La causa que investigó una estafa millonaria al PAMI en Rafaela tuvo su punto final a través de una suspensión de juicio a prueba para los dos acusados, la farmacéutica Gisela Bernini, de 53 años, y el médico Alberto Mazzuchelli, de 72.
A través de una donación millonaria destinada a un hogar de ancianos de la ciudad capital del departamento Castellanos, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe dispuso este miércoles la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los imputados mediante el instituto de la reparación integral del perjuicio.
La resolución judicial, a la que tuvo acceso AIRE, lleva la firma del juez de Cámara Luciano Lauría; los acusados fueron representados en el proceso por el abogado defensor José Mohamad, y la institución destinataria de la donación depende de la Dirección Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe.
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Luciano Homero Lauría, el juez del fallo.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Donación millonaria
A fin de evitar el juicio oral, los acusados Bernini y Mazzuchelli, propusieron reparar el daño ocasionado con sus maniobras estafatorias mediante una donación de dieciséis millones quinientos mil pesos ($16.500.000) a un Hogar de Ancianos de la ciudad de Rafaela, que depende del gobierno provincial; la defensa acreditó la aceptación de la entidad beneficiaria y presentó la constancia de la transferencia bancaria por el monto total indicado.
El fiscal dictaminó a favor de la propuesta, considerando que, dadas las características del caso y las condiciones personales de los procesados, la suma de dieciséis millones quinientos mil pesos era una alternativa razonable para reparar el "perjuicio social" que la infracción penal causó al sistema de seguridad social, y valoró que la defensa ya hubiera presentado la constancia de la transferencia bancaria y la aceptación de la donación por parte de la entidad beneficiaria.
En tanto, para avalar la procedencia de la suspensión de juicio a prueba en el marco de la causa por estafas al PAMI realizada por la farmacéutica y el médico, el tribunal se basó en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que establece que la acción penal se extingue por la reparación integral del perjuicio económico cometido. Asimismo, se aplicó el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que promueve la solución pacífica de los conflictos y el restablecimiento de la armonía social por sobre la persecución penal tradicional.
En este sentido, el juez consideró que la postura de la fiscalía era vinculante tras realizar un control de legalidad y razonabilidad. Al entender que el daño estaba íntegramente reparado, el tribunal resolvió declarar extinguida la acción penal contra Bernini y Mazzuchelli y dictar el sobreseimiento de ambos.
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La farmacia de Rafaela en la que se realizaron recetas apócrifas de medicamentos para defraudar al PAMI
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Fraude al PAMI
La investigación llevada adelante por el fiscal federal Gustavo Onel permitió determinar que los acusados cometieron el delito de defraudación a la administración pública por haber emitido más de 600 recetas apócrifas entre febrero y septiembre de 2021 para simular la provisión de medicamentos en nombre de pacientes que no pertenecían a la cápita del médico.
De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra generó entonces un perjuicio calculado en $1.125.228 al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). La Fiscalía determinó que ambos profesionales confeccionaron 636 recetas a 78 afiliados ajenos a la cartera de Mazzuchelli. En la investigación se determinó que la totalidad de las recetas fueron emitidas desde computadoras ubicadas en la “Farmacia Bernini”, de acuerdo con las direcciones de IP asignadas por el servicio de telefonía Personal al domicilio del comercio de la farmacéutica.
Para que la confección de estas recetas fuera posible y resultara viable en el Sistema de Receta Electrónica de la obra social nacional de los/as jubilados/as, fue utilizado el usuario y la clave de acceso que brindó Mazzuchelli.
La titular de Farmacia Bernini, “a través de la confección irregular de recetas de medicamentos electrónicas valiéndose del sistema informático que previamente le facilitó un prestador de servicios regular del INSSJP, impulsó disposiciones patrimoniales erróneas, notoriamente perjudiciales para el órgano estatal, generando un detrimento en las arcas de la obra social que ascendió a $1.125.228, con el claro objetivo de hacerse del beneficio indebido, el cual efectivamente percibió en su comercio”, detallaba el escrito acusatorio.
La investigación de este caso comenzó luego de la denuncia formulada por el área legal de la obra social ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
Con la donación millonaria realizada al hogar de ancianos pendiente del gobierno provincial, la Justicia Federal consideró reparado el perjuicio económico realizado por los acusados, y puso punto final a la causa penal.
