Auditorías y recortes en discapacidad: el reclamo central
Uno de los principales cuestionamientos se centra en las cartas de auditoría enviadas a personas con discapacidad en distintas provincias, donde se les exige volver a certificar su condición para seguir accediendo a beneficios y prestaciones.
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“Es un atropello muy grande. Nosotros tenemos nuestra discapacidad certificada, pero ahora el gobierno nos pide que la volvamos a demostrar. Nos están vulnerando nuestros derechos”, expresó Estela, una de las manifestantes presentes en el lugar. Además, señaló que en muchos casos los plazos para presentar la documentación son extremadamente cortos, lo que pone en riesgo la continuidad de las ayudas económicas.
La falta de insumos y la burocracia médica complican la atención
Otro de los puntos críticos denunciados es la falta de medicación e insumos en hospitales y centros de salud. "No conseguimos turnos médicos, hay demoras de hasta seis meses para ver a un neurólogo. No hay medicamentos ni insumos básicos, como las tapitas para traqueotomía. Nos pasamos pidiendo ayuda entre nosotros", explicó Alejandra Barreto, integrante de un colectivo de pacientes con enfermedades poco frecuentes.
Según la denunciante, la crisis impacta tanto a quienes dependen del sistema público como a aquellos con obra social, ya que muchas personas han dejado de poder costear consultas privadas y se vuelcan a los hospitales públicos, generando colapso en el sistema sanitario.
Más de un millón de personas afectadas en el país
Según estimaciones de las agrupaciones presentes, en Argentina hay más de 1.300.000 personas con discapacidad, de las cuales una gran parte recibe algún tipo de pensión. Solo en la ciudad de Santa Fe, se habrían enviado más de 20.000 notificaciones para que las personas presenten nuevamente su documentación.
"Hay localidades que recibieron más de 500 citaciones de personas con discapacidad. Esto no es una pensión por discapacidad, es un derecho que se está vulnerando. La responsabilidad es de los legisladores que no hicieron bien su trabajo y ahora están perjudicando a los más vulnerables”, criticó uno de los manifestantes.
Un llamado a la acción: piden respuestas a nivel nacional y provincial
Desde el sector denuncian que el ajuste a nivel nacional repercute en todas las provincias, afectando a miles de familias que dependen del sistema de salud pública y de las prestaciones sociales. “No queremos limosnas, queremos inclusión, educación, acceso a la salud y una vida digna. Somos ciudadanos como cualquier otro, con derechos que no pueden ser negociables”, enfatizó una de las asistentes.
Mientras las protestas continúan, las familias siguen esperando respuestas concretas de las autoridades para frenar el impacto del ajuste en la comunidad con discapacidad.
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