Los eslabones de la cadena de negligencias que se ventila en el juicio de Salta 2141

Cinco empleados de Litoral Gas, tres administradores y un gasista, los imputados por la peor tragedia que ha vivido la ciudad de Rosario.


Transcurrido el primer tramo del juicio por la tragedia de calle Salta 2141, las estrategias de las partes quedaron bien definidas. La Fiscalía acusa a los 11 imputados por formar una cadena negligente que desembocó en el siniestro. Y las defensas, cada una a su modo, trata de deslindar responsabilidades.

La del gasista Carlos García, el principal acusado del siniestro que dejó un saldo 22 muertos tras la explosión por fuga de gas, lo ubica como el último y más visible actor de esa secuencia que, según la hipótesis oficial, se gestó con el deficiente control del Litoral Gas días previos al accidente. Para los abogados de la firma que representan a tres inspectores y dos gerentes que están sentados en el banquillo de los acusados su actuación estuvo acorde a los protocolos, y apuntan a García como el único responsable, porque trabajó a espaldas de la reglamentación, de manera clandestina.

Los tres administradores del edificio, a quienes se les atribuye omitir sus funciones de cuidado, dicen que cumplieron con sus obligaciones. Las estrategias dirán si esos eslabones, a priori algunos más fuertes y otros más débiles, logran mantenerse unidos o se cortan ante la interpretación de las pruebas que haga el Tribunal cuando tenga que dar a conocer el veredicto.

El debate

No hay demasiado movimiento en los alrededores del Centro de Justicia Penal (CJP). Apenas unas pancartas y el trajinar de familiares de las víctimas de la peor tragedia que vivió Rosario aquel 6 de agosto de 2013 a las 9.38, cuando el estruendo conmovió los cimientos de la ciudad.

Allí, en la sala 2 del flamante edificio de Mitre y Virasoro y tras más de seis años, desde el 8 de mayo un Tribunal escucha y pondera las pruebas del juicio en el que se busca determinar las responsabilidades penales de un expediente caratulado  bajo la figura de “estrago culposo agravado por el resultado muerte”.

Los imputados durante la instrucción que llegaron a juicio son 11. Hasta ellos pudo escalar e hilvanar responsabilidades penales la jueza Irma Patricia Bilotta, cuando en febrero de 2014 los procesó bajo los parámetros del sistema escrito.

Ellos son Carlos Osvaldo García, el hombre que el día del accidente intentaba cambiar un regulador del gabinete de gas cuando se produjo la fuga; su ayudante, Carlos Miño; Gerardo Luis Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba, inspectores de Litoral Gas que realizaron distintas inspecciones previas en el edificio.

Junto a ellos son enjuiciados Guillermo Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa; Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de la firma; Carlos Repupill, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer, administradores del edificio; y José Luis Allala, el gasista que dos semanas antes realizó trabajos en las instalaciones de gas del condominio.

Tareas previas y un primer eslabón

Sobre este último se da una especial situación en el marco del juicio. Allala fue convocado por los administradores el 24 de julio. Según la fiscal Graciela Argüelles, cambió dos niple y un codo de la cañería el 26 de julio y llamó a Litoral Gas para que reconectaran el servicio. Sin embargo, no informó a los inspectores de esos cambios. Emerge con un primer indicio de las omisiones.

Pero sin embargo antes de comenzar el debate, la Fiscalía solicitó la absolución para ese gasista, y para el reclamista Gerardo Bolaño, que intervino en el edificio el 25 de julio, detectó pérdidas y se comunicó con su superior (Tonucci) para que lo autorizara a cortar el gas.

Además, al declarar en el juicio, admitió que hizo una marca amarilla en la vereda ante el supuesto caso de que hubiera que cambiar la válvula. Luego intervino Allala, hizo los arreglos y se reconectó el servicio. Pero según la querella y los argumentos vertidos en el  procesamiento,  ese era el momento en el cual se debió  interrumpir el gas para realizar una tarea integral sobre la instalación del edificio.

