Fernando Martín Rodrigo, el fiscal que se burló del sistema y ordenó escuchas a su ex pareja

A casi dos años del escándalo, el ex fiscal Fernando Rodrigo fue imputado por los delitos de peculado del trabajo y servicios públicos, falsedad ideológica y de uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario. Durante casi un año intervino doce líneas telefónicas de su ex novia, amigas, entorno y familiares de la joven. Engañó a jueces e invocó causas falsas para filtrar los números de teléfono en los oficios.


Por Claudio González

Fernando Martín Rodrigo tiene 37 años. A principios de 2014 cuando se implementó el nuevo sistema penal era una de las caras visibles de la unidad de Violencia de Género primero y de Investigación y Juicio de la delegación Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por sus manos pasaron causas resonantes, como el desbaratamiento de una banda que se dedicaba al robo de camionetas Toyota Hilux en Rosario, y de desarmaderos ilegales con venta de autopartes robadas.

Pero su carrera se derrumbó estrepitosamente hace casi dos años cuando un empleado de la Fiscalía descubrió accidentalmente que había ordenado escuchas telefónicas sobre una ex pareja, pasantes del organismo y el entorno familiar de estas, aparentemente sólo bajo la motivación de intereses personales, despecho amoroso o sentimental. Le hacía firmar a los jueces las órdenes de las intervenciones telefónicas bajo el argumento de que se trataba de sospechosos de pesquisas a su cargo. Un disparate que dejó estupefacto al Poder Judicial, y expuso el costado flaco sobre la asignación de recursos humanos dentro de la estructura del MPA. 

Hace una semana y luego de un proceso con idas vueltas, la fiscal Natalia Benvenutto imputó a Rodrigo como autor de los delitos de “peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad Ideológica y uso de instrumento público, agravado por su calidad de funcionario público. El trámite se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario (CJP) bajo garantía del juez penal Pablo Pinto, que avaló el encuadre legal y ordenó que el acusado siga transitando el proceso en libertad.

En agosto de 2017 el affaire Rodrigo provocó un tembladeral en el Poder Judicial. Era la comidilla de empleados, fiscales, jueces y abogados. Es que el funcionario era una de las “figuritas” del sistema acusatorio, y tenía una activa participación en ámbitos académicos. Encabezó la Asociación de Fiscales de Santa Fe, y su estatus de abogado encumbrado y una carrera en ascenso lo llevó a participar de charlas y congresos. 

Al momento del escándalo se desempeñaba en la Unidad de Investigación y Juicio, y aparecía en los medios con frecuencia porque tenía en su manos la investigación de algunos casos resonantes. Com la banda que se dedicaba a sustraer pick ups Toyota Hilux, y que logró desbaratar con éxito. En mayo de 2014 durante el IV Congreso de Abogados Penalistas organizado por el Colegio de Abogados de Rosario participó de un panel cuyo título era “Las agresiones sexuales en el contexto de la violencia de género”. Toda una paradoja por lo que se contará luego.

Aparecía como un fiscal de mano dura, sin contemplación para atacar la delincuencia. Enérgico y sólido en sus acusaciones, pero también cuestionado.

No perdonó ni al mendigo

Antes de ser fiscal de Investigación y Juicio, Rodrigo tuvo un primer paso por la oficina de Violencia de Género. En ese rol, fue criticado porque desestimaba, mandaba al archivo o giraba a la fuero civil decenas de denuncias que merecían abordaje inmediato. Fernanda S., una mujer que sufrió violencia de género, lo denunció por incumplimiento de deberes y pidió su renuncia porque nunca investigó su caso.

Otros dos episodios moldearon ese perfil de “fiscal duro”. En marzo de 2017 se cruzó en los pasillos con un hombre que lo increpó porque había mandado a su hermano a una celda de castigo. Rodrigó lo denunció y el hombre terminó preso 35 días. 

Una de las más visibles y cuestionadas intervenciones fue en un caso social que ni siquiera  merecía el gasto de recursos del Poder Judicial. Imputó a un hombre en situación de calle porque ingresó a una vivienda abandonada para protegerse del frío. Según el fiscal, había intentado hurtar un inodoro y pidió la prisión preventiva efectiva. Argumento que como no tenía domicilio fijo, no podía notificarlo. 

Un juez hizo lugar al argumento y mandó tras las rejas al ciruja, que hacía diez años vivía en la calle. Después de un mes y medio preso, un defensor pidió revisar la medida, la Cámara Penal revirtió la insólita decisión de primera instancia y ordenó la inmediata libertad del acusado. Esa situación expuso públicamente a Rodrigo, y despertó críticas incluso entre sus colegas.

A pique

El 4 de agosto de 2017 Rodrigo fue denunciado por un empleado de su oficina por ordenar escuchas telefónicas irregulares a una ex novia (empleada del MPA) y a su entorno, filtrando los números en al menos cuatro investigaciones que llevaba adelante. El joven repasó el listado de números que figuraba en un oficio remitido al organismo nacional que intercepta los teléfonos, y uno de ellos le pareció muy familiar. Lo cotejó con el de la ex pareja de Rodrigo y advirtió la maniobra.

