Las 12 mil fojas de Salta 2141, el hilo cortado en lo más delgado y la decepción

El inmenso dolor que atravesó a los familiares de la víctimas de Salta 2141 y en el resto de la comunidad al conocerse la sentencia que terminó por absolver a diez de los 11 acusados de la tragedia ocurrida el 6 de agosto de 2013, no se agota con el veredicto.


Por Claudio González

El fallo condenó a cuatro años de prisión efectiva al gasista Carlos Osvaldo García como único y exclusivo responsable de la tragedia y deja la sensación de la oportunidad desperdiciada para poner las cosas en su lugar, para avanzar hacia una sociedad más sería, más justa, más responsable.

En la opinión pública, que no mide con pruebas como el Poder Judicial, quedó flotando la idea del “perejil” que terminó sancionado o pagando por las 22 muertes, que el hilo se cortó “por lo más delgado”, cuando en todo el proceso se sustentó una visible escenario
previo negligente. Sin embargo el Tribunal evaluó que las pruebas que conectaron los hechos, los delitos y los imputados no eran suficientes para escalar en las condenas.

En parte, el fallo se justifica respecto a un giro sorpresivo en la estrategia que adoptó la Fiscalía: tres días antes de comenzar el juicio desistió de acusar a dos eslabones fundamentales, los primeros de esa “cadena negligente”, y que sostuvo como idea del caso durante más de seis años. Fue un baldazo de agua fría para la estrategia de la querella, que no compartió esa postura y solicitó que se los condene como al resto de los imputados. Una vez que se den a conocer los fundamentos, Fiscalía y querella anunciaron que apelarán el fallo.

Pasaron seis años y once meses, tres jueces, fiscales, 35 cuerpos con 12 mil fojas y otros tantos incidentes en el expediente de una causa judicial compleja, sensible. El martes a las dos de la tarde la jueza Marcela Canavesio, amparada por sus colegas, Carlos Leiva y Rodolfo Zavala, puso un cierre al proceso. Leyó durante poco más de media hora un fallo que provocó conmoción en el recinto, y enmudeció a las decenas de personas que lo escucharon a través de una pantalla gigante en la plazoleta del Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, en Virasoro y Mitre.

Después sobrevino la inmensa decepción, un río de gritos desgarradores, llantos, insultos desbocados contra el Poder Judicial, las sospechas de corrupción en torno a un proceso manoseado. No era para menos, es y será indignante que la peor tragedia en la historia de la ciudad, con 22 víctimas y un trasfondo de tremendas desprolijidades en los controles e inspecciones sobre la instalación de gas del edificio concluya con la condena sobre una sola persona (justificada durante el debate) como único responsable. Pero el
sistema acusatorio penal se apoya en pruebas que, según el Tribunal, no alcanzaron para imponer castigo a los otros 10 personas que fueron llevadas al banquillo.

La parte resolutiva del fallo estuvo cargada de citas conocidas en el ámbito penal, y que generalmente anticipan una decisión que puede resultar antipática para alguna de las partes. “Debe considerarse tan injusta la absolución de un culpable como la condena
de un inocente”, indicó Canavesio en un tramo de su alocución. También aclaró que el Tribunal “no era ajeno la conmoción” que provocó el hecho, y que entendían “el dolor de la víctimas”.

Luego repasó un aspecto no menos importante. Dijo: “dentro de la cadena de responsabilidades se ha prescindido de algunos eslabones”. Y que se habían detectado “contradicciones en la parte acusatoria”, que hizo “una errónea valoración de los testigos”, con un “insuficiente sustento jurídico penal”.

