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El gobierno argumentó que la norma vigente generaba incertidumbre jurídica, frenaba inversiones y que la reforma era una forma de compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental bajo criterios técnicos más claros.
Las posturas
Quienes respaldaron la reforma la presentaron como un paso necesario para respetar la autonomía provincial sobre sus recursos naturales y dinamizar economías regionales, destacando el potencial de proyectos productivos que podrían generarse con un marco regulatorio más claro.
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No obstante, la oposición, científicos y organizaciones ambientalistas cuestionaron la iniciativa durante todo el debate, advirtiendo que la modificación podría reducir las protecciones ambientales que la ley original brindaba desde 2010, dejando expuestas a cuencas hídricas estratégicas y ecosistemas frágiles. Para estos sectores, la reforma no solo debilitaba la protección de recursos de agua dulce, sino que además sentaba un precedente preocupante para otras leyes ambientales.
Finalmente, la votación tuvo , y con ello la reforma a la Ley de Glaciares tiene media sanción. Para el oficialismo fue un triunfo clave de su agenda de reordenamiento regulatorio y apertura al desarrollo productivo; para la oposición, la votación marcó el inicio de nuevos desafíos legales y políticos en defensa de la protección ambiental.