Según Litoral Gas, luego de la intervención de ese gasista una cuadrilla constató que no había más pérdidas y reconectó el servicio. Ese es un punto medular en la secuencia fatídica, porque según evidencias testimoniales que obran en la causa, las instalaciones eran tan precarias y rudimentarias que en ese momento debió interrumpirse el servicio para una arreglo defintivo. Pero no se hizo.

El rol del Enargás

En ese sentido, el apoderado legal del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), confirmó durante su declaración en el juicio que Litoral Gas fue sancionado con una multa millonaria de 6,5 millones de pesos por distintas faltas cometidas antes y después del accidente. Y recalcó que la concesionaria  “no dio adecuado tratamiento” al reclamo de la vecina que alertó de las fallas 12 días antes de la explosión.

El ex interventor del Enargas, Antonio Pronsato, declaró el jueves y confirmó esa situación. Dijo que el organismo detectó “faltas” en el proceso de rehabilitación del gas los días previos. Ante el Tribunal explicó que no se dejó constancia (en los formularios 3-4 y 3-5)  de haber solucionado el problema que advirtió la vecina el 24 de julio, y que la empresa tampoco presentó los “certificados de calidad” de las piezas que se habían cambiado en esa oportunidad, y tampoco se inspeccionaron los departamentos.

Pronsato aclaró que no había constancia formales de que el gasista García hubiera pedido permiso a Litoral Gas para trabajar el 6 de agosto. Y que los administradores lo contrataron sin el consentimiento de distribuidora. “Si las normas se hubieran cumplido, este hecho no hubiese ocurrido”, remarcó Pronsato. Aunque aclaró que esas faltas detectadas a la firma, “no se condicen con la explosión” que causó la tragedia.

“Se detectó una fuga y el edificio puede explotar”

A estas evidencias se puede conectar las declaraciones de Mariela Bozzo, la vecina que hizo el reclamo ese 24 de julio. Luego de que Allala trabajara en el gabinete, la mujer llamó a Litoral Gas para pedir explicaciones de lo que ocurría. Una telefonista de la empresa la atendió y le respondió con énfasis: “señorita, se detectó una fuga y el edificio puede explotar”.

Bozzo contó que ella misma escuchó al gasista decir mientras trabajaba en el vereda “esto está todo atado con alambre”. Florencia Batilana, otra sobreviviente que vivía en el 7º piso contó algo similar, cuando Allala advirtió que los caños estaban oxidados lo escuchó decir que estaba “todo hecho mierda”.

Antes del incio del juicio, Aire Digital accedió a testimonios reveladores de vecinos de Salta 2141 que bajaron al gabinete de la instalación de gas durante los reclamos previos. “Estaban los caños todos oxidados, negros, muy precarios, era una peligro, una bomba de tiempo que finalmente estalló”, coincidieron y narraron con extrema crudeza.

Clandestino, mal hecho

Para defender su tarea, el gerente Tonucci, uno de los once imputados, también declaró el jueves y dijo que ningún empleado de Litoral Gas estaba al tanto de las tareas que iba a realizar García. Que su trabajo fue “clandestino”, “mal hecho”, y que no hubo “ninguna autorización”.

En la secuencia de la intervención previa rememoró que el reclamista Bolaños concurrió al edificio el 25 de julio ante el reclamo de la vecina, cuando advirtió una pequeña fuga en la válvula de bloqueo del gabinete. Infiere que es probable que merecía ser cambiada y hace la marca amarilla en la vereda para que la empresa contratista tuviera referencia dónde romper.

Dijo también que ese trabajo debía hacerlo un gasista matriculado (a la postre Allala), y Bolaño llamó a una cuadrilla para cerrar la válvula para interrumpir el servicio, lo cual concretó. Luego, tras las intervención del gasista, Litoral Gas es informado el 26 de julio que se hizo la reparación, se verificó que no había pérdidas y se restableció el servicio.

A ese testimonio se plegó el de Leegstra, la gerenta técnica también acusada. En su alegato, indicó que el servicio había sido correctamente reconectado, que la válvula de bloqueo de gas no estaba rota el día del cambio de regulador. Según esa postura, el origen de la tragedia fue “la manifiesta negligencia de un gasista que actuó a espaldas de Litoral Gas”.

La profesional defendió el trabajo de los inspectores a su cargo, y sorprendió al aseverar que la tarea de Allala “estuvo bien realizada”.  

