Un allanamiento realizado en una finca de la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reveló la existencia de 45 autos de lujo y colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.
Todos los vehículos están registrados a nombre de la firma Real Central SRL, propiedad de Luciano Pantano y Ana Conte.
Allanamiento en la finca vinculada a dirigentes de la AFA: encontraron 45 autos de lujo y 7 motos
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas en el marco de una investigación por posible ocultamiento patrimonial. La finca, ubicada en la localidad de Villa Rosa, está atribuida a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, según fuentes judiciales.
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Durante el allanamiento, se realizaron filmaciones y fotografías de todas las áreas del predio, y se hizo un relevamiento de bienes suntuarios. Participaron seis peritos designados: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro, con el objetivo de tasar el inmueble y los vehículos encontrados.
Le quitaron la causa a Rafecas después de los allanamientos en la finca vinculada a dirigentes de la AFA
Sin embargo, horas después del procedimiento, la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que el expediente debe tramitarse en el fuero penal económico, apartando así a Rafecas. El caso quedó en manos del Juzgado Penal Económico N°10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
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El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.
La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero. El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial
