Dos hombres de las finanzas terminaron presos por estafas reiteradas en Rosario. El dinero que no entra al circuito legal enfrenta riesgos en medio de una red de aprovechadores.
La pregunta que se repite en la city es por qué Rosario produce tantos financistas investigados por estafa.
La city rosarina acumula un historial de fraudes financieros que no tiene equivalente en ninguna otra plaza del país. En las últimas semanas dos nuevos capítulos se sumaron a una saga que ya lleva años y que dejó a cientos de ahorristas sin sus ahorros: la detención de Guido Garay, exasesor de la cueva Cofyrco, y el pedido de siete años de prisión para el agente de Bolsa Pablo Arcamone. Son apenas los últimos nombres de una lista que incluye a operadores de larga trayectoria, corredores de granos y directivos de firmas que alguna vez fueron referencia del mercado local.
Garay fue arrestado el miércoles por orden de la fiscal Georgina Pairola en el marco de una causa por estafas. No es su primer problema con la Justicia. En septiembre de 2020, cuando la policía allanó las oficinas de Cofyrco en el microcentro rosarino, los investigadores encontraron 175 documentos de identidad ajenos que se usaban para comprar dólares en el mercado oficial y revenderlos en el paralelo.
Garay estaba entre los imputados por lavado de activos derivado del crimen de Marcelo "Coto" Medrano, un narcotraficante vinculado a la barra brava de Newell's. En diciembre de 2021 esquivó la condena aceptando una suspensión de juicio a prueba: pagó una multa de 35.552 dólares y se comprometió a cumplir 400 horas de trabajo comunitario. Fuentes judiciales señalaron que la probation nunca la cumplió de manera completa.
La causa Cofyrco es emblemática del funcionamiento de las cuevas rosarinas. La financiera no estaba inscripta ante el Banco Central para operar en cambio de divisas. Sus directivos, Patricio Carey, Fernando Vercesi, Teodoro Fracassi, Ignacio De Cesari y Sergio Zapata, fueron procesados en el fuero federal por intermediación financiera no autorizada. El juez Carlos Vera Barros les trabó embargos por un total de 3.500 millones de pesos.
El caso Arcamone es de otra naturaleza, pero comparte el mismo escenario: las oficinas del microcentro rosarino donde se mezclan la actividad financiera legal con la clandestina. El fiscal Sebastián Narvaja pidió siete años de prisión para Arcamone y para su mano derecha, Martín Fernández.
Los acusa de 23 estafas cuyo monto acumulado supera el millón de dólares y los 240 millones de pesos. Según la acusación, Arcamone armó un entramado de empresas bajo el nombre de Grupo América que incluía una agencia de Bolsa registrada ante la Comisión Nacional de Valores, una mutual y desarrollos inmobiliarios. La fachada funcionaba para captar ahorros: oficinas lujosas en el Edificio Hermes, personal profesional, página web, publicidad.
Una vez que los clientes depositaban su confianza, los inducían a trasladar sus fondos a la Asociación Mutual Pedro de Mendoza con promesas de rendimientos superiores a los del mercado. Detrás de la mutual operaba una mesa de cambio clandestina. Cuando los ahorristas iban a retirar su dinero recibían excusas, promesas de pago con lotes de terrenos inexistentes o directamente el silencio.
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En agosto de 2025, cuando la Policía Federal allanó las oficinas de Arcamone en Córdoba al 1300, en la Galería Hermes y en un local de Rioja al 300 que figuraba como servicio técnico pero funcionaba como cueva, secuestró más de 90 millones de pesos, 58.800 dólares, euros, reales, una pistola 9 milímetros con 270 cartuchos y billeteras de criptomonedas.
Pero Arcamone y Garay no son excepciones. Son parte de un patrón. El caso más escandaloso es el de Luis Herrera, al que ya llaman el Madoff rosarino. Herrera era titular de la sociedad de Bolsa Fernández Soljan, fue varias veces presidente del Rofex, y captó ahorros de una clientela de clase media y alta prometiendo inversiones en el mercado de futuros de Chicago.
El faltante estimado supera los 35 millones de dólares. Los damnificados son unos 350 ahorristas. La Fiscalía reconstruyó un esquema tipo Ponzi: Herrera entregaba recibos que simulaban estados de cuenta de inversiones que nunca se realizaron. Está preso desde diciembre de 2024 junto a sus hijos Ignacio y Diego. Los querellantes rechazaron un juicio abreviado que le ofrecía cinco años. El caso va a juicio oral. La Justicia civil que tramita su quiebra ordenó rastrear sus acciones en A3 Mercados para intentar recuperar algo del dinero perdido.
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Y está el caso Guardati Torti, la agrofinanciera que alguna vez figuró entre las diez principales del país. Sus titulares, Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, usaron los fondos de 156 inversores bursátiles para tapar el rojo de su corredora de cereales. El perjuicio documentado fue de 1.152.151 dólares y 6.768.645 pesos. Los dos empresarios terminaron presos, aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria. El fiscal Narvaja probó que la crisis no se debió al default de Vicentin, como alegaban los acusados: la empresa ya tenía patrimonio neto negativo antes de la caída de la cerealera.
La pregunta que se repite en la city es por qué Rosario produce tantos financistas investigados por estafa. No se trata de outsiders como Cositorto y su esquema Zoe, sino de agentes de Bolsa y corredores de granos con décadas de trayectoria. Los nombres se acumulan: Herrera, Arcamone, Carey, Vercesi, Guardati, Torti, Garay, el corredor Sebastián Grimaldi, el agente Daniel Casanovas. Todos operaban a pocas cuadras de la Bolsa de Comercio. Todos usaron la confianza como instrumento. Y en todos los casos las víctimas son ahorristas que buscaron una alternativa a los bancos y encontraron el fraude.