Según lo informado por la ministra Sandra Pettovello, esta medida surge como respuesta a una investigación llevada a cabo por el fiscal federal Guillermo Marijuán, que identificó un total de 9.413 casos con "incompatibilidades" con los requisitos del plan. Esto llevó a la cancelación de la acreditación del Potenciar Trabajo para 4.588 personas, mientras que otras 4.825 se encuentran actualmente bajo evaluación y podrían correr la misma suerte.
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Desde La Libertad Avanza, se denunciaron las irregularidades detectadas en el programa y se ordenó la suspensión del cobro para los titulares involucrados. Estas acciones, según declaraciones, buscan poner fin a la utilización política del programa y garantizar su correcta implementación para quienes realmente lo necesitan.
En total, más de 9.000 empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrían verse afectados por esta medida, representando un gasto anual de $84 millones según los cálculos del fiscal.
Las incompatibilidades detectadas incluyen, entre otras, la existencia de un empleo formal registrado, excepto para trabajadores temporarios o estacionales. Esta situación generó preocupación en diversas regiones del país, donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios potenciales, como Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Jujuy y muchas otras provincias.
