Sin secretos y sin refugio: la semana más dura para Gastón Salmain, un juez con los días contados
El juez federal de Rosario recibió un doble golpe judicial. Le abrieron sus cuentas y movimientos financieros en una nueva causa. Y la jueza Servini de Cubría le cerró la puerta en Comodoro Py: rechazó la denuncia que había presentado contra el arrepentido que lo hundió y la remitió de regreso a Rosario.
El juez Gastón Salmain utiliza los fueros como escudo, pero las causas en su contra avanzan a paso firme.
Gastón Salmain llegó al Juzgado Federal N° 1 de Rosario en abril de 2023 con el respaldo de una red que operaba desde los pasillos del poder. Dos años y medio después, enfrenta tres frentes judiciales simultáneos, una investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura y la certeza de que cada movimiento que intenta para protegerse termina por complicarlo más. Esta semana quedó expuesto en dos flancos al mismo tiempo.
El primero: el juez de Garantías Román Lanzón, a pedido del fiscal federal Federico Reynares Solari, ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre todos los movimientos de Salmain desde su llegada a Rosario. Es la primera vez que la justicia avanza sobre su patrimonio personal.
La medida se inscribe en una nueva causa que investiga si el magistrado direccionó expedientes previsionales en beneficio de estudios jurídicos que, a cambio, habrían recibido fallos veloces y millonarios contra la ANSES. El Ministerio Público Fiscal tiene 90 días para formalizar la investigación. La calificación preliminar es incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Fernando Whpei, el empesario arrepentido que declaró contra el juez federal Gastón Salmain.
A esto se suma, que la jueza María Romilda Servini rechazó la denuncia que Salmain había presentado en Comodoro Py contra Fernando Whpei, el financista arrepentido que declaró en su contra, y la remitió al Juzgado Federal N° 4 de Rosario, donde el juez subrogante Carlos Vera Barros tiene a cargo la causa Attila. Servini no se limitó a declinar competencia. En el fallo firmado este miércoles fue tajante: “La acusación que aquí presente no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”.
Además, rechazó el pedido de Salmain de constituirse como querellante, por resultar incompatible con su condición de principal imputado. Esta dura decisión llamó la atención en los pasillos de tribunales, ya que hace tiempo, antes de ser magistrado, Salmain se habría desempeñado en un estudio jurídico con buena relación con la magistrada.
Gastón Salmain, un juez con los días contados
La estrategia de Salmain era previsible. Un juez que sabe que tiene los días contados no espera: ataca. Denunció a Whpei en Buenos Aires por supuestamente haber aportado información falsa durante su declaración como imputado colaborador ante la PROCUNAR, el 2 de octubre pasado. Eligió Comodoro Py porque la audiencia con el arrepentido se realizó en esa jurisdicción. Y porque, lejos de Rosario, el caso podría diluirse en la distancia burocrática.
La jugada no le funcionó. El fiscal federal Carlos Rívolo dictaminó en contra antes de que Servini se pronunciara. Argumentó que lo relatado por Salmain está directamente vinculado con la investigación que ya corre en Rosario. La jueza compartió esa lectura. Y fue más lejos: señaló que, dado que la declaración de Whpei ocurrió en octubre de 2025, el plazo legal de un año para corroborar su veracidad todavía está vigente. Cualquier análisis sobre sus dichos debe hacerse en Rosario, no en Buenos Aires.
La jugada le salió cara. El fallo de Servini viajó en copia al Consejo de la Magistratura, que la semana próxima pondrá sobre la mesa por primera vez esta última maniobra del juez contra su delator.
La maniobra con el dólar oficial
El núcleo de la causa Attila es conocido, pero vale repasar los números porque son elocuentes. El 5 de diciembre de 2023, a cinco días del cambio de gobierno, Salmain autorizó mediante medida cautelar a la empresa Attila Fideicomisos S.R.L. a comprar 10 millones de dólares al valor oficial, en pleno cepo cambiario. Detrás de esa firma estaba Whpei. El negocio era redondo: comprar divisas al tipo de cambio oficial para venderlas en el mercado paralelo y quedarse con la diferencia.
