Víctimas de abusos piden al Papa “transparencia” en el caso Grassi
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina repudió la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco y pidió medidas de sanción contra el Vaticano, al que calificó de “estado genocida”. En ese sentido, le exigieron una serie de medidas a la iglesia, entre ellas, “transparencia” en causas emblemáticas que afectaron a la sociedad, donde sobresale el caso de Julio César Grassi.
La reunión, presidida por el Sumo Pontífice, se llevó a cabo en el Vaticano y clausuró el domingo con un mensaje del líder de la Iglesia Católica.
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“Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esta cumbre confirma el estado de corrupción sistémica que impera en la Santa Sede, al evadir premeditadamente las exhortaciones que organismos internacionales le hicieran hace cinco años atrás”, dice la organización que nuclea a personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, refiriéndose a la acusación que el Comité de Protección a los Derechos de los Niños de la ONU hiciera a la Santa Sede en el año 2014.
La asociación argentina critica las conclusiones de la cumbre, que señalan que “la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima”, lo que desdibuja la responsabilidad de la Iglesia Católica en las agresiones sexuales a niños y niñas.
Además, la Red acusa al Vaticano de haber dado durante la cumbre un “trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante” a las víctimas.
Por otro lado, la red propone un grupo de medidas, entre ellas, la creación de un registro público de sacerdotes acusados, denunciados y/o condenados por abuso sexual y la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo.
También, pide demandas judiciales contra la Santa Sede por los perjuicios causados a las víctimas y a los estados nacionales que permitieron que el Vaticano vulnere dentro de sus territorios convenciones internacionales. E insta a esos estados a la derogación de subsidios a la Iglesia y pagos de sueldos a obispos y a no reconocer la legalidad de la justicia canónica dentro de sus fronteras.
Mientras tanto, las organizaciones End Clergy Abuse y Bishop Accountability, la base de datos más completa de casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, pidieron a Francisco” transparencia” en el caso del padre Julio César Grassi, creador de la Fundación Felices Los Niños, condenado por la Justicia argentina por abuso infantil y corrupción; y en el de Nicola Corradi, sacerdote italiano de 82 años, acusado de abusos, primero en el Instituto Próvolo para sordomudos de Verona, Italia, y después en Luján de Cuyo, Mendoza.
Fuente: TN