Los vaivenes de la causa hasta llegar al juicio

Los vaivenes de la causa hasta llegar al juicio

La maestra Vanesa Castillo fue asesinada en febrero de 2018 en la puerta de la escuela Victoriano Montes en el distrito costero Alto Verde. El lunes comienza el juicio a "Chacho" Cano, único acusado por el crimen.

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POR ANDREA VIÑUELA

El próximo lunes 14 de septiembre comenzará a ser juzgado el único acusado del femicidio de Vanesa Castillo, la maestra de escuela primaria asesinada el 15 de febrero de 2018 por un vecino de Alto Verde. Su agresor se encuentra detenido desde el día del crimen.

A pesar de la grave acusación que pesa sobre Juan Ramón “Chacho” Cano, el único imputado por el hecho, y quien podría ser condenado a la pena máxima de prisión perpetua, la investigación dejó un gusto a poco a la familia de la víctima, que desde un primer momento sostuvo que el crimen de Vanesa fue una venganza contra la docente.

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A fines de 2017, Vanesa tomó conocimiento que una alumna de ella cursaba un embarazo como resultado de una situación de abuso sexual intrafamiliar. La maestra activó el protocolo correspondiente que dio inicio a una investigación y que concluyó que el abuso había sido cometido por un medio hermano de la víctima. El mismo recibió una pena de 13 años de prisión efectiva.

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Los primeros fiscales que tomaron intervención en la causa fueron Andrés Marchi, de la Unidad de Homicidios, y Mariela Jimenez y Alejandra Del Río Ayala de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual. En ese entonces, Cano fue imputado -dos días después del asesinato- como autor del delito de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento en contexto de violencia de género (femicidio).

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La hipótesis oficial de la Fiscalía sostuvo desde ese primer momento que Cano intentó venderle a Vanesa unas ojotas tipo Crocs que la maestra no quiso comprar. Luego le pidió que lo llevara en la moto, cuestión que también fue rechazada por la víctima. Tras estas negativas, Cano arremetió contra la docente y le propinó varias puñaladas con un arma blanca que le ocasionaron la muerte en el lugar a pesar de que intentaron salvarla cuando la trasladaron al hospital José María Cullen.

Sin embargo, la familia de la víctima, en especial su hermana Silvia, querellante en la causa con representación de los abogados particulares Carolina Walker Torres, Martín Risso Patrón y Matías Pautasso, nunca compartió esa mirada por parte de la Fiscalía. De hecho, la querella sostuvo desde un primer momento que Cano ejecutó una venganza solicitada por el hombre condenado por el abuso sexual desde su lugar de detención.

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Por esa razón, los querellantes solicitaron una serie de medidas probatorias (testimoniales, pericias) que no fueron producidas con celeridad por la Fiscalía. Esto generó desconfianza en la familia por lo que solicitaron en junio de 2018 que el fiscal Marchi sea apartado de la causa, tras haberse realizado una inspección ocular en el lugar del hecho, a la que asistieron los querellantes y la fiscal Jiménez.

El fiscal regional Carlos Arietti avaló la pretensión de los querellantes y la causa fue reasignada a la fiscal Cristina Ferraro. De igual manera, esa línea de investigación que solicitó la querella nunca pudo ser profundizada a pesar de la insistencia de la familia de la víctima.

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Una prueba clave que se cayó

Una de las pruebas consideradas claves que impulsó la querella era la que debía practicarse sobre el teléfono celular de Vanesa Castillo, a fin de rastrear mensajes o llamadas que permitieran confirmar si la maestra fue amenazada o presionada.

Desde el inicio de la investigación tres fuerzas de seguridad intentaron extraer la información del teléfono celular de la maestra. Primero fue la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, pero el software utilizado no obtuvo resultados. Luego se remitió el teléfono a la Gendarmería Nacional, donde tampoco se logró realizar la pesquisa. Por último, se dio intervención a la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal, la fuerza con el equipamiento en tecnología más moderno del país. Pero el resultado volvió a ser negativo.

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Según informó la abogada querellante Carolina Walker Torres a Aire de Santa Fe tras dos semanas de trabajo, los peritos lograron extraer la información del teléfono celular pero no lograron detectar el patrón para desencriptarla.

Con esto, la querella debió abandonar su pretensión de lograr corroborar la hipótesis del “autor intelectual” del crimen, y llevarlo a proceso, por lo que se avanzó únicamente en la acusación a Chacho Cano.

La declaración del imputado

Durante el transcurrir de la causa, Cano declaró en dos de las audiencias: en la que se definió la prisión preventiva a los pocos días del femicidio, y en la audiencia preliminar (donde se ponen las pruebas de las partes sobre la mesa). En la primera no hizo referencia al hecho en sí: le pidió disculpas al policía que había agredido cuando estaba siendo trasladado a la Comisaría y quiso saber sobre el estado de salud de su madre, ya que el crimen de Vanesa generó la ira de los vecinos que arremetieron contra la vivienda del sospechoso.

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Dos años después, el 5 de marzo pasado, en la audiencia preliminar, Cano expresó que le habían pagado 50 mil pesos para “sicariar” a la docente. Sus palabras generaron estupor entre los presentes, incluso sorprendió a la defensora que lo asiste. La declaración de Cano fue confusa y acusó al “patrón de Castillo” de haberlo contratado.

Con esos elementos, en el desarrollo del juicio que se inicia el próximo lunes, los abogados querellantes expondrán la hipótesis del homicidio por venganza, e insistirán con la necesidad de llevar ante la justicia al posible “autor intelectual” de la docente.