Según el arrepentido, Salmain y el escribano Santiago Busaniche pidieron una coima equivalente al 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue. A los precios de entonces, eso representaba alrededor de 200.000 dólares. Pero el plan se derrumbó el 13 de diciembre, cuando Javier Milei asumió y devaluó la moneda. La brecha cambiaria se pulverizó. El margen de ganancia se redujo a 19.000 dólares.
Juez federal Carlos Vera Barros
El juez Carlos Vera Barros le dictó prisión preventiva a Salmain, pero no puede ser detenido por la inmunidad que le otorga su cargo.
“Cuando llegan los fondos, Milei devalúa y eso significó solo 19.000 dólares”, declaró Whpei. “Busaniche me saca cagando y después me exigió la diferencia, amenazando con denunciar si no se pagaba”.
Por esa maniobra, Salmain está procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado. El juez Carlos Vera Barros también le dictó prisión preventiva, pero no puede ser detenido por la inmunidad que le otorga su cargo.
Una ayuda a estudios jurídicos amigos
La causa previsional agrega una dimensión distinta al caso. Desde que llegó a Rosario —donde, a diferencia de Comodoro Py, los juzgados federales tienen competencia tanto penal como civil y comercial—, los fallos de Salmain contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias se multiplicaron de manera inusual. Montos millonarios, tiempos de resolución llamativamente cortos. Tanto la ANSES como la Procuración del Tesoro detectaron patrones atípicos en la asignación y tratamiento de los expedientes.
El 25 de julio de 2025, Reynares Solari abrió de oficio un legajo para investigar si hubo “direccionamiento indebido de causas hacia ciertos actores del sistema previsional”, especialmente en beneficio de estudios jurídicos que, según la pesquisa, recibían fallos favorables con una celeridad poco habitual. Cuando fue notificado, Salmain negó toda irregularidad y se excusó de todas sus causas previsionales, una decisión que generó un colapso operativo en el fuero.
Su defensa intentó frenar el avance, alegó arbitrariedad y sostuvo que abrir sus datos personales lesionaba garantías constitucionales. El juez Lanzón zanjó la discusión con una frase que resonó en la audiencia: “No puede haber secreto cuando lo que se investiga es el uso de información privilegiada y la posible comisión de delitos contra la administración pública”.
El antecedente que quiso ocultar Salmain
Hay un dato que Salmain nunca quiso que se conociera y que, sin embargo, fue central para entender cómo llegó a donde llegó. Hace veinte años, cuando daba sus primeros pasos en la carrera judicial, fue cesanteado de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. La cesantía administrativa debería haberle impedido volver a la judicatura. Pero Salmain omitió ese antecedente en los concursos en los que participó, y esa omisión le permitió que la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego en dos oportunidades distintas.
El Consejo de la Magistratura tomó nota de ese antecedente en julio de 2025 y abrió una investigación paralela. Hoy, la Comisión de Acusación tiene sobre la mesa todas las causas en su contra y estudia si debe avanzar hacia el jury de enjuiciamiento. Los consejeros esperan que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario —presidida este año por Aníbal Pineda— confirme el procesamiento de la causa Attila antes de dar ese paso. La instructora del sumario es la consejera María Alejandra Provítola.
El caso Salmain no puede leerse de manera aislada. Forma parte de una crisis más profunda que el escándalo Bailaque expuso en toda su dimensión. Marcelo Bailaque, ex juez federal de Rosario, llegó a juicio oral acusado de haber montado una estructura delictiva desde su despacho para favorecer causas vinculadas al narcotráfico y el lavado de dinero. Los fiscales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares Solari le pidieron diez años de prisión. A su esposa Silvina Marcuzzi, cuatro años.
El hilo que conecta ambos casos tiene nombre y apellido: Santiago Busaniche. El mismo lobista judicial que aparece en la causa Attila como coimputado de Salmain es uno de los condenados en el caso Bailaque. Y según Whpei —quien también declaró contra Bailaque, asegurando haberle entregado 40.000 dólares en una caja de vino— fue el propio Busaniche quien, valiéndose de contactos con senadores nacionales, impulsó la designación de Salmain como juez federal en Rosario en 2023.
La trama es la misma. Los actores se repiten. Solo cambian los despachos. Salmain puede seguir usando los fueros como escudo. Puede seguir denunciando a su delator. Puede seguir presentando escritos en juzgados lejanos. Pero la red que lo llevó a Rosario se deshace expediente a expediente.
