Un arsenal de guerra que tiene propietario: la banda de Los Menores
Dos hombres de esta organización fueron imputados. Están sospechados de ser los custodios de fusiles y pistolas que estaban enterradas en un terreno en Roldán. Investigan para qué se iban a usar ese armamento.
Cuando el 4 de marzo pasado, agentes de la TOE y de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) acababan de encontrar un arsenal escondido en tambores de plástico dentro de un pozo en un terreno en Roldán se toparon con otra sorpresa. Frente al portón paró una camioneta Amarok, donde iban tres personas. Querían saber qué estaban haciendo en esa propiedad. Como los agentes estaban de civil y habían llegado hasta allí en autos no identificados pensaron que estaban robando el arsenal. Eso es lo que dedujeron los investigadores, que estaban ese día en Roldán.
Al identificar a quienes iban en la camioneta VW Amarok confirmaron que el rastro de las armas escondidas conducía a Los Menores, una de las principales organizaciones narco de Rosario, en plena expansión, que funciona como una especie de Unión Transitoria de Empresas (UTE).
El jueves pasado, el fiscal Ignacio Hueso imputó por asociación ilícita a Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35, quienes aparecieron esa tarde del 4 de marzo en Roldán. Fue una detención casi de casualidad, porque los agentes no los buscaban, sino que ellos aparecieron en el terreno, donde los efectivos tuvieron que usar una retroexcavadora para poder desenterrar las armas de guerra que estaban perfectamente acondicionadas. Estos dos hombres están acusados de ocuparse de la custodia del armamento y de negocios inmobiliarios ilícitos. Uno de ellos vive a la vuelta del terreno.
La propiedad donde fue encontrado el arsenal está vinculada a Enzo Benítez, quien en la causa por asociación ilícita contra Los Menores fue identificado en un viaje a Pinamar con Lisandro Contreras, Matías Gazzani –el prófugo más importante de Santa Fe- y Jonatan Garraza, expolicía, en octubre de 2023. Benítez es conocido como Gordo Enzo y tiene actualmente pedido de captura.
¿Para qué tenían ese tipo de armamento de guerra?
La sospecha es que esas armas fueron adquiridas para un eventual enfrentamiento contra otra banda, pero provocó preocupación otro hilo que surgió durante los días previos al operativo de que podrían atentar contra alguien del gobierno provincial. Los fusiles Colt calibre 5.56 mm pueden atravesar un vehículo blindado.
Allanamientos Roldan 1
La semana anterior a este hallazgo, Rosario registró al menos cinco ataques a tiros vinculados entre sí por un denominador común: notas amenazantes dejadas junto a los casquillos, referencias cruzadas entre la cárcel de Piñero y la calle, y una disputa territorial que lleva meses hirviendo en el barrio Toba. En uno de los ataques, dos hombres en moto dispararon nueve veces en el estacionamiento de un supermercado de barrio República de la Sexta. Junto al herido encontraron un papel. No era un tiroteo al azar: era un mensaje. La violencia en Rosario hace tiempo que no busca precisión. Busca volumen y visibilidad.
Detrás de esa escalada apareció la figura de Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, un colombiano de 33 años conocido como El Colombianito o el Nene, que había sido deportado a Colombia en 2023 tras cumplir condena por narcotráfico y tenencia de armas de guerra. Volvió sin que nadie lo viera, presumiblemente por un paso clandestino, y desde un departamento céntrico a tres cuadras del Monumento a la Bandera coordinaba la guerra entre lo que queda de Los Monos y la expansión de Los Menores. Solo salía de noche. Cubría su rostro en la calle. Se ejercitaba en el departamento para no ir a parques. No era paranoia: era el protocolo de alguien acostumbrado a operar desde las sombras.
El arsenal enterrado en Roldán es el extremo visible de una cadena cuyo origen está en otro lugar: en el desvío del mercado legal de armas hacia las estructuras criminales. Los investigadores del Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA) han documentado con creciente preocupación un patrón que se repite: ciudadanos sin antecedentes penales, pero con perfiles socioeconómicos incompatibles con los de compradores habituales de armamento, adquieren de manera legal pistolas, revólveres y escopetas de grueso calibre. Al menos dos individuos vinculados al narcomenudeo en barrios precarios de Santa Fe habían registrado más de veinte armas en apenas dos años.
El mecanismo es conocido como el sistema de "testaferros de armas". En Rosario, hace dos años, una fiscalía investigó un caso en el que una armería de la zona sur vendía armas nuevas con documentación a nombre de personas que figuraban como titulares pero que en realidad eran prestanombres. Las armas terminaban en el mercado negro. En la capital santafesina, un operativo de la Policía Federal que derivó en 17 allanamientos simultáneos desarticuló una red de este tipo, con el secuestro de dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres y diez pistolas, además de documentación clave: tarjetas y cédulas de tenencia de armas que habilitaban a sus titulares a comprar armamento de manera legal.
