La reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia en la protección del ambiente periglacial
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares redefine áreas protegidas y habilita actividad minera en zonas periglaciares.
La iniciativa le otorga a los gobernadores atribuciones para definir cuales son las zonas periglaciares, en las cuáles se pueden permitir inversiones mineras
La Cámara de Diputados se encamina a debatir una reforma clave de la Ley de Glaciares, que podría modificar el esquema de protección ambiental vigente desde 2010.
El proyecto, impulsado por el Gobierno junto a gobernadores de provincias mineras, busca habilitar inversiones en zonas periglaciares y redefinir qué áreas quedan bajo resguardo.
Qué cambia en la protección del ambiente periglacial
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que se flexibilizan las restricciones sobre el uso de zonas periglaciares, que hasta ahora contaban con mayores niveles de protección.
La reforma propone:
Permitir exploración y explotación minera en estas áreas
Eliminar la prohibición automática de actividades extractivas
Exigir evaluaciones de impacto ambiental para habilitar proyectos
De este modo, se abre la puerta a desarrollos económicos en territorios que antes estaban limitados.
Ley de glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia en la protección del ambiente periglacial
Más poder para las provincias
El proyecto también plantea un cambio de fondo en la gestión ambiental: las provincias tendrán mayor autonomía para definir qué zonas proteger.
Esto implica una reducción del control del Estado nacional y un rol más activo de los gobiernos provinciales en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales.
Entre los principales impulsores figuran mandatarios de distritos con fuerte desarrollo minero, interesados en atraer inversiones a través de este nuevo marco regulatorio.
La ley vigente, sancionada en 2010, estableció un sistema de protección para glaciares y zonas periglaciares, fundamentales para el abastecimiento de agua en gran parte del país.
Con la reforma, el criterio cambia: si no se demuestra científicamente que una zona cumple una función hídrica relevante, podría habilitarse para su explotación.
El debate en Diputados se da en un contexto de tensión entre la necesidad de impulsar inversiones y las advertencias de sectores ambientales sobre el impacto en ecosistemas estratégicos.