Entre los usuarios de los teléfonos intervenidos figuraban la joven (había sido pasante en la fiscalía), sus padres, hermanos y amistades. Tres de las víctimas eran abogadas y dos habían trabajado con él en el despacho. Ninguna estaba relacionada con las causas que invocó para pedir las escuchas. Las solicitudes de intervención de mensajes de texto y conversaciones se concretaron respecto de doce teléfonos y a lo largo de casi un año, entre el 25 de agosto de 2016 y el 28 de julio de 2017.

El disparatado accionar del funcionario fue elevado a la auditora general interna del MPA, María Cecilia Vranicich, que ordenó una investigación para la cual designó a la fiscal, Natalia Benvenuto, entonces en Cañada de Gómez. 

La funcionaria pidió una serie de medidas, como allanamientos, requisas en el despacho de Rodrigo, en su domicilio, en el de su madre y en su auto. En esa instancia se recuperaron los 183 discos con las escuchas que Rodrigo en persona buscaba en 

la delegación local del organismo nacional que las concreta. Nunca delegó esa tarea.

El ex fiscal se burló reiteradamente del sistema. Porque las maniobras indefectiblemente lo obligaba a involucrar una cadena de recursos institucionales, como autorizaciones judiciales, oficios a organismos y a empresas privadas de telefonía celular. 

De inmediato el fiscal fue apartado de las causas a su cargo y tramitó una licencia psiquiátrica. A los pocos días y en medio del estupor, el fiscal regional (hoy provincial) Jorge Baclini resolvió suspenderlo, y Rodrigo presentó su renuncia.

Hermética

A pesar del cimbronazo público de ese entonces, la causa atravesó idas y vueltas procesales, y quedó sumida en el hermetismo. Es más, Rodrigo no fue imputado por los graves delitos cometidos. Tiene una explicación. Según el criterio de la fiscal Benvenuto los delitos achacados eran de interés federal (telecomunicaciones), y giró la causa al fuero nacional. 

Sin embargo la jueza María Romilda Servini de Cubría se declaró incompetente y devolvió el expediente. Cuando llegó otra vez a Rosario, se generó otra audiencia para debatir ese conflicto. El juez Hernán Postma consideró que la causa era federal. Esa discrepancia está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expidió.

Lo cierto es que a dos años del hecho, la semana pasada se formalizó la audiencia imputativa de Rodrigo, que su defensa pidió suspender hasta tanto se expida la Corte. Para Benvenuto era necesario formalizar el acto para que el ex fiscal quede notificado de la acusación y pueda ejercer su defensa. El juez Pablo Pinto consideró que la discusión por la competencia no puede interrumpir el avance de la investigación y avaló el desarrollo de la audiencia. Rodrigo estuvo presente en la sala, sentado en el banquillo de los acusados. Una imagen fuerte, una mancha para la estructura del MPA, que igualmente está plagada de empleados probos y honrados que motorizan el eficiente sistema penal oral que rige en la provincia .

La fiscalía imputó a Rodrigo los delitos de “peculado del trabajo y servicios públicos”, figura que contempla penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta al funcionario. También le achacaron la falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario.

Engañó a todos

Con el descabellado objetivo de escuchar a su ex novia y el entorno, confeccionó solicitudes de escuchas y de mensajes de textos que remitió con su firma y sello a jueces que cayeron en la trampa. A uno de los escritos le asignó un número de legajo real, pero con otro delito. También invocó causas por venta ilegal de autopartes como pretexto, y hasta argumentaba los pedidos con informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), algunos auténticos y otros totalmente falsos.

Una a una las intervenciones fueron autorizadas por jueces que oficiaron a la Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco). En total se secuestraron escuchas grabadas en 78 CDs y otra en 105 discos.  Los casos más graves y flagrantes de violación a la intimidad de las personas se concretaron cuando el 25 de agosto de 2016 Rodrigo requirió a la jueza Patricia Bilotta una intervención por 30 días a los teléfonos de su ex pareja J.G. así como a dos amigos de la mujer y a otra persona. Fue en una causa calificada como “NN sobre robo calificado”.

Luego, el 3 de abril de 2017 requirió más escuchas en una causa sobre venta de autopartes de dudosa procedencia. El argumento ante el juez Carlos Leiva era que se trataba de un delito que “involucra a bandas y organizaciones criminales”. Y renovó las escuchas a J., sus dos amigos, su padre, y otra amiga.

El 21 de junio del mismo año hizo lo mismo al invocar ante el juez Hernán Postma que investigaba desarmaderos de autos. En esa instancia logró siete intervenciones sobre el entorno de la joven, y otra empleada pasante de la unidad fiscal. El último pedido lo concretó el 31 de julio de 2017. Ante el juez Luis María Caterina insistió con la pesquisa de los desarmaderos. Así obtuvo nuevas intervenciones por 30 días sobre seis de los números. Cuando el caso salió a la luz en agosto de 2017, las intervenciones seguían vigentes. Pero de inmediato el juez Juan Andrés Donnola ordenó que cesaran. Fue el final de la vertiginosa, disparatada y despechada carrera del fiscal que burló al sistema para escuchar a su ex y el entorno.

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