El Gobierno nacional de Javier Milei habilitó durante las sesiones extraordinarias un paquete de iniciativas con prioridad parlamentaria. La mayoría avanzó: la nueva Ley Penal Juvenil, el tratamiento vinculado al Acuerdo Mercosur - Unión Europea y la Reforma Laboral lograron superar el trámite legislativo previsto. Sin embargo, la modificación a la Ley de Glaciares fue la única ley de peso que el Gobierno no logró sancionar durante este período.
El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), pretendía abrir el debate y firmar dictamen en una misma reunión de comisión para llevar el texto al recinto en cuestión de días. El plan original contemplaba votar la iniciativa la semana siguiente o, a más tardar, el 19 de marzo. Pero la estrategia debió modificarse ante el reclamo de distintos bloques opositores que exigieron la convocatoria a audiencias públicas de carácter federal.
El freno en Diputados
La discusión se dio en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados de LLA José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
Antes de que comenzara formalmente el debate, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que reclamaría la realización de audiencias públicas previas a la firma del dictamen. Fundamentó su pedido en el artículo 41 de la Constitución Nacional —que establece el derecho a un ambiente sano y la potestad del Congreso para dictar leyes de presupuestos mínimos—, en la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
Ante la advertencia de una eventual judicialización si se avanzaba sin ese paso previo, el oficialismo accedió. La decisión implicó retroceder en la intención de acelerar el trámite y abrió una instancia de participación ciudadana que dilata el cronograma legislativo.
El Senado ya había aprobado el proyecto con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. Si las audiencias derivaran en modificaciones al texto, la iniciativa debería volver a la Cámara alta para su revisión.
Cómo serán las audiencias públicas para debatir la nueva Ley de Glaciares
El plenario acordó convocar a audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo. Según detalló Nicolás Mayoraz, se realizarán de 10 a 19 horas: la primera jornada será presencial en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara de Diputados y la segunda, de manera remota, con el argumento de “garantizar el requisito federal”.
Desde la oposición, se plantearon diferencias sobre el formato. Unión por la Patria (UxP) propuso un criterio federal más amplio, incluso con la posibilidad de realizarlas en provincias involucradas por la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas. Finalmente, las audiencias se desarrollarán en el Congreso, con modalidad mixta.
El plenario acordó convocar a audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo. Según detalló Nicolás Mayoraz, se realizarán de 10 a 19 horas.
Al respecto, la diputada Sabrina Selva (UxP) afirmó que “estamos todos de acuerdo en la realización de las audiencias públicas”, aunque planteó diferencias “en cómo deberían llevarse adelante”. “La audiencia pública deberá ser pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta ley”, expresó. Y propuso que “se habilite la participación en serio de los ciudadanos de todas las provincias, para garantizar que todos puedan tener voz en el debate”.
En tanto, desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro exigió: “las audiencias públicas las cuales deben realizarse en una cierta cantidad de días en Buenos Aires con un claro criterio federal de participación de las provincias”.
Las exposiciones tendrán una duración estimada de cinco minutos por orador, con posibilidad de redistribuir tiempos según la cantidad de inscriptos. También se admitirán presentaciones escritas hasta el mismo día de la audiencia.
Qué establece la ley vigente
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Incluye además al ambiente periglacial como área protegida por su función de regulación hídrica.
El artículo 6 prohíbe, en esas zonas, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el manejo de sustancias tóxicas.
La norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada cinco años como máximo y está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Qué propone cambiar el Ejecutivo
El proyecto impulsado por el Gobierno redefine el objeto de protección. Mientras la ley vigente resguarda a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, la reforma acota esa tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas.
Además, propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles podrían habilitarse actividades extractivas, como la minería.
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior.
Inventario Nacional de Glaciares
Especialistas en derecho ambiental advierten que este esquema podría entrar en tensión con el artículo 41 de la Constitución, que faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos ambientales de alcance nacional que las provincias no pueden reducir. Con el nuevo criterio, el piso de protección quedaría sujeto a la evaluación provincial sobre la relevancia hídrica de cada glaciar, lo que podría generar conflictos entre jurisdicciones.
El rol de las provincias y el IANIGLA
Otro punto central es la redistribución de competencias. El proyecto otorga mayor intervención a las provincias en la delimitación de áreas periglaciares y en la aprobación de estudios de impacto ambiental. En esa línea, se apoya en el artículo 124 de la Constitución, que establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.
La iniciativa también modifica el rol del IANIGLA en la elaboración y actualización del inventario, ampliando la injerencia provincial sobre esa información técnica.
Una ley que quedó fuera del paquete
Con la convocatoria a audiencias públicas, el oficialismo perdió la posibilidad de cerrar el trámite en sesiones extraordinarias. A diferencia de otras iniciativas priorizadas por el Ejecutivo, la reforma a la Ley de Glaciares quedó sujeta a una nueva instancia de debate y a un calendario legislativo que podría extenderse.
El Presidente, Javier Milei, agradeció en la Apertura de Sesiones Ordinarias la aprobación de las leyes de Reforma Laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El resultado de las audiencias no es vinculante, pero su desarrollo marcará el próximo paso de un proyecto que, hasta ahora, fue el uno de los pocos del temario extraordinario que no logró avanzar según el cronograma previsto por el Gobierno.
