Conflicto por el nuevo edificio de Tribunales en Santa Fe: pedido de diálogo y una disputa que se proyecta a nivel nacional
El eje de la controversia se remonta al 24 de febrero, cuando la Corte resolvió destinar el edificio anexo de Tribunales exclusivamente al Poder Judicial.
El edificio en cuestión fue planificado, financiado y ejecutado durante más de una década como un Centro de Justicia Penal.
La disputa institucional por el uso del nuevo edificio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, expusiera en el Senado provincial.
En el cierre de su informe de gestión 2025, la funcionaria cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia santafesina y reclamó la apertura de una instancia de diálogo que, hasta el momento, no se concretó.
Un conflicto abierto por la asignación del edificio en Santa Fe
El eje de la controversia se remonta al 24 de febrero, cuando la Corte provincial resolvió, mediante acordada firmada por sus siete ministros, destinar el edificio anexo de Tribunales exclusivamente al Poder Judicial. La medida dejó abierta la posibilidad de ceder espacios al MPA y al Ministerio Público de la Defensa (MPD) solo en caso de disponibilidad, lo que fue interpretado por ambos organismos como una decisión unilateral.
El conflicto se originó el 24 de febrero, cuando la Corte provincial, con la firma de sus siete ministros, decidió destinar el edificio anexo exclusivamente al Poder Judicial.
“Lo decidieron con un punto de acuerdo inconsulto” y “lo que decidieron fue sin diálogo”, sostuvo Vranicich al referirse a la resolución. En esa línea, cuestionó que la medida se haya adoptado sin la conformidad previa exigida por la Disposición Transitoria Décimo Sexta de la Constitución provincial.
Reclamos institucionales y vía judicial
Frente a esta situación, tanto el MPA como el MPD presentaron recursos de revocatoria ante la Corte Suprema, sin obtener respuesta hasta el momento. Además, el pasado 1 de abril, Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson solicitaron formalmente una reunión con los siete ministros del máximo tribunal.
La funcionaria cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia santafesina y reclamó la apertura de una instancia de diálogo.
“Presentamos una nota para sentarnos a dialogar con la Corte y se la enviamos a los siete ministros. No tuvimos respuesta”, señaló la fiscal general. Y advirtió: “Iniciamos un camino legal, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario ”.
La funcionaria también planteó un cuestionamiento de fondo al accionar del tribunal provincial: “Es muy difícil cuando la Corte Suprema no cumple con la Constitución Provincial”.
El respaldo legislativo y el pedido de diálogo
En paralelo, la Legislatura santafesina comenzó a intervenir en el conflicto. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de comunicación que insta a las partes a encauzar la disputa mediante mecanismos de “coordinación institucional”.
La iniciativa, impulsada por el senador Francisco “Paco” Garibaldi y acompañada por oficialismo y oposición, remarca que el edificio denominado “Palacio de Justicia II” fue concebido como parte del nuevo sistema penal acusatorio, con una lógica de funcionamiento integrada entre acusación, defensa y Poder Judicial.
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de comunicación que insta a las partes a encauzar la disputa mediante mecanismos de “coordinación institucional”.
En la misma línea, la Cámara de Diputados analiza un proyecto que solicita a la Corte arbitrar los medios necesarios para que el MPA y el MPD utilicen las instalaciones, en función de la finalidad original de la obra y de su relevancia dentro del sistema de justicia penal.
“Agradecimiento al Senado que pidió se genere una mesa de diálogo y a Diputados, que pedirá lo mismo”, expresó Vranicich durante su exposición.
Una disputa con impacto en el sistema penal
El conflicto no solo se centra en la asignación de espacios físicos, sino en el funcionamiento integral del sistema de justicia penal. El edificio en cuestión fue planificado, financiado y ejecutado durante más de una década como un Centro de Justicia Penal, destinado a concentrar las funciones de los distintos actores del proceso.
El conflicto no solo se centra en la asignación de espacios físicos, sino en el funcionamiento integral del sistema de justicia penal.
AIRE Digital / José Almeida
Desde el MPA sostienen que la decisión de la Corte implica una “desnaturalización” de ese objetivo y una vulneración de las disposiciones constitucionales que resguardan las capacidades operativas del Ministerio Público.
Mientras no haya una resolución consensuada, el escenario sigue abierto. La falta de respuesta del máximo tribunal a los pedidos de reunión y la advertencia de una eventual escalada judicial anticipan que el conflicto podría trasladarse a instancias nacionales si no se habilita un canal de diálogo institucional.
