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Casación puede dar un golpe mortal a la causa en la que están acusados Marcelo Bailaque y Carlos Vaudagna

El miércoles se espera el fallo en esta instancia superior. Las versiones indican que el caso debería ser abordado bajo el viejo sistema procesal. La investigación se quedará sin juez porque todos se excusaron o fueron recusados.

Es probable que el próximo miércoles la Cámara de Casación Penal defina que la causa contra el juez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna, entre otros, deba ser investigada en el viejo sistema procesal penal. Es decir, el sistema inquisitivo que se basaba en el expediente escrito y el juez tenía preponderancia sobre el caso.

Los rumores en los tribunales federales es que el próximo miércoles Casación fallará en ese sentido, lo que significará un duro golpe para una investigación que amaga con arrancar y nunca termina por profundizarse, debido a los innumerables palos en la rueda que ponen las defensas de los imputados.

La discusión permanente en esta investigación tiene que ver con el peso de los acusados, como son un magistrado federal y un exdirector de la AFIP, cuyos teléfonos deben ser peritados; y muchos, empresarios y políticos, tiemblan.

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Si la causa queda en el viejo sistema, ya no se realizarán audiencias públicas como las del 21 y 22 de noviembre, cuando Bailaque y Vaudagna tuvieron que escuchar en una sala la acusación de tres grupos de fiscales. Pero hay otro punto, quizá de mayor relevancia: la causa no tiene juez.

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Marcelo Bailaque, juez federal .

Bailaque, quien está imputado, obviamente se excusó, pero también lo hizo Carlos Vera Barros, por lo que terminó en manos de Gastón Salmain, a quien los fiscales recusaron por considerar que tenía vínculos previos con el extitular de la AFIP, algo que avaló la Cámara de Apelaciones. Si el caso debe investigarse en el viejo sistema, debería ser Salmain quien lleve el expediente, pero no lo podrá hacer, salvo alguna medida excepcional.

El recorrido de esta causa deja al descubierto lo complicado que es investigar en la Argentina a la corrupción. El periodista Hugo Alconada Mom sostiene que solo el 3 por ciento de las causas llegan a una sentencia. La baja performance tiene que ver también con las complicidades que en cada trama se entretejen, tanto en el sector público como en el privado.

En Santa Fe la performance es mucho más reducida, porque no hay antecedentes de que fiscales, tanto en el fuero federal como en el provincial, se hayan dedicado a observar conductas oscuras que tengan vínculos con el poder.

La excepción fue la causa llamada “juego clandestino” en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery profundizaron una trama que salpicaba al senador peronista Armando Traferri.

Los dos fiscales que investigaron ese tema, que no era de una profundidad escabrosa frente a tramas narco mucho más pesadas, terminaron teniendo que dar explicaciones y contra las cuerdas. La Unidad de Crimen Organizado a la que pertenecían se disolvió. Edery enfrenta una causa penal por mantener vínculos inapropiados con una integrante de la banda de Los Monos Mariana Ortigala.

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Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP.

Esa fue la devolución del propio sistema. Después de lo que pasó, qué fiscal se va a animar a poner la lupa en algo oscuro. Traferri es propietario de una frase que marca la relación que la política pretende de la justicia.

Hace unos años, cuando se analizaban los pliegos de los fiscales de San Lorenzo, su territorio político, le preguntaron si se oponía a que fuera elegido alguien propuesto por el Frente Progresista. Traferri respondió: no me interesa que sea radical, socialista o peronista, lo único que no quiero es que sea independiente.

La frase salió de la boca del legislador del PJ, hoy aliado a Ciudad Futura, pero es compartida por todo el sistema político. En terminología libertaria, por toda lo que hoy los libertarios llaman casta. Esto ocurre en Santa Fe y en la mayoría de las provincias, y con mayor promiscuidad en Comodoro Py, donde los magistrados son, además de todo, millonarios, como el reciente designado en la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto Ariel Lijo, uno de los organizadores de una puesta en escena que hizo la justicia federal en mayo de 2022, cuando desembarcaron todos los miembros del máximo tribunal para respaldar el trabajo de los jueces contra el narcotráfico.

En el auditorio de la facultad de derecho, sentado en la tercera fila, estaba Marcelo Bailaque. Lijo, uno de los jueces más sospechados de corrupción en la Argentina, organizó un acto para dar su apoyo a la justicia federal rosarina, que, justamente, era el problema.

Dos años después, Lijo espera que el Congreso avale el decreto de su designación en la Corte Suprema, algo improbable, y Bailaque está acusado en tres causas, y está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. En esa trama aparece otro personaje oscuro y que tuvo mucho poder en Santa Fe, como es Vaudagna, en cuyos teléfonos hay mucha información sensible que puso nerviosos a empresarios y funcionarios del Estado.

¿Por qué están nerviosos? Por primera vez en la historia reciente de Santa Fe, una investigación apunta a desentrañar maniobras corruptas y una connivencia en la que aparecen visibles un status quo intocable, narcos y una forma de actuar que se parece al conocido fórum shopping.

Cuando una causa toca los nervios del poder, el recelo por mantener una investigación en el inframundo del llamado “bajo perfil” se agiganta. En esta trama judicial todo está sujeto a una discusión permanente e insoportable que busca que la investigación no avance y se dilate. Si Casación define que la causa quede en el viejo sistema, es probable que esta investigación pase a estar dentro del 97 por ciento de los expedientes que quedan en un cajón.

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