García fue contratado por los administradores del edificio tras una reunión de consorcio realizada el 2 de agosto. El hombre se presentó como profesional matriculado y ante los vecinos explicó que debía cambiar el regulador de gas para solucionar los problema de presión. Y que contaba con autorización de Litoral Gas para proceder.

Momento fatal

El gasista pidió la palabra el lunes ante los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala. En esa instancia recordó cómo procedió el 6 de agosto en Salta 2141. Recordó que lo primero que hizo fue cerrar la llave del regulador hasta que hizo tope, y después subió hasta el 8º piso para verificar si se había cortado el flujo de gas, pero detectó que sólo había disminuido.

Luego bajó a la zona de medidores y confirmó que no se había interrumpido totalmente. Volvió a la cabina del regulador con la intención de hacer un venteo, donde quiso aflojar las “uniones dobles” en la parte superior del regulador.

“Cuando llevo las herramientas veo que estaba apretada de una forma muy flojita. La saco, se desarma y me voy hacia atrás con la cañería. Después todo el lugar se llenó de polvo, me dejó ciego, y me aturdió un zumbido. Decidí salir para pedir auxilio”, narró  el gasista sobre el momento clave previo a la explosión.

Además indicó que  “nunca” llegó tocar el regulador de gas, porque cuando intentó ventear la cañería, “se desarmaron las uniones, se descolgó la cañería” y se produjo la incontenible fuga de gas.

Explicó que al ser contratado por los administradores se dirigió a Litoral Gas, donde un inspector le dijo que podía realizar el trabajo. “Vos sos matriculado, andá, cerrá la llave y cambialo”, recordó el gasista que le contestó el empleado.

Durante el alegato de apertura, su abogado Hugo Buffarini, trató de ubicarlo en el lugar más débil, el último actor, el más visible de la secuencia fatal. Dijo que cuando García fue a las oficinas de Litoral Gas a pedir autorización “se fue con las manos vacías”.

A García le fue mal, no porque hizo las cosas mal, sino porque estaba en el lugar equivocado”, planteó Buffarini sobre la cadena negligente que comenzó “mucho antes” de que el gasista entrara en escena.

Refirió que la tragedia comenzó a plasmarse cuando Litoral Gas comenzó a “achicar personal y evitar gastos superfluos”, y que la empresa dejaba a los gasistas “expuestos” a incumplimientos normativos.

Los tres administradores acusados  Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli también se proclaman inocentes. Calvillo hizo uso de su derecho a declarar, se mostró sorprendida por la acusación, y que no se apartaron de la normativa que regula a los consorcios, aspecto que reforzó su abogado Víctor Corvalán.

Acciones y omisiones

En el alegato de apertura, la fiscal Argüelles fue clara y concreta: sostuvo que el punto de partida de una serie de acciones y omisiones crearon una situación de peligro con el resultado conocido. Según esa idea del caso, la rehabilitación del gas el 26 de julio fue lo que generó luego otra “conducta antirreglamentaria” de los administradores del consorcio y del gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño.

La fiscal y el abogado del único querellante que tiene la causa, en representación de la familia de la víctima Débora Gianángelo, pidieron 5 años de prisión efectiva para los acusados, a excepción de Allala y Bolanios para los cuales se solicitó la absolución.

La querella no comparte esa postura, y pidió que también se los condene por la misma pena, como parte de la secuencia de responsabilidades. Las defensas piden absoluciones. El hecho fue conmocionante pero además disparó un amplio debate en torno a las medidas de seguridad, controles y requisitos del servicio de la red de gas en Rosario.

Los familiares de las víctimas insisten en este punto y ponen al Enargás como un actor principal para controlar la actuaciones de la concesionario del servicio. En todos estos años persiguieron el objetivo de que se generen medidas de seguridad concretas para evitar estas catástrofes.

Los posiciones en el juicio está bien definidas. Ahora resta conocer la ponderación que hará el Tribunal de las pruebas, para luego determinar las fortalezas o debilidades de los eslabones de la cadena de negligencia. El juicio continúa esta semana con la declaración de unos 30 testigos.

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