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Tras la muerte del casero, la mujer continuó habitando la vivienda, quedando, según relató, en una situación de especial vulnerabilidad. El 16 de diciembre se llevó adelante un procedimiento policial en el domicilio, durante el cual se hallaron armas de fuego que, de acuerdo con su versión, no pertenecían ni a ella ni a su esposo fallecido, sino a un tercero.
No obstante, aseguró que fue detenida e incomunicada durante varias horas, sin que sus familiares supieran dónde se encontraba ni recibieran información clara sobre su situación. A esto se suma, según denunció, que el propietario del establecimiento la habría amenazado con desalojarla sin orden judicial y con arrojar sus pertenencias personales.
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De acuerdo con su relato, esas amenazas se concretaron: fue expulsada de la vivienda, no se le permitió regresar a retirar sus efectos personales y quedó literalmente en la calle, con la ropa que llevaba puesta desde el día en que fue trasladada a la comisaría. Actualmente, afirmó no tener hogar ni acceso a sus pertenencias.
La mujer también aclaró que, según información aportada por personas ajenas al conflicto, el establecimiento cuenta con un único propietario y no con una “dueña”, como se indicó en versiones que circularon públicamente. Esa precisión, sostuvo, busca evitar confusiones y corregir datos que podrían afectar injustamente a terceros.
El caso, según plantea su defensa, involucra una vivienda directamente ligada a una relación laboral de larga data, con derechos pendientes, posibles indemnizaciones no abonadas y una situación humana que requiere la intervención urgente de los organismos competentes.
Esta versión se contrapone con la difundida con anterioridad que indicó que el procedimiento se realizó tras una denuncia por usurpación y desorden, que la mujer accedió a una requisa voluntaria y que fue aprehendida por la tenencia indebida de dos armas de fuego y municiones, quedando a disposición de la Justicia.
