A 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, la desclasificación de documentos oficiales vuelve a poner en primer plano el funcionamiento interno del aparato de inteligencia durante la última dictadura. La publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, difundida el 19 de marzo de 2026, permite acceder a registros que dan cuenta de los mecanismos utilizados para el seguimiento y control de periodistas y medios de comunicación, en un contexto marcado por la intervención estatal sobre la circulación de la información.
En este nuevo aniversario, los documentos permiten reconstruir cómo el Gobierno militar organizó tareas de vigilancia, catalogación y análisis sobre actores del sistema informativo. Lo que durante años fue objeto de denuncias y reconstrucciones parciales aparece ahora respaldado por documentación oficial, que muestra que la persecución incluyó no solo acciones directas, sino también un esquema de inteligencia con procedimientos definidos. Parte de esa documentación presenta la firma y sello de Carlos Alberto Martínez, quien se desempeñó como Secretario de Inteligencia del Estado entre el 23 de enero de 1978 y 1983.
El concepto de “Comunicador Llave”: uno de los ejes de la persecusión a periodistas en la dictadura
Entre los elementos relevados en los archivos, y tras el análisis de AIRE sobre los documentos desclasificados, se encuentra la identificación de los denominados “comunicadores llaves ”. Bajo la órbita de la Dirección de Comunicación Social, se disponía el registro de antecedentes de periodistas con capacidad de influir en la opinión pública.
El objetivo era mantener actualizados ficheros sobre periodistas extranjeros, agencias de noticias y medios nacionales, con el fin de monitorear sus producciones. Los registros incluían datos biográficos e información sobre posicionamientos y trayectorias, que se incorporaban a legajos específicos dentro del sistema de inteligencia.
La “Asesoría Literaria” y el análisis de contenidos periodísticos
Los documentos también describen el funcionamiento de la División Asesoría Literaria, un área destinada al análisis de publicaciones, grabaciones y material audiovisual.
Captura de uno de los documentos que aparecen en el archivo desclasificado por la SIDE (1/2).
En ese ámbito, la producción periodística era clasificada mediante formularios que incorporaban categorías como “Marxismo-Leninismo”, “Anarquismo” o “Nazi-Fascismo”. Cuando un contenido era considerado contrario a los “principios y garantías de la Constitución Nacional”, según los criterios del régimen, la SIDE intervenía como organismo de asesoramiento para que otras áreas del Estado limitaran su circulación.
El periodista como “ideólogo”
Otra de las categorías presentes en los documentos es la de “ideólogo ”, utilizada para referirse a periodistas o comunicadores críticos. Según los manuales relevados, el término incluía a quienes emitían opiniones destinadas a generar “malestar generalizado” o cuestionaban a las instituciones.
Captura de uno de los documentos que aparecen en el archivo desclasificado por la SIDE (2/2).
Esta clasificación formaba parte de los criterios utilizados para el seguimiento de determinados actores del ámbito periodístico, en función de los contenidos que producían o difundían.
La desclasificación de los archivos
La difusión de este material se enmarca en el inicio del procedimiento de publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983. En esta primera etapa, se dieron a conocer 26 documentos oficiales que reúnen 492 páginas, junto con una guía sobre el proceso de desclasificación.
A cinco décadas del golpe, los archivos permiten precisar cómo funcionaban los mecanismos de registro, análisis y seguimiento sobre la prensa dentro de la estructura estatal de inteligencia. La documentación aporta elementos para reconstruir prácticas vinculadas al control de la información y al monitoreo de actores considerados relevantes dentro del sistema comunicacional.
Frío jueves de abril de 1982 en la ciudad de Buenos Aires. Delia Giovanola, de 56 años, inicia una nueva ronda en la pirámide de la Plaza de Mayo junto a otras madres.
En ese marco, los documentos no solo amplían el conocimiento histórico sobre ese período, sino que también exponen con claridad el alcance de un modelo de control estatal que tuvo a la palabra pública como objeto de vigilancia. La sistematización de periodistas, la clasificación ideológica de contenidos y la intervención sobre la circulación de información configuran un esquema que, leído en perspectiva, refuerza la centralidad de la libertad de expresión como condición básica del sistema democrático y subraya el carácter represivo del régimen que gobernó de facto en ese período.
