El Gobierno recortó $67 millones de los programas contra la violencia de género
La organizaciones presentaron además un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, quien invocó facultades extraordinarias para reducir las partidas asignadas en el Presupuesto 2017 al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género.
De esta manera el gobierno de Macri dejó sin efecto el presupuesto para el área debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado.
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Según las asociaciones denunciantes el proyecto original de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017 no incluía una partida destinada al PNA, que requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del gobierno de Macri el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba encuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo.
Finalmente el Presupuesto aprobado el 3 de noviembre pasado incorporó una asignación adicional de 20 millones de pesos al CNM (pasó de los $96.500.250 originales a $116.500.250) al tiempo que se agregó una línea presupuestaria adicional específica para las acciones contempladas en el PNA por la suma de 47 millones de pesos.
Son precisamente estos 67 millones de pesos que se lograron conseguir durante el debate del Presupuesto y que no estaban previstos originalmente por el gobierno de Macri, los que ahora volvió a quitarles Peña. Dieron para después sacárselos.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma ilegítima.
Para las denunciantes “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.
Fuente Minuto 1