El Gobierno nacional publicó la primera reglamentación de la Ley Bases
El decreto 695 en el Boletín Oficial establece directrices para la reorganización administrativa y las privatizaciones.
El Gobierno dio un paso en la implementación de la Ley Bases, con la publicación del decreto 695 en el Boletín Oficial, marcando el inicio de la reorganización de la administración centralizada y descentralizada.
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Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, establece las primeras directrices para este ambicioso plan.
Reorganización administrativa
Uno de los pilares de este decreto es la reorganización administrativa. Se establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reorganizar, transformar y liquidar fondos fiduciarios públicos, conforme a la Ley N° 27.742. Esta medida busca optimizar la eficiencia y reducir la burocracia en la administración pública.
Privatizaciones
El decreto también fija procedimientos específicos para la privatización de empresas estatales. Estos incluyen la presentación de informes detallados y la publicación de convocatorias para ofertas, asegurando transparencia y competencia en el proceso.
Silencio administrativo
Otro aspecto destacado es la implementación del silencio administrativo con sentido positivo. La Jefatura de Gabinete tiene 15 días para aprobar un cronograma de implementación, que se aplicará a los procedimientos administrativos iniciados posteriormente. Este mecanismo permitirá que si una autorización administrativa no recibe respuesta en un plazo determinado, se considerará aprobada.
Ajustes y reglamentación
La Jefatura de Gabinete deberá identificar y mantener actualizados los procedimientos administrativos alcanzados por esta medida. Además, debe elevar al Poder Ejecutivo los casos específicos donde no se aplicará el silencio con efecto positivo, previa evaluación de las áreas competentes.
Innovación tecnológica
Finalmente, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología está encargada de adoptar las medidas necesarias para implementar el silencio administrativo positivo a través de plataformas digitales, asegurando una transición eficiente hacia un sistema más moderno y ágil.