ejecutivo. Entre otras facultades, se les asigna la aprobación del presupuesto y de la cuenta de inversión, la autorización de endeudamiento, el control de concesiones y contratos, y la convocatoria a audiencias públicas.
Administración pública y transparencia
El proyecto incorpora principios de gestión moderna en la administración municipal. Establece el ingreso por concurso a la planta permanente, la estabilidad sujeta a evaluaciones de desempeño, la capacitación continua y un régimen claro de incompatibilidades. También se fijan obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y publicidad de los actos de gobierno, junto con la creación de sistemas de control interno y normas de ética pública.
Ordenamiento territorial y ambiente
En línea con la reforma constitucional, la iniciativa incorpora un capítulo específico sobre ordenamiento territorial y ambiente. Establece la obligación de planificar el desarrollo urbano, regular el uso del suelo, incorporar la perspectiva climática y gestionar los riesgos ambientales.
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Dado que el cuerpo legislativo analiza introducir una serie de modificaciones de fondo a la media sanción proveniente del Senado, el proyecto no quedaría convertido en ley de inmediato, sino que debería regresar a la Cámara alta para su revisión y sanción definitiva.
El Ejecutivo subraya que este enfoque busca articular crecimiento urbano, sostenibilidad ambiental y calidad de vida, atendiendo tanto a áreas urbanas como rurales y metropolitanas.
Participación ciudadana y democracia directa
El proyecto reglamenta los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución provincial, como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato. Los requisitos para su activación varían según la población del municipio, con el objetivo de garantizar su aplicabilidad real y evitar que se conviertan en herramientas de difícil acceso para la ciudadanía.
Asociaciones y regionalización
Finalmente, la propuesta habilita de manera expresa la asociación intermunicipal, la conformación de regiones y áreas metropolitanas, y la celebración de convenios con la Provincia, la Nación y otras jurisdicciones para la prestación de servicios, la ejecución de obras y la planificación de políticas públicas.
