Desde la Casa Militar sostienen que esta acción no representa una simple falta administrativa, sino un riesgo directo a la seguridad nacional. Según el texto judicial citado por Revista Noticias, la filmación expuso dispositivos de control de acceso, sistemas de vigilancia y las rutinas de circulación del presidente y sus funcionarios. Este escenario motivó la aplicación de los artículos 222 y 223 del Código Penal, que sancionan la obtención de secretos políticos o militares.
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La publicación que compartió Milei en X (Redes Sociales)
Casa Rosada: el gobierno prohíbe la acreditación de periodistas por supuesto espionaje
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Por qué el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y quitar las huellas dactilares a los periodistas
La respuesta operativa de la administración de La Libertad Avanza fue inmediata y contundente. Según informó Página 12, se ordenó dar de baja el registro de huellas dactilares de todos los trabajadores de prensa acreditados que habitualmente cumplen funciones en la Casa de Gobierno. Esta medida impidió el ingreso de aproximadamente 60 cronistas de diversos medios nacionales, quienes se encontraron con un fuerte operativo de la Policía Federal y la Casa Militar.
La justificación oficial para este bloqueo masivo se basó en la necesidad de prevenir lo que el Ejecutivo calificó como "espionaje ilegal". El mensaje enviado a los trabajadores de prensa vincula estas acciones con una supuesta campaña de desacreditación contra la gestión de Javier Milei.
El posteo de Milei en Instagram (Redes Sociales)
El posteo de Milei en Instagram (Redes Sociales)
Esta restricción de acceso se suma a antecedentes recientes donde se había limitado el ingreso a cronistas de medios específicos, consolidando una política de endurecimiento en el control de la información oficial.
Qué dijo Javier Milei sobre la denuncia de Casa Militar a Luciana Geuna e Ignacio Salerno
El presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales en redes sociales para validar y amplificar el conflicto. A través de posteos en X e Instagram, el mandatario calificó a los periodistas de TN como "delincuentes" y "basuras repugnantes".
Javier Milei calificó como "basuras inmundas" a Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras la denuncia de Casa Militar por el uso de cámaras ocultas en la Casa Rosada.
Javier Milei calificó como "basuras inmundas" a Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras la denuncia de Casa Militar por el uso de cámaras ocultas en la Casa Rosada.
Milei celebró la prohibición de ingreso compartiendo imágenes que ilustraban el cierre de las rejas de la Casa Rosada, acompañadas de mensajes que daban por terminada la era de las investigaciones periodísticas sin consecuencias legales.
En sus descargos, el jefe de Estado apuntó contra el 95% de los profesionales que portan credencial de prensa, desafiándolos a defender la actuación de Geuna y Salerno. Según la visión presidencial, la utilización de cámaras ocultas en la sede de gobierno constituye una "opereta" que vulnera la institucionalidad.
Esta postura se dio en un contexto particular: el mismo día en que el mandatario mantenía una reunión con el magnate Peter Thiel, fundador de la empresa de análisis de datos Palantir, conocido por sus controvertidas visiones sobre la relación entre la tecnología y la libertad.
Cuáles son las penas que contempla el Código Penal por revelar secretos de Estado
La denuncia penal presentada contra los comunicadores se encuadra en figuras legales de extrema gravedad. El eje de la presentación judicial se apoya en que la información obtenida subrepticiamente podría facilitar tareas de inteligencia sobre los movimientos presidenciales.
La normativa vigente para periodistas acreditados prohíbe expresamente el registro de imágenes en espacios no autorizados, considerando dicha conducta como una falta grave que habilita la revocación de la credencial.
Sin embargo, al judicializar el caso, el Gobierno busca que se investigue si existió una vulneración a la Ley Nacional de Inteligencia. El debate jurídico planteado gira en torno a la colisión de derechos: por un lado, el interés público de una investigación periodística sobre las internas del poder; por el otro, la preservación de la seguridad física de los funcionarios y la integridad de los sistemas de custodia del edificio gubernamental. Por el momento, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
