La agenda ambiental del Mercosur: agroquímicos y deforestación

Al Brasil de Bolsonaro, lo acusan de haber acelerado la deforestación: sólo en 2018 se habrían arrasado 1,8 millones de hectáreas. En la Argentina se profundizan los conflictos por el uso de herbicidas y plaguicidas. Paraguay y Bolivia se subieron al tren de los agronegocios y también preocupa el impacto ambiental.


Por Jorgelina Hiba

Uno de los ejes de la reunión entre los presidentes del Mercosur, que tendrá lugar esta semana en Santa Fe, será el acuerdo cerrado hace pocas semanas entre el bloque y la Unión Europea, donde el capítulo agrícola tiene una importancia vital para los países sudamericanos, ya que los cuatro países son grandes productores de materia prima.

En ese contexto, la agenda ambiental es clave, ya que los europeos, liderados por Francia, han aclarado que no comprarán a sus nuevos socios granos o carne producidos de manera no sustentable, lo que incluye tanto el uso de agroquímicos como la deforestación asociada a la forma de producción agropecuaria que han implementado en las últimas décadas Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

De hecho pocos días después de la firma del acuerdo, que se empezó a negociar hace 20 años cuando la crisis climática global aún no era un tema prioritario de la agenda política, el ministro de la Transición Ecológica francés, Francois de Rugy, dijo que su país no ratificará el tratado “si Brasil no cumple sus compromisos de lucha contra la deforestación del Amazonas”. Algo que cada vez parece alejarse más del horizonte.

Deforestación a la orden del día

El gigante de Sudamérica, ahora bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se ha convertido en uno de los peores alumnos del mundo en materia ambiental: según un reporte reciente de la organización Global Forest Watch Brasil es a nivel internacional el país que más deforestó su territorio en 2018 con 1,3 millones de hectáreas menos, casi todas en la selva amazónica.

Bolivia, un estado asociado al Mercosur que se sumó hace pocos años al cultivo de soja, está quinto en esa lista con casi 160 mil hectáreas en apenas 12 meses.

En Argentina, el grueso del “trabajo” de deforestar para expandir la frontera agropecuaria ya fue hecho: según Naciones Unidas, el país está entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, perdiendo a razón de 300 mil hectáreas por año.

Si bien existe una Ley de Bosques, su cumplimiento y control es muy poco efectivo. Todo lo contrario a su desfinanciación, que tuvo lugar tanto bajo los gobiernos kirchneristas como con la administración de Cambiemos, en una verdadera política de Estado anti grieta de no cuidar los bosques nativos.

En un pedido de informe sobre este tema realizado este año por el diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani al Poder Ejecutivo nacional, el legislador destaca que según datos satelitales entre enero y diciembre de 2018 se deforestaron 112.765 hectáreas en Argentina, con el (amargo) condimento de que alrededor del 40% se produjo en bosques protegidos por ley.

Paraguay, por su parte, padece un acelerado proceso de desmonte al haberse incorporado -como Bolivia- más tarde que los países agrícolas tradicionales al boom sojero y ganadero. Ese país de extensas selvas (el Chaco paraguayo) es hoy el cuarto mayor exportador mundial de soja y el octavo de carne vacuna, un proceso que vino de la mano de la destrucción de casi 44 mil hectáreas de bosques entre 1987 y 2012, según denunció en su momento la WWF (World Wildlife Foundation).

Agroquímicos para todos

Además de las altas tasas de deforestación, los europeos miran con mucho recelo el uso indiscriminado de agroquímicos en la producción agroindustrial del Mercosur. Mientras cada vez más naciones de la UE limitan o prohíben el uso del glifosato (Austria prohibió totalmente su uso a principios de este mes y Francia lo eliminará en 2022) las naciones agrícolas del sur de América han avanzado hacia un modelo agroindustrial totalmente químico dependiente.

En esta dimensión, el Brasil de Bolsonaro también se lleva la medalla de plomo ya que, según denunció Greenpeace el mes pasado, ese presidente “está inundando de veneno” ese país al haber autorizado 239 químicos para la agricultura desde el pasado 1 de enero, de los cuáles el 43 % es considerado como “extremadamente tóxico” y el 31 % no está aprobado en la Unión Europea.

En Argentina, el debate sobre el uso y abuso de agroquímicos es cotidiano y ya se ha traducido en numerosos fallos judiciales para limitar su uso e intentar bajar los niveles de conflictividad social que generan, como demuestra la “guerra civil” que opone a maestros, funcionarios judiciales y productores de Entre Ríos en estos días por la distancia a la cual se pueden fumigar los campos lindantes a las escuelas rurales.

Si bien no existen cifras oficiales sobre venta y consumo de esos insumos (lo cual es un grave problema en si mismo), se estima que cada año los productores agropecuarios vierten alrededor de 350 millones de litros sobre sus cultivos, una cifra que en 1990 era de apenas de 37 millones de litros según consta en un informe sobre el Senasa realizado por la Auditoría General de la Nación del año 2016.

Brasil, en el ojo de la tormenta

Hace apenas siete meses que Bolsonaro gobierna Brasil pero para muchos han sido los más desastrosos de la historia de la política ambiental brasileña ya que, según el investigador André Trigueiro, “hay un plan de desmantelamiento institucional, financiero y político de las políticas de defensa de la ecología”.

Esto implica el debilitamiento del ministerio de Medioambiente, que se quedó sin Agencia de Aguas, y el sometimiento del Servicio Forestal al ministerio de Agricultura.

Además el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, dijo que va a revisar el estatus de todas las Unidades de Conservación y que estudia la eliminación de las Reservas Legales, áreas protegidas que no pueden ser deforestadas dentro de las propiedades rurales que representan 167 millones de hectáreas, el 33% de toda la vegetación nativa de Brasil.

Esto llevó a que por primera vez los 8 ex ministros de Medioambiente de los gobiernos anteriores (desde Itamar Franco hasta Temer) se reunieran para denunciar “el riesgo real de deforestación del Amazonas”. “La gobernanza socioambiental de Brasil está siendo desmantelada contra lo que dicta la Constitución” escribieron en una carta que se hizo pública hace dos meses.

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