El juicio oral y público era lo que necesitaban los sobrevivientes y familiares de las víctimas, por lo que lucharon durante más de seis años y en el que depositaron esperanzas de un fallo ejemplar. En realidad, gran parte de la sociedad observó el caso como una oportunidad para que se sancionara la impericia, la negligencia de personas que tienen a cargo la seguridad de miles de ciudadanos. Lease Litoral Gas a través de los empleados y los administradores.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), en representación de los intereses de la comunidad, apuntaló la hipótesis de la cadena negligente hilvanada por los 11 imputados que llegaron a juicio. Pero tres días antes de comenzar el debate solicitó la absolución
del gasista José Luis Allala y al reclamista de Litoral Gas Gerardo Bolaño. Podrían ser otros nombres propios, no se trata de exponerlos, pero fueron ellos los primeros que, según la acusación, iniciaron la secuencia culposa. ¿Por qué pedir la absolución?
Nadie entendió demasiado, aunque se argumentó que el trabajo hecho por ellos estaba dentro de las normas. Contradictorio. Primer nexo de causalidad cortado. Pero no así para la querella, con un rol preponderante en los procesos penales en Santa Fe, que igualmente solicitó que se los condenara a cinco años de prisión efectiva como al resto de los acusados.

Primer y clave eslabón

Bolaños concurrió a Salta 2141 el 25 de julio por el reclamo que había hecho un día antes una vecina del 9º piso por problemas en servicio. El operario constató las pérdidas en el gabinete y cortó el suministro. Pero además hizo una marca amarilla en la vereda y solicitó vía mail a la secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad una intervención “urgente” para colocar una válvula de corte desde la red pública a la domiciliaria. Después desistió porque el problema se había subsanado. ¿Qué riesgo inminente constató el operario? Muchos vecinos estaban al tanto de que el gabinete era precario (30 años de antigüedad), tenía poco mantenimiento y sus cañerías herrumbradas. Este aspecto clave se ventiló claramente en el juicio.

Por esos días se advertía un escenario de inminente peligro que Litoral Gas no observó. En un acta el empleado dejó asentado que el servicio debía ser rehabilitado con “gasista matriculado”.

Un cepo y un informe completo

Entonces, el 26 de julio intervino Allala, quien admitió que accionó la llave de corte de la red pública a la privada, pero que no sabía que sólo debía manipularla personal del Litoral Gas. En la instrucción declaró que jamás la empresa le había entregado manual de
procedimientos. El gasista explicó que debía cambiar el regulador, pero como era muy viejo y no se conseguía un repuesto hizo una adaptación rudimentaria de “dos codos y un niple”. Además, al cortar el servicio y por reglamentación técnica, Bolaños debió colocar
un cepo inviolable, algo que no hizo y permitió que Allala abriera y cerrara la válvula.

Esto es central en la responsabilidad de Litoral Gas en cabeza de sus empleados, porque es el momento en el que comienza a gestarse la “cadena de omisiones y negligencias”. Más aún, al otro día de ese trabajo, el 26 de julio, los inspectores Guillermo Oller y Luis Curaba reconectaron el gas sin hacer un chequeo exhaustivo de las instalaciones. Sólo constataron que se había solucionado la pérdida. Según la acusación, se apartaron del anexo 27 del contrato de transferencia de la concesión del servicio, donde está estipulado que sólo se debe reconectar el servicio “en condiciones de seguridad”.

En realidad, debieron chequear departamento por departamento y cortar el servicio hasta que se readecuara toda la instalación, pero apenas verificaron con agua jabonosa que no persistiera la fuga.

Subestimaron el problema

Los empleados, según la Fiscalía, no corroboraron correctamente la intervención de Allala, no efectuaron un control integral de las instalaciones, y rehabilitaron sin informe técnico del gasista (se retiró antes de que llegaran y no detalló en un formulario las
características de arreglo), omitieron revisar los artefactos de los departamentos y rehabilitaron el servicio con un solo regulador, cuando en realidad la norma exige dos para edificios con más de cinco medidores.

Esta situación quedó reforzada con un informe del Enargás (Ente Nacional Regulador del Gas), donde se deja constancia que Litoral Gas “omitió realizar una verificación integral para determinar la aptitud técnica de la instalación. El dictamen destaca que cuando
el vecino del 9º piso realizó el reclamo “no se investigó la tipología originaria del reclamo”, no se notificó al reclamante lo que se hizo, y Allala no llenó el formulario Nº 35 -tampoco se lo exigieron- donde debía dejar constancia de los materiales que utilizó y las pruebas efectuadas.

Según el organismo nacional, cuando Litoral Gas intervino el 26 de julio para reconectar el servicio, lo único que se hizo fue “una prueba de estanqueidad” (fuga) con solución jabonosa, pero omitieron realizar una inspección rigurosa y seria para determinar la aptitud técnica de la instalación.

A Guillermo Tonucci, como jefe de mantenimiento de redes de la firma y superior de los tres empleados citados anteriormente, por su función jerárquica le correspondía llevar controles y monitorear cada caso. Lo imputaron por no instruir a los inspectores sobre
los protocolos, no supervisar los trabajos de sus subalternos, y por no contar con un croquis del gabinete donde se produjo la fuga.

El 2 de agosto de 2013, la última intervención de la empresa en el edificio siniestrado, el inspector Curaba dio por terminada la fiscalización. “Se verificó sin pérdida, orden de trabajo archivada”, escribió el empleado en una orden de trabajo. Ese trámite se lo había solicitado un superior, aunque no está claro si fue Tonucci.

2 horas 25 minutos

Sobre el rol de Viviana Leegstra, la gerenta técnica de Litoral Gas, la acusación se centró principalmente en los 2.25 minutos
que fluyó el gas luego de la tremenda explosión. Le endilgaron no tener un plan de contingencia para cortarlo en menor tiempo,
lo cual hubiese permitido el trabajo de rescatistas y bomberos. La mujer declaró en el juicio que si lo hacía antes iba a dejar a 300 mil personas sin gas. Un despropósito que despertó la indignación de la querella y familiares de las víctimas.

De hecho, los médicos forenses que declararon en el juicio determinaron que al menos tres víctimas murieron asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono. El Enargás describió una “grosera demora” al analizar esa falencia de la empresa.

Salta 2141
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Sobre el rol de los administradores Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli, está claro que no velaron por la seguridad de las personas a cargo. Avalaron la presencia de Allala, también la de García, y les endilgan no escuchar los reclamos previos de los
vecinos (hay correos electrónicos que así lo certifican), como no respetar las normativa vigente al momento de realizar trámites ante Litoral Gas. Es más, algunos residentes del edificio declararon que tras una reunión de consorcio celebrada el 2 de agosto, Cavillo les sugirió que no llamaran a la empresa.

El fallo diluyó la instrucción

Todavía no se conocen los fundamentos del fallo, pero un análisis preliminar de las consideraciones vertidas por el Tribunal y las constancias volcadas durante el juicio, alcanzan para dar cuenta de que García no fue el único responsable de un hecho con un escenario previo deplorable.

No se puede diluir el trabajo de los tres jueces que instruyeron la causa desde el 7 de agosto. Carlos Curto, luego su par Javier Beltramone (recusado el 18 de agosto de 2013 cuando anunció que investigaría a Litoral Gas), y por último la jueza Irma Patricia
Bilotta, que dictó el sólido y encadenado procesamiento de los 11 imputados.

Vale recordar un tramo textual de esa resolución de febrero de 2014, esclarecedor y simple: “Si el suministro de gas no hubiera sido rehabilitado el 26 de julio por Litoral Gas, el evento no habría ocurrido, no habría habido ni fuga de gas, ni explosión, ni incendio
con el resultado que actualmente lamentamos. Esa cadena de omisiones y acciones negligentes e imprudentes, contrarias a la normativa, facilitaron la intervención de Carlos García, que el 6 de agosto de 2013, mientras procedía al cambio del regulador del edificio, produjera una importante fuga de gas, posterior explosión e incendio del edificio de Salta 2141 con el resultado fatal conocido”.

Una vez dados a conocer los fundamentos, la querella y la Fiscalía ya anunciaron que apelarán, oportunidad en la que un Tribunal de alzada revisará la sentencia. Tal vez en esa instancia se pueda fortalecer la hipótesis de la cadena negligente. Hay víctimas, hay
personas conectadas con los delitos. Existe “nexo de causalidad”. Sería una buena oportunidad para reforzar la hipótesis, demostrar y exponer ante otros jueces revisores que no siempre el hilo debería cortarse por lo más delgado.

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