Ni narcos, ni delincuentes, ni policías corruptos: quiénes van presos por drogas

El 34% de las causas en los Juzgados Federales de Santa Fe se instruyen contra detenidos por posesión de estupefacientes para consumo personal. Qué pasa cuándo el Estado criminaliza sólo al último eslabón de la cadena.


Por Germán de los Santos

En su Nextel lo tenía agendado como “Speedy”, y ese apodo sólo respondía a una cosa: su rapidez. El sobrenombre no era por su agilidad física o su parecido al “ratón más veloz de México”, el personaje del dibujito de Warner Brothers, sino porque era rápido para los negocios oscuros. Lo peor es que A.D. era policía.

Al dueño del Nextel, que era un narco de Rosario que recién comenzaba en el rubro, “Speedy” lo tenía amenazado de que si no le “entregaba” a sus compradores lo detendría. También le daba droga secuestrada en otros operativos para que el muchacho la vendiera y le sacara otra vez el jugo.

El narco le pasaba el lugar y la hora que sus clientes iban a pasar a buscar la droga. El comisario iba y a los pocos metros los detenía. Llamaba a los medios y salía frente a las cámaras de TV contando que se había dado un golpe al narcotráfico.

Los que iban presos eran en su mayoría consumidores, que adquirían esos estupefacientes para consumo personal. Eran personas con problemas de adicción. No eran narcos como el policía, que era quien debía estar preso. Sino que los que iban a comprar su veneno tenían un problema de salud. Pero la llegada del Estado, el roce con un representante del gobierno era con un policía corrupto que extorsionaba al narco y detenía a los adictos que le compraban.

En un informe estadístico de la Procuración General de la Nación aparece este esquema de persecución del delito como algo en crecimiento en la provincia de Santa Fe, aunque la tendencia es a nivel nacional.

En 2018 se abrieron en los Juzgados Federales de la provincia 803 causas por tenencia para consumo personal de estupefacientes. Este número representó el 34 por ciento del total de expedientes que se abrieron en ese fuero. Es mucho más del doble de las causas iniciadas por el artículo 14 de la ley 23.737 que en 2017, cuando se tramitaron 302, algo que representaba el 14 por ciento de los expedientes vinculados con estupefacientes.

Las personas que son detenidas por “tenencia para consumo personal” están sólo unas horas presas. La ley prevé para ese tipo de casos una condena de 1 a 6 años, aunque aclara que “será de un mes a dos años cuando por escasa cantidad surgiere inequívocamente que la tenencia es para su uso personal”. Pero la mayoría de esas causas terminan con imputados sobreseídos por el llamado fallo Arriola.

En 2009, la Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de parte del artículo 14. El llamado fallo Arriola reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado. Tras este fallo se pensaba que se iba a cambiar la ley de estupefacientes, pero eso nunca ocurrió.

“El Estado gasta muchísimo dinero para nada”

Los resultados del último estudio de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) sobre adicciones son alarmantes. Según publicó el diario La Nación el domingo pasado, hay un crecimiento de consumo de sustancias duras. “Es conocido que la población argentina tiene una dimensión ocho veces inferior a la de los Estados Unidos, por lo que será allá muy superior el volumen del mercado ilegal de drogas. De todas maneras, la proporción de consumidores es similar: se registró un 1,9% de personas que inhalaron cocaína en el último año en los Estados Unidos y 1,6% en la Argentina, porcentaje alcanzado también por Uruguay. Muy diferente es el caso de otros países de la región, que no superan el 0,5% de consumidores de cocaína, como es la situación notificada por Brasil”.

El Estado gasta muchísimo dinero para nada. Muchas veces sirve para que policías ganen notoriedad, para que las estadísticas crezcan y para que el negocio oscuro, de complicidades y aprietes por parte de las fuerzas de seguridad permanezca intacto, además de que en la justicia se mueve el paquidérmico engranaje para casos que no prosperarán.

En estos casos, según coinciden la mayoría de los especialistas, no hay un problema de seguridad sino de salud. ¿Esa persona que tiene en muchos casos un problema de adicción tiene la posibilidad de tratarse? El rol del Estado sigue siendo frágil en esa materia y cómplice, a través de la policía, con el delito. El paradigma de criminalizar a los consumidores no ha cambiado. A lo largo de la última década, porque en 2011, en pleno apogeo kirchnerista, fueron detenidos en la provincia de Santa Fe 815 personas acusadas de tenencia para consumo personal. La cifra es algo mayor a la de 2018 y muestra que en el fondo las políticas de persecución de este tipo de delitos no ha cambiado.

Abordaje social

Lo que sí ocurrió es cierto despabilamiento por parte del Estado en Santa Fe en materia de mejorar algunas condiciones para abordar el problema, no sólo desde el punto de vista de la seguridad. En la gestión de Miguel Lifschitz se creó la Agencia de Prevención de Consumo y Tratamiento Integral de las Adicciones y la apuesta fuerte de parte del mandatario socialista fue el plan Nueva Oportunidad, que llegó a 13.000 jóvenes. Es una experiencia que comenzó en la Municipalidad de Rosario. El objetivo de este programa es no sólo la capacitación en oficios de jóvenes atravesados por distintas problemáticas sino también el tejer contacto y crear redes en barrios donde el Estado se había corrido.

A nivel federal también hubo un incremento y apuesta por algunas herramientas. Todo parece ser una gota de agua en el desierto. La mitad apuntó a Rosario, y en menor medida a la ciudad de Santa Fe.

Rosario fue la tercer ciudad en el país donde hubo mayor inversión de Sedronar en 2018. La primera fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la segunda La Matanza y tercera Rosario. La intervención de la Nación fue a través de dos herramientas.

Por un lado, el financiamiento a Comunidades Terapéuticas, que en Rosario pasaron de haber ocho a diez, en 2018, con un desembolso de 6.456.347 el año pasado. En la capital provincial hay cuatro Comunidades Terapéuticas. Pero el ajuste del gobierno nacional incidió en las partidas destinadas a los CT. Según la propia información de Sedronar, el año pasado hubo una baja del 30 por ciento de los asistidos y un recorte de fondos del 21 por ciento. Este dinero se usa para pagar becas a personas con problemas de adicción para tratamientos de rehabilitación.

La otra herramienta de Sedronar son las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), que son entidades de la sociedad civil que reciben subsidios del Estado para llevar adelante programas de abordaje de la adicción, con talleres de capacitación de oficios y grupos terapéuticos, entre otras cosas. En 2018, el Estado aportó 14.784.000 pesos para asistir a 5825 personas.

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