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Créditos a funcionarios del Gobierno nacional: legisladores piden explicaciones por montos millonarios

“Queremos entender cómo fue la operatoria y si hubo algún tipo de trato privilegiado”, mencionó el diputado nacional Esteban Paulón.

El diputado nacional por Santa Fe, del espacio Provincias Unidas, Esteban Paulón, puso en discusión el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios del Gobierno nacional y planteó dudas sobre las condiciones en que fueron concedidos. A partir de un relevamiento de datos oficiales, el legislador advirtió sobre montos por encima de los habituales y promovió un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones.

Un pedido de informes en marcha

En diálogo con AIRE, en el programa Una Tarde a la Vez, Paulón confirmó que se presentó un pedido de información pública dirigido al Banco Nación y al Banco Central. El objetivo es conocer en detalle cómo se otorgaron créditos hipotecarios a determinados funcionarios y si existieron condiciones diferenciadas respecto del resto de la población.

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Queremos entender cómo fue la operatoria y si hubo algún tipo de trato privilegiado ”, explicó. El planteo surge luego de detectar, a partir de la central de deudores del Banco Central, un conjunto de créditos de alto monto vinculados a funcionarios y personas cercanas al oficialismo.

Las particularidades de los créditos observados

Según el diputado, los datos muestran una diferencia significativa entre los créditos otorgados habitualmente y los detectados en este grupo. “El Banco Nación tiene la mayor parte de sus créditos entre 60 y 80 mil dólares, con promedios de 100 o 110 mil. Sin embargo, aparecen casos de 250 mil dólares para arriba, incluso más de 400 mil ”, detalló.

En ese sentido, sostuvo que de los 50 créditos hipotecarios de mayor monto otorgados por la entidad, alrededor del 60% corresponderían a funcionarios o personas vinculadas a La Libertad Avanza. Además, indicó que algunos beneficiarios no cumplirían con requisitos habituales, como la antigüedad laboral o la relación entre ingresos y capacidad de pago.

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Paulón evitó afirmar la existencia de delitos, pero remarcó la necesidad de revisar el proceso. “ No estamos diciendo que haya un ilícito, pero sí que el otorgamiento debe haber sido en base a las mismas condiciones que para cualquier persona ”, señaló.

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