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El Gobierno designó veedores en la AFA y abre una auditoría por 180 días

El Ministerio de Justicia ordenó una veeduría por seis meses sobre la AFA. Revisarán balances, contratos y movimientos financieros de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El Gobierno nacional dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el objetivo de auditar balances, contratos y movimientos financieros de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida fue firmada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, luego de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que venía solicitando documentación contable y administrativa vinculada al funcionamiento de la asociación.

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Según la resolución, los veedores designados tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, contratos comerciales y documentación financiera de la entidad con sede en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes son los veedores y qué investigarán en la AFA

El Gobierno designó como veedores al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes deberán elaborar un informe final sobre la situación administrativa y financiera de la AFA.

Entre los puntos que estarán bajo revisión figuran:

  • Los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025.
  • El cumplimiento del pago de impuestos, aportes y contribuciones previsionales.
  • La documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
  • Relaciones comerciales con empresas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

Los veedores también podrán presentar informes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes durante el proceso de revisión.

CLAUDIO TAPIA

La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a pedido de la Inspección General de Justicia.

La Inspección General de Justicia y el conflicto con la AFA

La resolución se apoya en objeciones previas de la Inspección General de Justicia, que había cuestionado que la AFA no entregó información solicitada sobre el ejercicio 2025 ni sobre el funcionamiento de la Universidad de la AFA.

Además, el organismo criticó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, una decisión que calificó como “ficticia”, al considerar que la asociación continúa bajo la jurisdicción de la IGJ.

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El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA escaló en las últimas semanas. Desde la entidad encabezada por Tapia rechazaron la medida, la calificaron como una “veeduría ilegítima” y anticiparon que buscarán frenar su aplicación en la Justicia.

Aunque la decisión no implica una intervención plena, sí abre un proceso formal de auditoría sobre uno de los centros más sensibles del negocio del fútbol argentino, cuyos resultados podrían derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una disputa judicial más profunda.

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