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Sociedad

Rappi, la empresa que “se capitaliza con plata de sus propios laburantes”

La denuncia de uno de los trabajadores de la empresa colombiana que llenó de sucursales el territorio sudamericano.

Las empresas que contratan jóvenes ciclistas como repartidores, es una tendencia cada vez más presente en Argentina. Algunas de ellas, lograron expandirse de manera increíble por Latinoamérica, arrastrando irregularidades que trascienden las fronteras. Tal parece ser el caso de Rappi, que opera en 27 ciudades y en un total de 6 países de América Latina.

“Te dan una gorra con el logo de la empresa. La caja-mochila la tenés que pagar, es un alquiler y termina siendo un engaño”, asegura Emiliano Gullo, periodista rosarino que trabajó como repartidor. Según las políticas de la empresa, cuando el ‘rapi-boy’ (o rappitendero) decide renunciar, regresa la caja a la empresa y así le devuelven el importe pagado por ella. “Entregué la caja, estaba impecable y me dijeron que no iban a devolverme el dinero porque estaba un poco sucia”, cuenta Emiliano en Aire de Santa Fe.

Según datos de la BBC, Rappi cuenta con 1.500 empleados y 25.000 repartidores en los países donde tiene presencia. Además, la empresa fue una de las plataformas que más rápido llegó a atender 200.000 pedidos diarios, superando a iniciativas similares de Estados Unidos.

Y las expectativas de los dueños parece alimentarse aún más. En una conferencia en la que habló de los orígenes de la empresa, Simón Borrero, uno de los tres millenials fundadores de la compañía, declaró que el objetivo de la plataforma es tener “un rappitendero en cada esquina en cada ciudad de Latinoamérica“.

Pero sus empleados y ex empleados, advierten que la empresa esconde un turbio negocio financiero, aprovechándose de jóvenes inexpertos o con problemas económicos. “Se capitalizan con plata de los propios laburantes que no se reconocen como tal”, expresa el periodista. Y continúa. “El 80 o 90% son chicos que acaban de llegar al país de manera precaria. El resto son chicos argentinos no mayores de 30 años que no llegan a pagar los servicios a fin de mes”.

Cada envío que concretan los repartidores, equivale a un monto de entre $30 y $40. “Más o menos lo que vale un alfajor”.

La palabra de Emiliano Gullo

El diputado provincial Héctor Cavallero (FPV), presentó un proyecto para entablar un marco regulatorio a las “economías colaborativas digitales”. Es decir, para regular la labor y relaciones de las empresas que funcionan mediante aplicaciones digitales. En este caso, se trata de empresas intermediarias entre clientes y locales gastronómicos.

En este sentido, el legislador hace hincapié en la violación de los derechos elementales del trabajador. “Esta gente está fuera de una relación laboral, no tiene seguro contra terceros ni seguro de vida, el trabajador tiene que pagar los insumos básicos, no tiene obra social ni aportes jubilatorios”, destaca.

Además, advierte la situación de “evasión fiscal” en la que comercian estas empresas (en su mayoría extranjeras).

La palabra del diputado Héctor Cavallero

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