La quinta subasta de bienes se desarrollará el próximo 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario. Son 150 lotes entre vehículos, motos y otros bienes.
La subasta de bienes decomisados al delito se realizará en Rosario el próximo 16 de abril.
La subasta, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), forma parte de una estrategia que apunta a golpear las finanzas del delito y, al mismo tiempo, reconvertir esos activos en recursos con impacto social.
El carácter récord de esta convocatoria no es un hecho aislado, sino de una política que ganó interés con el correr del tiempo. En abril de 2024 se habían registrado unos 3.500 inscriptos, cifra que ascendió a cerca de 3.900 en septiembre de ese mismo año.
Ya en 2025, la participación se mantuvo en niveles elevados, con alrededor de 3.700 anotados en marzo y 3.910 en septiembre. En ese recorrido, los 5.411 inscriptos actuales representan el nivel más alto alcanzado desde la puesta en marcha de este sistema en la provincia.
En términos de resultados, las cuatro subastas anteriores ya permitieron recaudar más de 3.500 millones de pesos, fondos que luego son destinados a distintos fines públicos, en línea con el objetivo de transformar el perjuicio económico del delito en beneficio para la comunidad.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es un organismo autárquico creado en 2016 por la Ley Nº 13.579, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Tiene a su cargo la administración de los bienes y efectos secuestrados en causas judiciales por delitos o contravenciones, que pueden incluir desde autos y motos hasta celulares, computadoras o joyas. De acuerdo con la normativa, tanto los bienes como el dinero obtenido de su venta deben destinarse prioritariamente a fines de utilidad social, consolidando así una política pública que busca convertir el daño del delito en un beneficio concreto para la sociedad.