Finalmente, Labanca rechazó todos los planteos de las defensoras, mantuvo la imputación que pesa sobre los involucrados, todos oriundos del sur de la provincia, y dispuso que se realice una nueva audiencia para determinar los puntos de pericias de los teléfonos celulares, así como el período de tiempo que debe comprender esta medida.
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La puerta de ingreso a la Legislatura fue dañada por un grupo de manifestantes
Aval a la investigación
Los planteos fueron realizados por las abogadas defensoras Julia Giordano, Matilde Bruera, Celina Tidoni y Gabriela Durruty, en representación de Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo vinculados a Amsafé Rosario, y Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto).
Fuentes del caso informaron a AIRE que las letradas cuestionaron la validez de los oficios enviados a la compañía Meta, de la red social Facebook, para tener información de las cuentas de los involucrados, también cuestionaron los pedidos de allanamiento y la modalidad de ejecución, y las ordenes de allanamiento, por "falta de fundamentación de los jueces al despachar las medidas".
También cuestionaron la validez de la audiencia imputativa, presidida por la jueza Susana Luna, ya que esta magistrada había firmado uno de los oficios enviados a Meta. Tras este pedido, las defensoras reclamaron el sobreseimiento de los imputados.
La Fiscalía se opuso a los pedidos de las defensoras, y al momento de resolver, la jueza Labanca decidió rechazar el pedido de invalidación de la atribución imputativa, de los allanamientos y de las ordenes de detenciones; también rechazó el pedido de sobreseimiento de los imputados.
Por otra parte, la magistrada avaló parcialmente el pedido respecto de los límites de las autorizaciones en relación a la apertura de los teléfonos celulares y de la obtención de mensajes; estos límites y los puntos a peritar deberán resolverse en otra audiencia.
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Laura Urquiza, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La causa
Los seis imputados que tiene la causa fueron detenidos un mes después de los hechos, e imputados en tribunales por la fiscal Urquiza. La imputación precisa que la mañana del 12 de septiembre de 2024, mientras los legisladores sesionaban en relación a la reforma de la Ley Previsional, “se hicieron presentes en la explanada del palacio legislativo varios grupos de personas a fin de manifestarse mediante cánticos y exhibición de cartelería en contra de la aprobación de la misma”.
Cerca de las 11, algunos grupos de personas identificados con pecheras de distintos gremios, comenzaron a golpear la puerta del edificio con intención de ingresar pese a la resistencia del personal policial presente, “y arrojaron todo tipo de elementos contundentes como hierros, piedras, botellas y bombas de estruendo. Asimismo, arrancaron las rejas protectoras de la luminaria del lugar, arrojándolas contra el edificio público y el personal policial, y destruyeron una de las cámaras de seguridad que se encontraba instalada en la explanada”, precisa la imputación.
Este accionar produjo lesiones en distintas partes del cuerpo al personal policial actuante y causó la rotura de la puerta de ingreso a la Legislatura.
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La tensión fue en aumento durante el correr de las horas hasta que pasadas las 11 un grupo de personas avanzó sobre el personal policial e intentó ingresar a la Legislatura por la fuerza
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La investigación fiscal permitió identificar a cinco de las personas que tomaron intervención en este hecho: González, Casassola y del Castillo Curbelo, golpearon y forzaron la puerta de ingreso de la Legislatura, lograron abrirla, e intentaron ingresar: “Esa puerta fue resistida por el personal policial actuante y también sostenida del lado de afuera para mantenerla abierta por parte de estos agresores. La violencia desplegada sobre la puerta produjo la rotura de la misma. Asimismo, González corrió en dirección hacia la puerta, con un elemento tipo reja de metal, para luego regresar debido al accionar policial que intentaba repelerlos”, detalla la imputación.
En tanto, aprovechando que la puerta de ingreso estaba abierta y rota, Corna cargó una estructura de hierro y la arrojó hacia el interior de la Legislatura, y en otras oportunidades, levantó elementos que se encontraban tirados en el suelo como palos o hierros y también los arrojó en dirección al ingreso del edificio, sostuvo Urquiza al concretar la atribución delictiva.
Molina sostuvo en unas de sus manos un elemento que contenía fuego y lo arrojó hacia el ingreso del Palacio, y Daniel Vazquez sostuvo la puerta de ingreso hacia afuera para que los otros involucrados puedan ingresar y arrojar elementos tal como fue indicado anteriormente: “Todo ello generó un ambiente hostil que perturbó el normal desarrollo de la sesión legislativa, con la consecuente interrupción del debate parlamentario en la Cámara de Diputados”, concluye la imputación.
Las personas identificadas fueron imputadas como coautores del delito de perturbación de las sesiones legislativas y daño agravado (artículos 241 inciso 1 y 184 inciso 1 del Código Penal) , y recuperaron la libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva.
