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El eje del conflicto radica en una serie de modificaciones que, según explicó la funcionaria, representan un retroceso en materia de derechos. Entre los principales puntos cuestionados aparece la desregulación del nomenclador, que actualmente establece valores y criterios para las prestaciones. “Lo que propone este proyecto es desregularlo y esto implica que el sistema quede librado a la discrecionalidad”, sostuvo durante una entrevista en el programa "Ahora Vengo".
Otro aspecto crítico es el cambio en el esquema de pensiones. Ottolini señaló que la propuesta nacional “vuelve a atar a las pensiones a una lógica de invalidez laboral”, eliminando el enfoque de protección social por discapacidad. “Esto lo entendemos como un retroceso y como desconocer las barreras reales a las que se enfrentan las personas con discapacidad ”, agregó.
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A esto se suma la preocupación por el traslado de responsabilidades hacia las provincias, en un contexto donde la demanda crece y los recursos son cada vez más exigidos. “Hoy somos las provincias quienes tenemos que estar presentes frente al corrimiento de responsabilidades por parte del Estado Nacional”, remarcó.
La situación se agrava con los problemas en la cadena de pagos. Desde Santa Fe denunciaron demoras significativas en el programa Incluir Salud. “Hay prestadores que el último mes que cobraron fue octubre”, indicó Ottolini, y explicó que la reestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad generó un corte en los pagos.
Las consecuencias ya se sienten en el territorio. “Esto generó en algunas instituciones incluso el cierre, en otras el peligro de cierre y la falta de pagos a los trabajadores”, advirtió. En paralelo, también se registran demoras en autorizaciones de prestaciones y entrega de insumos. “Hay personas que están hace un año esperando que les autoricen una prestación”, denunció.
El impacto es significativo en la provincia. Según datos oficiales, en Santa Fe hay 120.000 personas con certificado de discapacidad y 358 servicios habilitados, entre centros de día, hogares, espacios educativos y equipos de apoyo. “El impacto es enorme”, sintetizó la funcionaria.
En este contexto, el gobierno provincial decidió intensificar los reclamos ante Nación y asumir un rol activo en los espacios de debate. Santa Fe, además, coordinará la comisión de accesibilidad dentro del Cofedis, desde donde buscará impulsar propuestas y soluciones concretas.
Mientras tanto, la expectativa está puesta en que se regularicen los pagos y se abra una instancia de diálogo real. “Esperamos que continúen con la cadena de pagos y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió”, expresó Ottolini.
