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El dato que explica el paro universitario: los docentes perdieron 55% de poder adquisitivo en dos años y medio

La UNL difundió un informe sobre la pérdida salarial de los docentes. El sindicato ADUL justifica el paro porque la caída presupuestaria “no tiene precedentes”.

Las universidades públicas de todo el país atraviesan un nuevo paro de actividades –que se extenderá toda la semana–, mientras docentes y directivos unen fuerzas para reclamarle al Gobierno de Javier Milei que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en agosto de 2025 por el Congreso de la Nación.

Aquella normativa, que el Poder Ejecutivo se resiste a aplicar, ordena una recomposición salarial para poner en línea los ingresos de los trabajadores universitarios con los aumentos de precios medidos por el INDEC. Los sindicatos docentes sostienen que la equiparación de los sueldos con la inflación, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, debería ser de un 55,5 % sobre el salario de marzo de este año.

Ese dato coincide con las conclusiones de un informe reciente, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que expone la profunda pérdida salarial de los docentes, no docentes y directivos en los casi dos años y medio de gestión de Milei.

Ese informe recuerda que la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, aprobada 2025, se encuentra formalmente vigente, pero no se está cumpliendo. En cambio, el Gobierno nacional envió a las cámaras un nuevo proyecto de financiamiento que modifica la normativa sancionada el año pasado.

Perdida salarial docentes universitarios fuente FCE-UNL

Ese es el trasfondo del nuevo paro universitario que comenzó el lunes y se extenderá hasta el jueves, víspera del feriado nacional por el Día del Trabajador. Desde los sectores gremiales anticipan que, si no hay un viraje en las políticas oficiales, habrá nuevas medidas de fuerza.

Frente a ese escenario, el Gobierno nacional salió este lunes con una fuerte advertencia hacia el conjunto de la comunidad universitaria. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, intimaron a los rectores de las universidades nacionales “a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios” y pusieron en duda la continuidad de los fondos –incluso ajustados por los recortes presupuestarios– si no se levantan las medidas de fuerza: “El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.

El informe de la UNL sobre los salarios universitarios

El estudio difundido por la UNL analiza la caída del poder adquisitivo docente, su deterioro frente al resto de los trabajadores del sector público y privado y el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema universitario. Fue presentado el pasado 15 de abril, durante la jornada nacional “La Universidad no se apaga”.

Según ese informe, entre 2023 y 2025 el financiamiento universitario registró una caída real del 28,9%, en un contexto en el que más del 87% del presupuesto se destina a salarios. En el caso de la UNL, el 96% de los recursos que recibe del Tesoro Nacional se destinan a este concepto.

Liliana Dillon - Decana FCE - UNL 1

Liliana Dillon, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrectora de la UNL.

Esta situación impactó de manera directa en los ingresos del sistema: el salario docente perdió aproximadamente un 35,7% de su poder adquisitivo y hoy se ubica muy por debajo de su valor real respecto de diciembre de 2023.

A su vez, el estudio advierte un rezago creciente frente a otros sectores, tanto públicos como privados. La magnitud de la pérdida se refleja en los ingresos actuales: hoy los salarios docentes se ubican muy por debajo de los niveles necesarios para sostener su poder adquisitivo y brecha se amplía con el tiempo.

“Lo que estamos viendo es un deterioro sostenido del salario universitario que lo va alejando cada vez más de otros sectores de la economía”, señaló la decana de Ciencias Económicas y vicerrectora de la UNL, Liliana Dillon. “Hoy un docente cobra apenas una parte de lo que debería percibir para sostener su poder adquisitivo. Este informe pone en números esa pérdida y permite dimensionar su impacto real en el sistema universitario”.

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El trabajo analiza escenarios a futuro. De cumplirse la ley vigente, los salarios deberían recomponerse en un 55,5% para recuperar su poder adquisitivo. Sin embargo, el informe advierte que, de avanzar el nuevo proyecto del Ejecutivo, esa recuperación no solo no se alcanzaría, sino que la pérdida podría profundizarse, consolidando salarios que representarían apenas entre el 64% y el 67% del nivel que deberían tener.

