Consejo de la Magistratura: la comisión de acusación investigará a Maraniello por abuso sexual y maltrato laboral
La medida fue aprobada por nueve votos afirmativos durante la reunión de la comisión de Disciplina. También se analizaron otros casos y resoluciones.
La comisión de Disciplina, que preside el abogado César Grau, había postergado el miércoles pasado la decisión de la unificación de los expedientes y el pase a Acusación.
Patricio Maraniello, el juez Civil y Comercial federal que cobró notoriedad pública por dictar una medida cautelar en torno a supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, comenzará a ser investigado por la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, por las denuncias en su contra por abuso sexual y maltrato laboral.
La decisión fue tomada este miércoles por la comisión de Disciplina, en donde habían sido enviados inicialmente los expedientes, y supone el entendimiento de los consejeros de las graves imputaciones en su contra que, de acreditarse, merecen sanciones graves.
El Consejo de la Magistratura investigará a Maraniello por abuso sexual y maltrato laboral
La comisión de Disciplina, que preside el abogado César Grau, había postergado el miércoles pasado la decisión de la unificación de los expedientes y el pase a Acusación. El presidente de Acusación, el senador Luis Juez, había advertido en ese encuentro que no había en todo el Consejo un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí.
No solo declaró la víctima que denunció el abuso sexual sino también sus compañeros y hasta dos jueces camaristas, superiores a Maraniello, que advirtieron que “nunca” habían visto “nada igual” y hasta detallaron un código de vestimenta que el magistrado imponía a sus empleados, de tacos y minifalda, que llevaba a que “en radio pasillo” las llamaran “las azafatas de Maraniello”.
consejo de la magistratura sesión
En el encuentro también se analizaron otros casos y resoluciones.
Este miércoles, en una nueva reunión, finalmente se votó la unificación de denuncias y el pase a la comisión de Acusación, con nueve votos afirmativos. Levantaron la mano Grau y Juez, junto a los senadores Eduardo Vischi (UCR), Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara (ambos del FdT), el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. El único que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, que insistió en no dejar asentado el precedente de la unificación de denuncias.
Afuera quedó una denuncia contra Maraniello, más reciente, por el retardo en la habilitación de feria por un amparo de salud, trámite que continuará en Disciplina y que tenía otra raíz diferente al tenor de las otras imputaciones.
Continúa adelante el sumario contra la jueza María Eugenia Capuchetti
En tanto en una votación ajustada que desempató Grau como presidente, la comisión también resolvió rechazar el pedido de nulidad de todo el sumario contra la jueza María Eugenia Capuchetti, en la denuncia que impulsó en su contra el kirchnerismo por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner y su eventual responsabilidad en el borrado del teléfono del celular de Fernando Sabag Montiel, el autor confeso del ataque.
Capuchetti pedía la nulidad de todo lo actuado porque se había avanzado en el trámite en su contra y hasta convocado a testigos, sin haber sido notificada por el llamado artículo 11 del reglamento, el que le permite al magistrado saber de la investigación en su contra y hacer presentaciones o planteos.
Ahí los consejeros jueces Barroetaveña, Díaz Cordero y Provítola, junto a Vischi y Galderisi votaron en favor de Capuchetti, pero perdieron ante la decisión de Juez, Lugones, Pilatti, Recalde y Grau, cuyo voto –en su rol de presidente- valía doble.
Los honorarios profesionales de los abogados y la postura judicial
La discusión que más tiempo insumió a la reunión, sin embargo, fue la que planteó un escenario entre jueces vs abogados. Es la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi, que viene declarando de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados.
A su criterio, esa norma, que ata el cálculo de los honorarios a la remuneración de los jueces federales, es "inequitativa" y por lo tanto ordena no aplicarla. Esos fallos generaron la denuncia del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires.
La abogada Jimena Latorre, que no integra la comisión, reclamaba que se hicieran medidas de prueba contra el magistrado. Según dijo quería que se expusiera si existía “un patrón” de conducta del juez que no aplica esa ley “porque no le gusta”.
El juez Lugones, al que luego acompañaron los otros jueces, rechazó el pedido. “Es una resolución jurisdiccional, tiene todas las vías recursivas ante el superior y en consecuencia no causó gravamen. Voy a reivindicar el derecho de los magistrados de considerar que una norma no es adecuada o aplicable. Tenemos el derecho y la obligación de decretar la inconstitucionalidad de las normas que así se consideren. No puedo cuestionar a un magistrado por eso, me guste más o me guste menos. Si un magistrado tiene que pensar si algo le va a gustar o no a los consejeros estamos en problemas, no necesitamos jueces que sean coartados en sus decisiones”, dijo.
De la torre insistió: “No se trata si es contenido de sentencia o no, sino de juzgar si obró conforme a las normas de interpretación razonable. Sistemáticamente resuelve y sistemáticamente la Cámara lo revoca con argumentos muy firmes diciéndole que está realizando un activismo judicial y busca reemplazar al legislador. Acá no queremos afectar la independencia judicial”.
Provítola también insistió el dictamen de los jueces y reclamó respeto a la decisión jurisdiccional. “Aunque sea revocada, su decisión no es invalida. Si no, cada vez que haya una cuestión jurisdiccional, para eso están los recursos y el apartamiento de los jueces. El peligro es que estamos analizando contenido de sentencia”, dijo.
La consejera Fernanda Vázquez opinó también en su condición de abogada: “Acá nadie quiere perseguir a los jueces sino analizar si hubo una decisión aislada o un patrón sistemático. No veo acá una excursión de pescas”. El representante de la abogacía Alberto Maques también acompañó: “No se trata de enfrentamiento, no existe”. Galderisi también apoyó.
“Esto no es una guerra entre abogados y jueces. Es un tema muy sensible, no hay que plantearlo como una guerra”, dijo Grau.
Finalmente, se aprobó citar al CPACF para que opine en defensa de la dignidad profesional y los intereses colectivos de la matrícula y oficiar a la Cámara Civil para informar las causas en las que Goggi haya declarado inconstitucional la Ley 27.423 y, en cada caso, analizar si esa declaración fue confirmada o revocada, indicando fundamentos de la decisión.
