La ONU le pidió explicaciones a Macri sobre presuntas manipulaciones del Poder Judicial
Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
El relator acusó a la administración de Mauricio Macri de haber llevado a cabo un "plan sistemático y estructural" para amedrentar al Poder Judicial. En su informe, repasó "presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura", órgano que supervisa la labor de los jueces.
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García Sayán también observó "la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo".
Además, señala que se organizaron "campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones", advierte el informe.
Punto por punto
Uno de los casos hace referencia a las supuestas interferencias que se habrían cometido desde el Gobierno, como la "manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino". Refieren aquí al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y a los ataques contra la fiscal que interviene en el caso en el expediente comercial, Gabriela Boquin.
El relator de Naciones Unidas también hizo referencia a los ataques de los que habría sido víctima el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal en el Estado en el que estarían involucrados funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.
Además, mencionó la supuesta persecución que sufrió la exprocuradora general de la nación (exjefa de los fiscales) Alejandra Gils Carbó; aludió a "ataques a jueces y abogados del fuero laboral"; y consideró ilegales la "designación del juez Carlos Mahíques en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, y la del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones”.
El Consejo de la Magistratura habría manipulado la competencia electoral en el Poder Judicial, por ejemplo, a través de la supuesta subrogación ilegal del magistrado Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires, añade el relator.
Los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales ordenada por el Gobierno en 2016 también "fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento", añadió García Sayán.