El fiscal Ramiro González impulsó la investigación tras una denuncia de Marcela Pagano.
El fiscal Ramiro González impulsó la investigación tras una denuncia de Marcela Pagano.
El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.
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El fiscal impulsó la investigación para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados.
La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano.
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De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
Además, González remarcó que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisaba si los gastos fueron realizados con un único plástico o con tarjetas adicionales.
El fiscal también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos observados en el informe.
En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.
También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado.