La regulación de los cuidacoches en Santa Fe entró en una etapa definitoria. Ayer miércoles, funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron en el Senado su postura en una reunión clave, en la previa del tratamiento previsto para este jueves.
En diálogo con Luis Mino, por AIRE, en el programa Ahora Vengo, el ministro de Seguridad,Pablo Cococcioni, expuso los principales reparos del Gobierno provincial. Allí planteó dos ejes centrales: evitar una prohibición uniforme y priorizar una respuesta operativa inmediata por sobre el proceso judicial.
La postura del Gobierno: intervención rápida y sin sobrecargar el sistema penal
“No podemos tener una posición unitaria válida para las 365 localidades de la provincia”, sostuvo, al explicar que la realidad de los cuidacoches varía según cada ciudad.
En esa línea, remarcó que “la regulación primaria del espacio urbano corresponde en primer lugar a los municipios” y advirtió que una prohibición general podría generar conflictos con gobiernos locales que hoy regulan o permiten la actividad.
El Gobierno propone que la sanción se active solo cuando exista una prohibición local previa.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno propone que la sanción se active solo cuando exista una prohibición local previa. “La falta no es cuidar coches, es infringir la prohibición local”, sintetizó.
Evitar que intervenga la Justicia penal
Otro de los planteos centrales del Ejecutivo apunta a no recargar el sistema judicial con este tipo de casos.
“Tenemos prácticamente 200 fiscales en la provincia y hay un orden de prioridad: homicidios, violaciones, crimen organizado. Cuando llegamos al tema de los cuidacoches, no es una actividad priorizable comparada con un delito”, explicó Cococcioni.
En ese sentido, fue explícito: “No usemos el aparato judicial para esto”, y propuso que sean los municipios los que impulsen las actuaciones contravencionales.
También descartó la posibilidad de un esquema centrado en detenciones: “No vamos a ponernos a hacer la cárcel de los trapitos ”.
Sanciones y límites del sistema
El proyecto del Gobierno establece como sanción principal el trabajo comunitario de 2 a 10 días, con arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. Además, prevé penas similares cuando exista organización de la actividad.
aclaró que la sanción de arresto dentro del esquema que impulsa el Gobierno no constituye el eje central de la respuesta, sino una instancia excepcional. “De manera excepcional se prevé la posibilidad de arresto para el caso de reiterancia o reincidencia”, señaló, y remarcó que “la sanción primaria creo que estaba establecida en la de trabajo comunitario”. En ese sentido, buscó despejar interpretaciones sobre un enfoque punitivo generalizado.
El proyecto del Gobierno establece como sanción principal el trabajo comunitario de 2 a 10 días, con arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia.
En la misma línea, el funcionario relativizó la aplicación efectiva de este tipo de medidas y su impacto en el sistema penal. “La sanción, digamos, no sería la detención, porque implicaría un juicio ”, explicó, al tiempo que advirtió que en la práctica estos casos no suelen avanzar. “Hoy no tengo ni uno que esté preso por contravención. Están todos por delito”, afirmó, marcando las prioridades del sistema judicial y penitenciario.
Además, Cococcioni descartó de plano la posibilidad de que la normativa derive en un esquema de encarcelamiento para cuidacoches. “No vamos a ponernos a hacer la cárcel de los trapitos”, sostuvo, y precisó que, en caso de aplicarse, las medidas de arresto serían de corta duración: “Si hay arresto se cumplirá en una comisaría”, ya que “son medidas de corta duración” que deben mantenerse separadas de personas detenidas por delitos penales.
También relativizó la efectividad de las sanciones económicas: “A un trapito le vas a cobrar una multa... no es un grupo social al cual le vas a poder cobrar una pena pecuniaria”.
Un problema social con impacto en la seguridad
El ministro insistió en que la problemática no puede abordarse solo desde la seguridad. “Esto no es originariamente un problema de seguridad, es un problema de regulación urbana que tiene una proyección en la seguridad”, afirmó.