“Cuando se deteriora el salario docente, no solo se afecta a quienes trabajan en la universidad, sino también la calidad del sistema en su conjunto. La universidad pública necesita condiciones que permitan sostener su funcionamiento, su capacidad académica y su rol en el desarrollo del país”, afirmó Dillon.

La calidad educativa, en jaque

Este lunes, en diálogo con el programa Santa Siesta por AIRE, la vicerrectora amplió su mirada sobre el conflicto: “Si uno mira en perspectiva, la cuestión del salario y del financiamiento no es nueva. Siempre hubo etapas mejores y peores. Pero en los últimos dos años se produjo un corrimiento: la universidad dejó de ser vista como parte de la solución y pasó a ser colocada del lado del problema”.

“Tenemos un retraso muy fuerte –continuó–. Cuando uno lo baja a tierra, hay categorías iniciales, como la de jefe de trabajos prácticos con dedicación simple, que en febrero de 2026 cobraron alrededor de 200 mil pesos de bolsillo. Cuando esto se cuenta en el aula, los estudiantes no lo pueden creer”.

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Los docentes universitarios llevan adelante un nuevo paro de actividades que se extenderá toda la semana. (Foto de archivo)

Más de la mitad de los docentes universitarios se encuentran en esas categorías iniciales, lo que genera dificultades para sostener los equipos académicos. “Hay materias donde los estudiantes ya cambiaron de profesor varias veces. Eso no es una declaración, es algo que está pasando”, indicó Dillon.

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas advirtió que el deterioro salarial no solo impacta en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, sino también en la calidad educativa: “Cuando se deteriora el salario docente, se resiente todo el sistema” resumió.

“No es ajuste: es destrucción”, dicen los docentes

En diálogo con AIRE, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) y secretario adjunto de Conadu Histórica, Oscar Vallejos, señaló que “la pérdida salarial y presupuestaria han llegado a un punto sin precedentes”.

Según el dirigente gremial, el problema no se explica por una política de ajuste fiscal sino por una decisión política de la Casa Rosada orientada a “destruir” el sistema universitario. “No son políticas de ajuste fiscal las que nosotros estamos padeciendo; es una política de destrucción de todas las agencias estatales vinculadas con el bienestar social y la puesta en vigor de las agencias estatales vinculadas a la represión, la inteligencia y las garantías del tipo de capitalismo que el Gobierno busca, asociado a un proyecto de financiarización extrema de la economía”, sostuvo Vallejos.

Oscar Vallejos ADUL gentileza Periodico Pausa

Oscar Vallejos, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral y secretario adjunto de Conadu Histórica.

El referente docente recalcó: “No estamos ante una política de ajuste fiscal. Eso es parte es la retórica que el Gobierno usa para encubrir el verdadero sentido de las políticas que impulsa. Es una destrucción sistemática de todos los resortes que tiene el Estado para garantizar el bienestar social”.

Además, el líder de ADUL cuestionó los indicadores de Nación –como el índice de precios del INDEC– que se utilizan para calcular el atraso salarial del sector: “El modo de medir la inflación no es solo técnicamente insatisfactorio; es un mecanismo decididamente establecido para medir mal la inflación. El compromiso que el Gobierno asumió con el FMI para cambiar el modo de medir la inflación, por orden del presidente Milei, fue dejado de lado. Por lo tanto, la inflación es mucho mayor de lo que mide ese índice”.

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“Aun así, con ese índice mentiroso, en el mes de marzo la inflación fue del 3,4% y el incremento salarial para este mes va a ser del 1,7%. La política salarial que el Gobierno implementa está claramente destinada a dañar el aspecto fundamental de la Universidad, que es el sistema de reproducción del conocimiento que los cuadros académicos llevamos adelante”, concluyó.

La advertencia del Gobierno nacional

El lunes, en el inicio de una nueva semana de medidas de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó a los rectores de las universidades públicas a que tomen medidas “para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes”.

“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país –dice el comunicado–. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.

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Por último, desde el Gobierno nacional adelantaron que, si continúan las medidas de fuerza, podrían cortar de cuajo el financiamiento para las universidades públicas: “La situación reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.

Ley de Financiamiento Universitario: el informe de la UNL

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