Luego de la condena a los excomandantes de las Fuerzas Armadas en 1985, los organismos de Derechos Humanos y cierto sector de la justicia pretendían seguir con los juicios a los genocidas, pero la presión de los militares se hizo notar.
Luego de la condena a los excomandantes de las Fuerzas Armadas en 1985, los organismos de Derechos Humanos y cierto sector de la justicia pretendían seguir con los juicios a los genocidas, pero la presión de los militares se hizo notar.
POR MAXIMILIANO DUFFORT
El juicio a las Juntas Militares en Argentina en 1985 contó con el acompañamiento generalizado de la sociedad y tuvo reconocimiento mundial. Sin embargo, los represores pretendían que los procesos judiciales a los rangos medios y bajos no avancen. Raúl Alfonsín se encuentra con la presión del Ejército de “cerrar la cosa” y decir “hasta acá llegamos”.
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Incluso, a principios de 1986 hubo instrucciones al Ministerio Público para bajar la intensidad y encausar las denuncias solamente cuando había elementos contundentes.
“A fines del 1986 la situación estaba bastante tensa. La salida de eso será la ley de punto final. Lo que intenta hacer es limitar la posibilidad de abrir nuevos juicios. Lo que llegó a la etapa de instrucción se avanza, y lo que no, se terminó”, comentó a AIRE el historiador Luciano Alonso.
Los motivos para esa ley fueron la reconciliación nacional y las bases de un gobierno duradero.
Al igual que había ocurrido con la Conadep, la postura de los organismos de derechos humanos ante el Juicio a las Juntas había sido diversa según el caso. Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, lo había recibido con escepticismo, ya que lo consideraba una estrategia para clausurar un proceso de judicialización que debía ser más abarcador y alcanzar a todos los perpetradores.
En sus publicaciones, las Madres subrayaban los límites del Juicio, llamándolo “el juicio a los nueve”. Sin embargo, más allá de las reservas, el movimiento de derechos humanos había acompañado y defendido el debate en la Cámara Federal: al fin y al cabo, un logro que se había alcanzado frente a quienes promovían la amnistía y un posible disparador para ir luego por “todos los culpables”.
En la perspectiva de los organismos, y en especial de las Madres y la APDH, el proceso establecía un piso mínimo de justicia que luego habría que elevar.
En parte por esa expectativa inicial, la sentencia de los jueces decepcionó a los organismos, que esperaban penas más duras y sin absoluciones. Las Madres interpretaron el fallo como la confirmación de sus sospechas iniciales.
En la lectura de la organización, la sentencia era el instrumento inaugural de un programa político de clausura del pasado y garantía de la impunidad.
Abuelas, que hasta entonces no se había pronunciado sobre el proceso y había suscrito al apoyo con reservas que había ofrecido el movimiento en su conjunto, cuestionó el fallo en general y repudió particularmente la absolución de todos los procesados por sustracción de menores, un delito de lesa humanidad que quedaría por años entre las cuentas pendientes de la Justicia.
La fecha límite para el avance de los procesos fue febrero de 1987. Eso fue contraproducente porque a finales de diciembre de 1986 y febrero de 1987, los organismos empezaron a activar un gran número de expedientes. Los fiscales hicieron lo mismo. En ese contexto es cuando el ala dura del Ejército empezó a tener protagonismo.
Así se llegó al autoacuartelamiento de Semana Santa. A 40 años de ese hecho, el análisis de la situación sostiene que no había posibilidad estructural de un golpe de Estado, pero en ese momento no se sabía.
Las Fuerzas Armadas no tenían estructura para afrontar un golpe, y además, no eran todas las FF.AA. las que presionaban. Tampoco había apoyo civil a los militares y los grandes medios no estaban avalando esas vías.
“En ese momento, el miedo estaba latente porque la violencia no desaparece de la noche a la mañana. En esos momentos, hubo muchas amenazas. Hubo amenazas de bombas en cines y se intentaron suspender las audiencias de los juicios. Hubo amenazas contras Alfonsín”, explicó Alonso.
“El autoacuartelamiento fue tenso porque Campo de Mayo estaba rodeado de civiles. Y el gobierno temía que haya encontronazos, que haya muertos y derramamiento de sangre. Había una presión muy grande. En ese contexto, se produce negociación entre Alfonsín y los militares”, dijo Alonso, y agregó: “Alfonsín fue el garante de esa negociación”.
Respecto a la actitud de la sociedad frente a la presión de los militares, el historiador señaló que “hubo miedo, por un lado, pero hubo entusiasmo popular. La gente está en la calle y está frente a Campo de Mayo puteando a los milicos. Ese es el riesgo”.
El contexto de tensión tuvo salida con la aprobación, en mayo, de la ley de obediencia debida.
Alonso calificó ese hecho como “una de cal y una de arena, en términos de negociación”, ya que la misma semana que se aprobó la ley de obediencia debida, se aprobó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es lo que ayuda a encontrar a los hijos de desaparecidos.
Luego, entre 1987 y 1989, hubo idas y vueltas con acuartelamientos e intentos para que la Corte tome el tema mediante un persaltum. Esas gestiones no funcionaron y después llegó Menem con los indultos, que termina con la libertad de los ex comandantes enjuiciados. “No quita las condenas, pero les da la libertad”, explica Alonso.
Pese a las leyes de obediencia debida y de punto final benefició con la libertad a los genocidas, existe un elemento interesante: esas leyes no involucraron el delito de apropiación de niños.
No fue prevista su exculpación. Es por eso que, en 1998, varios años antes de la derogación delas leyes por parte del gobierno de Néstor Kirchner, Jorge Videla y Emilio Massera terminaron presos y no salieron más: fueron presos por la apropiación ilegal de niños.