Licitación para la compra de armas: Fiscalía pide llevar a juicio al exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain
Es por la causa que investigó irregularidades en una licitación que tuvo por objetivo la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe. El exfuncionario afronta además otra causa por actividades clandestinas ligadas al espionaje.
El fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández, presentó la acusación para llevar a juicio al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en el marco de la causa que investigó una licitación para la compra de armas que tenía como destino la Policía provincial.
Por el caso, el exfuncionario fue acusado de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial por un monto de 17 millones de dólares.
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Junto a Sain también fueron imputados el entonces secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Montenegro, y el exencargado de Finanzas del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas.
En la causa también quedó implicado el exjefe de la División Logística de la Policía, Marcelo Correa, y la empresa que habría sido beneficiada con la licitación, Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
En su pedido, el fiscal Hernández anticipó un pedido de cinco años de prisión efectiva para Sain y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa.
Mientras que para Montenegro y Novas, el fiscal solicitó cuatro años de prisión más la inhabilitación perpetua y tres años de cárcel para Correa.
La causa
Los cargos que se les atribuyen a Sain, Montenegro y Novas son por haber presuntamente intentado beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Según la imputación de Hernández, los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe.
La licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.