Allanamientos Roldan 2
La aparición de fusiles sofisticados en manos de "soldaditos" encendió alarmas adicionales. En un operativo sobre la banda del clan Romero, que opera en la zona noroeste de Rosario, la policía secuestró un fusil AR-15 de origen norteamericano junto a pistolas, escopetas y revólveres. En otro procedimiento se incautaron tres fusiles M4 de un departamento céntrico vinculado al prófugo Andrés "Plin" Acosta, hombre del narco Francisco Riquelme. Y en julio de 2024, en San Justo, cayeron dos armas automáticas Colt calibre 7,62 x 51 mm junto a 464 kilos de cocaína de la banda del narco mayorista Fabián Calavera Pelozo. Lo que hasta hace unos años era raro —encontrar armamento de nivel militar en manos de mandaderos del narcomenudeo— empieza a normalizarse.
Más allá de los fusiles, existe otro mercado que los investigadores llaman "fantasmagórico": el de las municiones. En Rosario se secuestra un promedio de 1.646 municiones por mes, lo que equivale al 56,8% de todo lo incautado en la provincia de Santa Fe. Esa cifra representa 23 proyectiles por kilómetro cuadrado, una densidad que cuadruplica la de la ciudad de Santa Fe capital y que refleja la concentración de la violencia armada en un territorio relativamente pequeño.
El circuito de abastecimiento de municiones es raramente identificado en las investigaciones judiciales. Lo que sí se sabe es que en los últimos años se ha extendido la venta de balas recargadas, proyectiles ya disparados cuya vaina es reutilizada. La recarga reduce el costo en más de un 70%: una caja de 50 municiones calibre 9mm en una armería cuesta en torno a los 15.000 pesos, mientras que una caja de recargadas puede adquirirse por entre 3.500 y 5.000 pesos. Con una máquina doméstica —como la Dillon X650— pueden producirse unas 800 balas por hora, equivalente a 16 cajas de 9mm en ese lapso. La tenencia de estas recargadoras está regulada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), pero el control sobre su uso es limitado.
En mayo de 2021 quedó al descubierto uno de esos nodos de abastecimiento. En una sodería del barrio La Tablada de Rosario, los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca descubrieron —usando la figura del agente revelador— que el lugar funcionaba como punto de acopio y distribución de armas y municiones ilegales. Entre los sifones había fusiles, pistolas y más de 50 cajas de balas de recarga. La organización, integrada por ocho personas entre las que había tres policías —uno de ellos experto en balística—, adquiría municiones en armerías a través de testaferros que portaban credenciales de legítimo usuario emitidas por ANMAC. En la casa del sodero se encontraron 14 credenciales de legítimo usuario y otras tantas de control de consumo de municiones: el andamiaje burocrático de un mercado ilegal perfectamente montado sobre las estructuras del mercado legal.
Hay una tercera fuente de armamento cuya dimensión es aún más perturbadora: las propias instalaciones militares. El Batallón de Arsenales N°603, ubicado en Fray Luis Beltrán, a unos 20 kilómetros de Rosario, es el escenario de uno de los casos de tráfico de armas más graves de los que se tiene registro en la Argentina. Hace dos semanas, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de siete militares por la sustracción de 43 fusiles FAL completos y 2.500 partes de estos fusiles calibre 7,62 mm. Se estima que con esas piezas podrían haberse ensamblado hasta 400 fusiles.
La causa se originó de una manera reveladora: no fue una denuncia interna sino un hallazgo externo. El 11 de febrero de 2011, la Policía Federal de Brasil secuestró en Aracatuba, San Pablo, un fusil FAL con el escudo argentino y la inscripción "Ejército Argentino". El arma tenía partes con cuatro numeraciones distintas —práctica habitual entre organizaciones criminales para dificultar la trazabilidad—. Interpol alertó a la Justicia argentina. El mismo día en que se detectó el faltante en el Batallón 603, el sargento Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento, se suicidó con un disparo en la cabeza en Buenos Aires. Los militares implicados cargaron sobre él todas las responsabilidades. Solís no pudo defenderse.
A partir de ese momento, los FAL del Ejército Argentino comenzaron a aparecer con regularidad en manos del crimen organizado brasileño. En septiembre de 2011 se secuestraron tres fusiles en el estado de Paraná durante un operativo antidroga. En junio de ese año, en Asunción, la policía paraguaya se enfrentó a un grupo fuertemente armado —tres paraguayos y tres brasileños— y secuestró dos FAL argentinos con las numeraciones limadas. Las investigaciones apuntaron al Primer Comando Capital (PCC) como destinatario de parte del armamento.
La historia no es nueva. Hace treinta años, la policía de Río de Janeiro encontró en una favela el primer FAL con escudo del Ejército Argentino y número de serie. Fue el primero de más de 300 fusiles FAL y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 —salidas de las plantas de Fabricaciones Militares— incautados en los morros cariocas entre 1993 y 2001. Desde 1987, ya habían aparecido en poder del hampa brasileño más de un centenar de pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas.
La causa del Batallón 603 estuvo paralizada durante catorce años en el juzgado del juez Marcelo Bailaque, hoy imputado con prisión preventiva en tres causas y bajo investigación del Consejo de la Magistratura por haber favorecido presuntamente al narco Esteban Alvarado. Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo quien encontró el expediente cerrado en cajones que nadie abría, y lo reactivó. La defensa de los imputados militares intentó sostener que los hechos habían prescripto. El tribunal federal rechazó el planteo.
