La Corte ratificó la condena a comisario por acosar a oficiales subalternas
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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa por inadmisible.
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Mendoza fue condenado por acoso sexual agravado (por ser un funcionario público), que está considerado una contravención. Se le impuso la pena 15 días de arresto, una multa de 1.094.366,25 pesos y la obligación de realizar un curso de formación especial en el que se aborde la temática de género y la prevención de las violencias contra las mujeres. El efectivo apeló en distintas instancias y buscó llegar a la Corte, pero los ministros del máximo tribunal desestimaron la presentación bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
La condena al comisario
En julio de 2024, Rodolfo Gabriel Mendoza fue condenado por haber hostigado sexualmente a tres subalternas en San Javier. Así fue dispuesto por el juez José Luis García Troiano, en el marco de un juicio oral contravencional que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Ezequiel Hernández y la fiscal Alejandra Del Río Ayala representaron al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, la funcionaria valoró la sentencia condenatoria, "de la cual no conocemos precedentes locales, no porque estos episodios de violencia de género no sean frecuentes, sino por las dificultades que implican denunciarlos, investigarlos y sancionarlos". Por su parte, Hernández planteó que "Mendoza –de 45 años– aprovechó su posición de poder frente a las víctimas para acercarse a ellas de maneras desagradables y generarles incomodidad". Al respecto, resaltó que "se condenó la realización de conductas claras y típicas de acoso en el ámbito policial, ejercidas por un mando superior contra tres mujeres jóvenes".
Hostigamiento
Del Río Ayala precisó que "las contravenciones fueron cometidas durante 2022 en la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XIV, en San Javier", y detalló que "mientras Mendoza era la tercera persona en el rango jerárquico de la dependencia, dos de las víctimas se habían incorporado recientemente a la fuerza, y la otra había sido trasladada hacía poco tiempo desde otro punto de la provincia". "Sin el consentimiento de las policías y de forma ofensiva, Mendoza tocaba sus rostros y cabellos y les hacía propuestas inapropiadas y comentarios sexualizados sobre sus cuerpos y uniformes", aseveró la funcionaria del MPA.
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La fiscal Alejandra Del Río Ayala fue una de las representantes del MPA durante el juicio contravencional.
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Por otro lado, Hernández indicó que "cuando una de las víctimas percibió que el hostigamiento se había vuelto asfixiante e intolerable, logró hablar del tema con una superior", y agregó que "al enterarse, las otras dos mujeres acosadas por el comisario contaron lo que ellas también habían padecido".
Acoso sexual agravado
Mendoza fue condenado por acoso sexual agravado (por ser un funcionario público). Se le impusieron 15 días de arresto; una multa de 1.094.366,25 pesos –que es el equivalente a 15 unidades Jus– y la obligación de realizar un curso de formación especial en el que se aborde la temática de género y la prevención de las violencias contra las mujeres. En relación a la pena impuesta, el fiscal Hernández sostuvo que se ajusta a lo previsto en los artículos 84; 26 y 28 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, el cual establece que “el que, como condición de acceso al trabajo, o el que en una relación laboral, utilizando su situación de superior jerarquía, hostigare sexualmente a otro en forma implícita o explícita, siendo esta conducta no consentida y ofensiva para quien la sufre y padece, y, siempre que el hecho no configure delito”.
En tanto, el funcionario del MPA explicó que "una contravención es una infracción normativa menor, lo que antes se denominaba ‘falta’". Aclaró que "las penas previstas son considerablemente más bajas que las que corresponden para hechos delictivos y suelen ser de tipo reparatorio y educativo, para evitar que el conflicto escale".
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Desde el MPA explicaron que "una contravención es una infracción normativa menor, lo que antes se denominaba ‘falta’". Aclaró que "las penas previstas son considerablemente más bajas que las que corresponden para hechos delictivos y suelen ser de tipo reparatorio y educativo, para evitar que el conflicto escale".
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"Además, cuando se condena una contravención, las víctimas obtienen el reconocimiento simbólico que toda sentencia implica", destacó Hernández. "Valoramos favorablemente lo resuelto en este caso, a pesar de que habíamos pedido 33 días de arresto (lo que se acerca al máximo previsto), ya que el juez dio por probados todos los hechos y con la calificación que escogimos desde la Fiscalía", puntualizó. "Se sentó un precedente importante y esperamos que sirva para evitar que otras mujeres policías pasen por situaciones semejantes”, concluyó.
