En el Senado, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, presentó un proyecto para “blindar” estos espacios mediante una ley que impida su clausura por decisiones unilaterales. En paralelo, trascendió en el ámbito parlamentario que en la Cámara de Diputados, distintos bloques opositores impulsan una iniciativa similar, con el objetivo de establecer garantías institucionales sobre el acceso de la prensa y la libertad de expresión.
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Ante la falta de convocatoria formal de la comisión de Libertad de Expresión —presidida por el oficialista Guillermo Montenegro—, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda realizaron una reunión con periodistas afectados, entidades y medios.
El encuentro fue impulsado por Nicolás Trotta, vicepresidente de la comisión, quien advirtió: “Este Congreso no puede hacerse el distraído”. Durante la actividad, la diputada Sabrina Selva sostuvo que “no alcanza con repudiar” y planteó la necesidad de avanzar en un proyecto legislativo que obligue a todos los bloques a fijar posición.
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El conflicto se desarrolló además en un contexto de creciente tensión entre el presidente y la prensa. Menos de 24 horas antes del encuentro en Diputados, Milei había asistido al Congreso para presenciar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ingresar y retirarse del recinto increpó a periodistas con insultos. En ese escenario, la discusión sobre el cierre de la sala de prensa escaló al plano parlamentario, donde la oposición busca instalar el debate y avanzar en una respuesta institucional frente a una medida que considera de gravedad.
En paralelo, en ámbitos políticos de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a circular versiones sobre una posible reapertura de la sala de periodistas de la Casa Rosada el próximo lunes. Sin embargo, más allá de esos trascendidos, entre los cronistas parlamentarios y trabajadores de prensa se mantiene como eje central el reclamo para que el acceso y funcionamiento de estos espacios en los poderes del Estado queden resguardados por ley, como garantía frente a decisiones de carácter discrecional.
