Lo extraño es que en la audiencia del lunes pasado Traferri no tenía nada que ver. Porque ese día se empezó a discutir el pedido de la defensa de Serjal para que se revise la sentencia en su contra. Si la defensa logra voltear la condena contra el exfiscal Regional eso favorecería de manera determinante a Traferri, que está imputado como jefe de la asociación ilícita.
Sentencia Juicio Juego Ilegal Patricio Serjal
El exfiscal Regional, Patricio Serjal, fue condenado.
La defensa de Serjal —que es el mismo equipo de abogados que la del legislador de San Lorenzo— dijo irónicamente que Traferri ya fue condenado. Si Traferri no se hubiera refugiado en sus fueros durante cuatro años podría haberse defendido de otra manera. El 18 de diciembre de 2020 el Senado provincial rechazó retirarle esa protección al legislador para que pudiera ser imputado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que estaban en ese momento al frente de una causa que provocó que la propia política se blindara corporativamente para que no quedara como antecedente que se pueda profundizar una investigación de un caso de corrupción en Santa Fe, un delito que no está entre las prioridades de la justicia y menos de los legisladores.
De los 13 votos necesarios para el desafuero solo se consiguieron cuatro: los del bloque perottista. Tres senadores se abstuvieron, entre ellos el propio Traferri. Los doce restantes votaron en contra. La causa que prometía convertirse en una especie de Mani Pulite santafesino se estrelló contra la corporación política. Recién en octubre de 2023, tres años después, el Senado aprobó el desafuero de manera unánime. Pero no fue porque los senadores cambiaron de opinión sobre la causa. Fue porque Traferri lo pidió él mismo, en un movimiento que buscaba presentarse como alguien que no tenía nada que ocultar. El legislador había recalcado que había sido perseguido por el exministro de Seguridad Marcelo Saín.
LEER MÁS ► La condena contra Patricio Serjal a nueve años de prisión deja en una posición complicada al senador Armando Traferri
Sin embargo, la imputación formal demoró todavía más. Recién en septiembre-octubre de 2024 los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que heredaron la investigación tras el apartamiento de Edery y Schiappa Pietra, lograron imputarlo por los mismos hechos. Para entonces el juicio contra Serjal ya estaba muy avanzado. Caterina explicó que decidieron no demorar más ese proceso, que tenía inicio de juicio en expectativa desde julio de 2023.
La condena llegó el 7 de noviembre de 2025. Los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese condenaron por unanimidad a Serjal a nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Nelson Ugolini, empleado judicial que mantenía los contactos con Peiti y canalizaba los pagos, le dieron cinco años. Los dos quedaron presos. El tribunal avaló cada una de las pruebas recolectadas en la etapa investigativa y reivindicó de manera explícita el trabajo de Schiappa Pietra y Edery, a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación habían corrido del caso cuando fueron acusados de haber cometido delitos para perjudicar a Traferri. El tribunal descartó esa hipótesis con dureza.
Convencion del 25 Armando Traferri reforma constitucional_067_MTH_1200
Armando Traferri sigue ocupando la banca de senador por el departamento San Lorenzo y además fue convencional durante la reforma constitucional.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Ahora, en la revisión de esa sentencia, Carbone repitió durante dos horas ante la Cámara Penal de Rosario —integrada por los jueces Javier Beltramone, Ismael Manfrin y Carolina Hernández— que Traferri ya está condenado de hecho. Leyó pasajes textuales del fallo de noviembre donde los jueces lo mencionan 129 veces en más de 200 páginas. Le atribuyen el rol de jefe de la asociación ilícita. Describen su interacción con los condenados. Valoran prueba de cargo en su contra. Según la sentencia, la organización se estructuró en dos ramas interconectadas: la recaudación política, encabezada por Traferri y su operador Paulichenco, y la cobertura judicial, articulada por Serjal, el exfiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y Ugolini. El núcleo financiero común era Peiti.
El argumento central de la defensa es contundente en lo formal: si el tribunal condenó a Serjal por integrar una asociación ilícita cuyo jefe era Traferri, entonces condenó a Traferri sin que Traferri estuviera sentado en el banquillo. Sin acusación formal. Sin posibilidad de contrainterrogar testigos, impugnar prueba o alegar en su favor. Lo que la defensa llama un juicio en ausencia. Pero fue por decisión del propio legislador de San Lorenzo.
El propio Traferri reforzó esta estrategia por fuera de la audiencia. Días antes presentó ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario una acción declarativa de inconstitucionalidad. El escrito, patrocinado por los abogados Oscar Eduardo Romera y Juan Ignacio Murray, se apoya en un dictamen del profesor Adolfo Alvarado Velloso, que sostiene que el juzgamiento no debió fraccionarse y que todos los implicados debieron haber sido juzgados en el mismo proceso. Alvarado Velloso advierte que el error ya cometido puede generar la coexistencia de sentencias contradictorias.
La presentación de Traferri tiene un dato que resume la anomalía: el senador aparece nombrado 129 veces en un fallo dictado en un juicio del que fue excluido. En la sentencia se lo considera jefe de la pata política de la organización criminal, con jerarquía superior a Serjal en la toma de decisiones estratégicas. Pero solo tuvieron el cuidado de no incluirlo en la parte resolutiva.
Lo que se discute en la Cámara Penal de Rosario es un anticipo de lo que viene. Si la sentencia contra Serjal se cae o se debilita, el juicio contra Traferri pierde su pilar probatorio más importante. Si se sostiene tal como está, Traferri llegará a su propio juicio con una sentencia previa que ya lo describe como el organizador de todo, dictada en un proceso en el que no pudo defenderse. En cualquiera de los dos escenarios, la defensa tiene un argumento de peso.
Los fiscales Fabbro y Caterina, en cambio, buscan sostener la condena en todos sus términos. Desde la Fiscalía consideran que la sentencia fue ejemplar y marcó un hito en la persecución de la corrupción interna dentro del MPA, al demostrar que el propio organismo puede investigar y sancionar a sus integrantes.
La atmósfera del caso sigue enrarecida. En el juicio contra Serjal la estrategia de la defensa fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación. El tribunal rechazó esos planteos en términos que no dejaron margen. Pero la defensa insiste. Y ahora suma un eje que no es menor: la cuestión constitucional. Si se puede condenar a alguien por integrar una asociación ilícita y al mismo tiempo describir al supuesto jefe de esa asociación como tal, sin que ese jefe haya sido parte del juicio, entonces hay un problema. Un problema que no es solo de Serjal ni de Traferri. Es un problema del sistema.
La audiencia de revisión continuará el lunes. La resolución de esta instancia será clave no solo para la situación de Serjal, que cumple su condena preso, sino para el futuro de una causa que se convirtió en símbolo del combate al juego clandestino y la corrupción en Santa Fe. Y, sobre todo, para definir con qué herramientas legales llega Traferri a un juicio que se viene demorando desde hace más de cinco años.
