El interbloque Unidos se opone a la reforma por decreto de la Ley de Inteligencia Nacional
El gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Inteligencia por un decreto de necesidad y urgencia. Unidos reclama que el tema debe ser tratado en el Congreso.
La exgobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, preside el interbloque Unidos en el Congreso de la Nación.
Según el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, se autoriza a los organismos de inteligencia a pedir apoyo técnico o logístico de las fuerzas de seguridad, para detener a personas que sean encontradas cometiendo delitos flagrantes.
De todos modos, el texto advierte que la SIDE no podrá "cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, ni realizar tareas represivas.
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Desde el interbloque Unidos, en el Congreso de la Nación, rechazaron el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo: "No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún, cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU. Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución".
Cambios en la SIDE: la postura de Unidos
Según un comunicado difundido por el interbloque que preside la santafesina Gisela Scaglia -exgobernadora de la provincia-, "el decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener 'carácter encubierto', ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario".
"Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta", añadió Unidos.
Y remarcó: "El DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias. Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde. Es decir,: en el Parlamento, a la vista de la sociedad".
"La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado", finalizó el interbloque, que conforman Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
El DNU deberá ser analizado por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo del Congreso.
